El caos del Fogasa desmiente a Báñez: el organismo aún acumula miles de expedientes atrasados
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) dice haber resuelto el colapso de expedientes. Fue la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que hizo esta afirmación durante una sesión del control del Gobierno en el Congreso el 10 de diciembre. Entonces, el Ministerio presumió de haber solucionado a la empresa pública Tragsatec, mediante una encomienda de gestión, un atasco que saturaba el organismo e impedía a miles de trabajadores cobrar.
Las cifras, sin embargo, desmienten a la ministra: según los cálculos de los propios trabajadores, el Fogasa acumula actualmente al menos 100.000 expedientes sin resolver, más un número importante de reclamaciones ocasionadas por la deficiente gestión de Tragsatec, criticada incluso por el Tribunal de Cuentas.
A finales de 2013, Empleo aprobó la externalización de la bolsa de expedientes atrasados a Tragsatec. El Tribunal de Cuentas señalaba en su informe que finalmente el Fogasa, el fondo que abona las nóminas e indemnizaciones de los trabajadores de empresas en quiebra, remitió 148.260 expedientes a esa sociedad estatal. Según la información aportada por Báñez, a finales de octubre, cuando concluyó la encomienda de gestión a Tragsatec, se pagaron 113.081 expedientes. La empresa pública habría dejado, por tanto, unos 35.000 sin resolver. “No tenemos información oficial sobre qué ha hecho Tragsa. Todo indica que se han dejado expedientes sin resolver, pero Empleo no da datos”, dicen fuentes sindicales.
A esa cifra se suman los expedientes que las oficinas del Fogasa, saturadas, han sido incapaces de atender durante 2014. No hay información al respecto, pero los trabajadores cifran esa bolsa en cerca de 100.000 expedientes. La mayoría se concentra en Madrid, Barcelona y Valencia. “En estas tres oficinas se acumulan fácilmente 60.000 casos”, señalan. Los empleados del organismo lidian también con las reclamaciones que, aseguran, han aumentado tras la labor de Tragsatec. “En la oficina de Madrid tenemos cerca de 400 expedientes reclamados solo de uno o dos meses”, dice un trabajador.
Un portavoz del Ministerio de Empleo niega por completo esta situación. “No hay atasco. No hay que confundir la bolsa de atrasos con los expedientes que se van gestionando, y no hay acumulación. El Fogasa está al día dentro de lo que cabe en su situación y con el margen de que hay de tres meses para pagar”.
Errores y expedientes denegados
Fuentes internas del organismo ofrecen una versión completamente distinta. “Hay mucha gente a la que le faltaba algún documento para completar su expediente y lo aportaban al tiempo. Nos traían esa información y nosotros se la enviábamos a Tragsa. Hay una serie de expedientes en los que el plazo para presentar documentación aún estaba abierto, pero Tragsa les denegaba su petición directamente, por confusión o porque ya acababa la encomienda de gestión y tenían que cerrar muchos expedientes. Por eso hay gente que ha recibido una resolución diciendo que se deniega su petición por falta de documentación, aunque es probable que muchos de ellos en realidad tuvieran derecho a resolución favorable”, resume un trabajador.
El abogado Antonio Valenciano, presidente de la Asociación para la Defensa Efectiva del Trabajador, asegura que acumula al menos una docena de casos en los que se ha producido una denegación injustificada. Uno de ellos afecta a diez trabajadores de la misma empresa: el Fogasa ha aprobado los expedientes de nueve de ellos, mientras que a una trabajadora se lo ha denegado, a pesar de que todos están exactamente en las mismas circunstancias. No solo eso, una consulta a su expediente en la web del Fogasa permite ver que está aprobado. “Resolución aprobatoria de la prestación”, dice un mensaje bajo su nombre. “Es una situación muy grave, da la sensación de que Tragsa ha querido cerrar expedientes a toda costa para conseguir unos efectos estadísticos y políticos”, denuncia Valenciano.
El portavoz del Ministerio de Empleo asegura que las reclamaciones no han aumentado. “Tragsa en ningún caso ha pagado expedientes, solo los ha preparado”, señala. Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas en su informe de 2013 sobre el Fogasa afirmaba que existían indicios de que el personal de Tragsatec se “extralimita” en sus funciones y que llevó a cabo tareas que vulneran “la legalidad vigente”, como instruir expedientes. Es más, el organismo fiscalizador apuntaba que todos los casos resueltos por la empresa pública podrían acabar en “una declaración de nulidad”.
Por el despacho del abogado laboralista Ernest Hernández también pasan decenas de expedientes denegados. “Desde que encomendaron la labor a Tragsatec, el servicio se ha resentido. En muchas ocasiones te deniegan el expediente porque dicen que no cumple con el artículo 7 de la ley, pero sin especificar con cuál de sus siete apartados. Te ves abocado a demandar en lo Social y cuando llegas al juicio te encuentras en una situación de auténtica indefensión porque es allí cuando te dan las razones”, explica.
Los trabajadores del Fogasa y abogados consultados aseguran que también ha sucedido lo contrario y que el organismo ha hecho en muchas ocasiones pagos incorrectos: “Hay expedientes que se han pagado por duplicado, otros en los que se han pagado cantidades muy superiores a las debidas. Esto es un pozo negro”.
