La Justicia puede dar un vuelco a una de las guerras empresariales más duras que ha vivido España en los últimos años: la propiedad de El Corte Inglés. El juzgado numero 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de María Antonia Álvarez, hermana de Isidoro Álvarez y madre del dimisionario Dimas Gimeno, contra el proceso de adopción que el fallecido presidente de la compañía de centros comerciales hizo con Marta y Cristina Álvarez Guil y la madre de estas, María Josefa Guil Navarro.
La demanda argumenta que “las adoptadas no habían convivido nunca con el adoptante, pues como hemos referido, D. Isidoro seguía pernoctando en la vivienda de su progenitora incluso después de casarse para que ésta no lo descubriera, hecho este que imposibilitaba la adopción legal de las mismas según la regulación del Código Civil anterior al año 2003, y que motivó que D. Ramón Hermosilla organizara
una cobertura legal al efecto haciendo creer al Juez (a través de cuatro testimonios) que las hijas habían convivido con el adoptante antes de los 14 años“.
Para probar la irregularidad de proceso de adopción, el escrito que ha admitido el juez aporta profusa documentación para acreditar que en el “momento de la adopción, no sólo ambas eran mayores de edad, contaban Doña Marta con 38 años y Doña Cristina con 40 años, si no que se encontraban las dos demandadas casadas con sus respectivos cónyuges y con dos hijos cada una, siendo independientes económicamente, careciendo con ello del legítimo interés que la institución de la adopción conlleva consigo, probando la evidente irregularidad y vulneración de normas imperativas y prohibiciones legales con que se llevó a cabo el procedimiento adoptivo”.
Pero además, la denuncia rebate uno de los argumentos que siempre han utilizado las hermanas para defender el proceso de adopción. Cuatro testigos declararon entonces que las las hermanas Marta y Cristina habían convivido con el entonces presidente del El Corte Inglés cuando eran menores de edad. En este caso, uno de los testigos declara que “el procedimiento de adopción fue tejido en base a irregularidades tan graves como el hecho de que los cuatro testigos vertieran falso testimonio en el acto del juicio, testimonio guiado, programado y conducido por el letrado D. Ramón Hermosilla, todo ello encaminado a que el Juez creyera que las adoptadas habían convivido con su adoptante más de un año con anterioridad a cumplir los catorce años de edad, requisito de obligado cumplimiento para las adopciones de mayores de edad que recogía el Código Civil en su regulación vigente en el año 2003 cuando tuvo lugar el Auto declarando la adopción”.
Antes de su admisión la demanda de nulidad de la adopción por contravención de norma imperativa y de ley tuvo un extraño recorrido que la ha llevado desde el juzgado número 10 hasta el tribunal número 27, el mismo que aprobó el expediente de adopción, para volver otra vez, con protesta previa al Consejo General del Poder Judicial, ante los magistrados del juzgado número 10
La admisión de la demanda llega cuando todas las cartas parecían sonreír a las hermanas, una vez que Dimas Gimeno había sido destituido como presidente de la compañía tras una fuerte pugna en el consejo de administración. El pasado 26 de agosto, Gimeno admitía finalmente su derrota tras aceptar su salida del consejo de forma amistosa a cambio de una indemnización que, fuentes conocedoras del proceso, podría ser de 8 millones de euros.
Guerra entre las familias propietarias
La guerra entre las familias comienza tras la muerte de Isidoro Álvarez, cuando Dimas Gimeno pasa a ser nombrado presidente ejecutivo de la compañía por voluntad de su tío mientras las hermanas entraban como miembros del consejo de administración y patronas de la Fundación Ramón Areces, elemento fundamental en la lucha por el poder ya que, con el 37,39% de la compañía, es su principal accionista.
Las hermanas son hijas naturales de Alfonso del Rey, conocido como Alfonso Camorra, y María Josefa Guil , propietarios de la terraza El Riscal. En la herencia las hermanas adoptadas Álvarez Guil recibieron el 70% de IASA mientras que los hermanos de Isidoro Álvarez, María Antonia y César, y su sobrino, Dimás Gimeno, obtuvieron el 30% restante. IASA tiene una participación del 22% en El Corte Inglés, lo que se traduce en que las hermanas controlen un 15% de la empresa mientras que Gimeno, su madre y su tío se repartan un 3%, un 2% y otro 2%, respectivamente.
