Las principales asociaciones de consumidores se desmarcan de la propuesta de desvincular el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz, de la cotización horaria del mercado mayorista de electricidad, al que está directamente indexado el coste de la energía, sustituyendo esa referencia por una cesta de indicadores “más estable” a costa de una mayor prima de riesgo para el usuario, como ha planteado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La propuesta reduciría el coste político de tener cada día los récords del mercado mayorista en todos los medios, ante un final de año muy complicado por la actual coyuntura de precios del gas y el CO2, y se traduciría en un recibo menos volátil, pero también más caro. Esta medida la apoyan las grandes compañías eléctricas y la vicepresidenta tercera se ha mostrado abierta a adoptarla.
En su última comparecencia en el Congreso, Ribera indicó que en su departamento son “sensibles” a una demanda, dijo, “planteada por las asociaciones de consumidores, que es regular de nuevo esa tarifa PVPC reduciendo su dependencia de un mercado volátil, como es el mercado mayorista, e integrando en parte una cesta de indicadores más estables que permitan mantenernos en horquillas de precios mucho más estables, menos volátiles”.
“Simplemente será importante recordar, como ocurre con la tarifa libre, que esta mayor seguridad supone que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad y, por tanto, que hay que ser cautos con respecto a cuáles son los indicadores a los que se indexa y en qué momento se produce esta modificación. Como digo, estamos abiertos a hacerlo porque creemos que es una petición, que merece toda la atención y el respeto, procedente de las organizaciones de consumidores”, advirtió Ribera.
El Ministerio no precisa qué asociaciones lo han pedido. Las dos más importantes de España, Facua y la OCU, se desmarcan de esta propuesta. “No lo hemos pedido nunca”, dicen fuentes de Facua, que presentó en agosto un decálogo de medidas entre las que figuran un sistema de precios máximos para hidráulica y nuclear –Ribera lo rechaza por ser contrario a la normativa europea–; una tarifa social, una rebaja permanente del IVA, la creación de una empresa pública de energía que asuma las concesiones hidroeléctricas, una auditoría del sistema eléctrico o una bajada sustancial del término de potencia.
Facua, que cerró 2020 con más de 246.000 asociados individuales, según su última memoria anual, también reclama reestructurar el sistema de tramos horarios implantado en junio adelantando la hora valle a las 10 de la noche en los días laborables.
Por su parte, desde OCU también se desmarcan de esa propuesta de desvincular el PVPC del pool. “Nosotros nunca hemos pedido eso”, dice su portavoz, Enrique García, que advierte de que el sistema que se plantea “se parece mucho” a las subastas trimestrales que estuvieron vigentes hasta 2014 para fijar la tarifa regulada e insta a “no cometer errores que en el pasado llevaron a la anulación de ese sistema”. “Esto vuelve a obviar el problema principal: que los consumidores paguen por la luz lo que realmente cuesta”, dice García, que cree que para evitar “los beneficios llovidos del cielo que trae consigo el sistema marginalista” de fijación de precios, hay “mecanismos suficientes para establecer mecanismos post mercado”.
La OCU, que cerró 2020 con más de 227.000 socios, se remite al decálogo de medidas que ha presentado recientemente para abaratar la luz: rebaja permanente del IVA, supresión del Impuesto Eléctrico, “más control para frenar las manipulaciones del mercado”, “pagar la energía al precio que de verdad cuesta producirla, revisando la fijación de precios mayorista”, “mejorar la transparencia en las tarifas”, “bono social más sencillo y accesible” o “fomentar la competencia” reduciendo el poder de los grandes grupos.
“Reforma urgente”
Esta semana, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, insistía en reclamar una “reforma urgente” del PVPC porque tal y como está diseñado, “traslada totalmente el precio del mercado mayorista” al consumidor con el consiguiente “escándalo mediático”. “El problema”, apuntaba el consejero delegado de Endesa, José Bogas, es que el PVPC “está ligado al precio mayorista”. Ambos citaron el “ejemplo” de Portugal: con el mismo pool que España, “los clientes portugueses no están preocupados” por estos récords porque “tienen una tarifa anual que se formó antes y no les ha afectado” esta escalada.
En España hay una tarifa regulada anual desde 2014 como alternativa al PVPC, pero es la más cara de todas, apenas se utiliza y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido suprimirla.
La reforma del PVPC figura entre las medidas que estudia el Gobierno para hacer frente a la histórica subida del pool a través de un “plan de choque” que aprobará el próximo Consejo de Ministros, según anunció este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Entre las medidas que se contemplan está prorrogar las rebajas fiscales ya en vigor hasta la primavera y rebajar el impuesto a la Electricidad, que grava el recibo con el 5,11% y está cedido a las comunidades autónomas; lanzar subastas que obliguen a las grandes eléctricas a ceder parte de su energía; un mayor control del desembalse de las presas hidroeléctricas y un suministro mínimo vital para los hogares más vulnerables.
Este viernes, el conocido como pool va a superar por primera vez en la historia los 150 euros por megavatio hora (MWh), con la energía hidroeléctrica aprovechando para marcar el precio en la mayoría de los días en la subasta diaria, como ya sucedió en agosto, y tras la parada fortuita de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), propiedad de Iberdrola, que ha agravado más si cabe el efecto en España de la espiral inflacionista que viven desde hace semanas los mercados mayoristas eléctricos europeos por los sucesivos récords en la cotización del gas natural y los derechos de emisión.
Un reciente informe del Banco de España señalaba que la traslación de estas subidas ha sido “particularmente elevada” en España, por la particularidad del PVPC, pero también subrayaba que los sistemas que referencian la tarifa doméstica directamente a la cotización de la energía, como el español y otros como el de Estonia o Suecia, son más volátiles, pero “permiten que los consumidores interioricen en mayor medida las señales proporcionadas por los precios, adaptando su patrón de consumo en consonancia”, ahorran a los usuarios la prima de riesgo que implica un precio fijo y “tienden a dotar al mercado de una mayor transparencia y permitir una gestión más eficiente de la demanda”.
El sistema actual se puso en marcha en 2014, tras otro pico de precios que se saldó con una multa de la CNMC a Iberdrola por manipular el mercado eléctrico –la eléctrica acabó imputada en la Audiencia Nacional y el procedimiento sigue abierto casi ocho años después–. El PVPC sustituyó a las denominadas subastas Cesur, que la OCU insta a no recuperar. En ellas participaban empresas eléctricas, entidades financieras, brokers y traders, y arrojaron un importante sobrecoste para el consumidor que se cifró en unos 2.000 millones de euros entre 2008 y 2013, por la prima de riesgo que comportaba pagar un precio fijo cada tres meses por la energía que iban a suministrar las comercializadoras de último recurso (CUR).