En una junta de IASA, las hermanas con el apoyo del presidente de la Fundación Ramón Areces, Florencio Lasaga, representante de un grupo de directivos históricos conocido como el clan de los navarros, deciden hacer una reducción del capital de la compañía para pasar de 140 millones de valor en libros a 50.000 euros e impedir que los hermanos de Isidoro Álvarez y su sobrino cobren dividendos. El movimiento no es baladí ya que al no ser familiares directos no gozan de la exención de los impuestos por la herencia, es decir: Dimas Gimeno le debe a Hacienda 40 millones y su madre y su tío, 27 millones, respectivamente.
La falta de recursos para financiar el pago dejan en una situación de franca debilidad a esta línea de la familia, que se amplía cuando las hermanas utilizan su peso en el consejo de administración para eliminar el poder ejecutivo de la presidencia de Gimeno con el nombramiento de dos consejeros delegados: Víctor Del Pozo, para el negocio de los grandes almacenes, y Jesús Nuño de la Rosa, que se ocupará de las áreas corporativas y de las filiales del grupo. Nuño de la Rosa sería nombrado presidente de la compañía tras la destitución de Gimeno.
Demandas pendientes
No es la única demanda que tiene enfrentados en los juzgados a ambas familias. Por un lado, María Antonia Álvarez presentó el pasado 20 de julio en los juzgados de Plaza de Castilla un escrito y dos pendrives que supuestamente contienen confesiones de dos altos directivos de El Corte Inglés sobre “delitos y actuaciones ilegales en diferentes hechos pertenecientes a la herencia de Isidoro Álvarez” que ya habían sido denunciados ante otros juzgados.
Esta última denuncia se formula contra dos de los hombres con más poder en El Corte Inglés, los consejeros Florencio Lasaga, y Carlos Anselmo Martínez Echeverría, personas de la máxima confianza de Isidoro Álvarez.
La hermana del expresidente aporta esas memorias informáticas con dos audios con supuestas conversaciones entre Lasaga y Martínez Echeverría -que según la denuncia contienen autoinculpaciones en delitos relacionados con el reparto de la fortuna de Isidoro Álvarez- “dentro de un sobre blanco sin remitente ni remite” en el buzón de su casa, un chalé en la calle Agatha Christie, una lujosa urbanización en La Moraleja, a las afueras de la capital. El primero de esos anónimos le llegó según dijo el pasado 29 de mayo. Y el segundo el 14 de junio.
Además María Antonia Álvarez y su hermano César también decidieron llevar, con solo un día de diferencia, una demanda al juzgado número siete de lo mercantil y al número uno de lo mercantil de Madrid, respectivamente, en las que impugnan el acuerdo de la junta que decidió la reducción del capital de IASA. Ambas demandas fueron admitidas a trámite.
Hay dos versiones respecto al cambio del capital de la sociedad de valores. En el entorno de las hermanas se asegura que los albaceas de Isidoro Álvarez: el abogado Ramón Hermosilla; el secretario del consejo de El Corte Inglés, Antonio Hernández-Gil, y el consejero Carlos Martínez Echevarría, recomendaron la reducción y que contó con el visto bueno de la junta de IASA.
Desde la otra parte se recuerdan las “sólidas relaciones” entre los albaceas y las hermanas a la vez que se asegura que no fueron informados de la medida ni participaron en la supuesta junta, donde, según su versión, los participantes deciden que Gimeno y sus familiares solo tienen derecho a heredar las acciones de El Corte Inglés. Nada de los inmuebles ni de las inversiones en fondos que tenía Isidoro Álvarez en la sociedad, una fortuna, que según El Confidencial, gestionaba UBS.
No fue el único movimiento que ha provocado que la madre de Dimas Gimeno lleve a las hermanas Alvarez Guil a los tribunales Se interpuso una tercera demanda el pasado mes de marzo, esta vez civil, en el juzgado número 27 de Madrid. El motivo de la denuncia es la reducción de 10 a cinco millones de euros que Isidoro Álvarez le había legado a su hermana como herencia.
La reducción de la cuantía se justifica por una carta mecanografiada datada el 20 de agosto de 2014 (Isidoro Álvarez fallece el 14 de septiembre de ese año) con la rebaja de la cuantía a cinco millones firmada por Isidoro Álvarez y con un documento notarial que avala su validez. Sin embargo, en la demanda presentada se argumenta la falta de validez ya que este tipo de modificaciones solo puede ser producida mediante un documento ológrafo, es decir, que esté totalmente escrito de puño y letra por el testador.