La ayuda humanitaria se vendía como “la mejor marca España” en la época de la bonanza bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero con la crisis el sector ha sufrido recortes de un 90% y se centra en el beneficio de “unos pocos”, según uno de los responsables de gestionar proyectos de cooperación de dinero español en el exterior.
El colectivo de cooperantes en el exterior nació en 2008 y contaba con un presupuesto anual de 3.000 millones de euros, que se redujo en 2012 a poco más de 200 millones de euros. Las consecuencias de estos recortes motivan la huelga de los cooperantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) de este 8 de septiembre, de ámbito internacional y apoyada por el PSOE.
La mala gestión de recursos humanos dentro del colectivo de Responsables de Programas de los proyectos de la Agencia el extranjero ha llevado a sus trabajadores a una situación extrema. Desde la Asociación denuncian la débil política de cooperación para el desarrollo en España, que tras 26 años desde su incorporación al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, continúa sin ser capaz de aplicar los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia, aseguran.
“El gran mal empezó con la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014, que hizo un barrido de los funcionarios de categoría C –los de nivel inferior– y se enfocó en el beneficio de directivos. Una ley extremadamente sesgada y xenófoba que sí concede beneficios a directivos en materia de incentivos a la conciliación, sanidad y opción a la nacionalidad de sus cónyuges”, explica Javier Sastre, coordinador de cooperantes en el exterior de CSIF.
Desde 2009, “los salarios permanecen congelados y los empleados no perciben las indemnizaciones que corresponden a cualquier trabajador en el exterior por la pérdida de calidad de vida y poder adquisitivo. La fluctuación de divisas al euro genera, en algunos casos, mermas de hasta el 60% respecto a su valor en 2008”, denuncia la Asociación.
Mientras tanto, “se duplican y hasta triplican los sueldos de diplomáticos, embajadores y cancilleres”, explica Julián Egea, responsable de programas de cooperación. “A nosotros nos pagan una serie de complementos de ayuda económica por las condiciones de vida que son de risa. Me ceden 500 euros para el alquiler de vivienda, cuando una casa en Honduras cuesta 1.500. Los directivos, embajadores o cancilleres van con vivienda, escuela y seguridad pagadas, sumado a sus más que holgados sueldos”.
El colectivo demanda una aplicación fiel del Real Decreto 6/1995 de regulación de retribuciones de funcionarios destinados en el extranjero.
El artículo 4 del Real Decreto provee el módulo de equiparación del poder adquisitivo, que “paliará los efectos de los tipos de cambio y las diferencias de los niveles de precios entre los países de destino y España” y de compensación de la disminución de la calidad de vida. Además, el artículo 6 concede indemnizaciones para la conciliación familiar, especialmente enfocadas en los daños en la vida escolar de hijos de empleados en el exterior.
Hace unos años, se encargó a una empresa privada que realizase un estudio del nivel de vida de los cooperantes exteriores que determinó la urgencia de un incremento de sus sueldos para poder hacer frente a sus condiciones. “Al Estado no le pareció conveniente darnos viviendas e indemnizaciones y despidió a la empresa”, según Egea. “Es imposible que con un sueldo de 1.300 euros pague vivienda en países con semejante inflación”.
Otro aspecto que afecta a la vulnerabilidad de este colectivo es el tipo de contratación. “Los cooperantes solo pueden optar a contratos temporales de los uno o dos años que dure el proyecto. Después, su estabilidad económica depende de poder acceder a otro proyecto que renueve esta precaria situación”, algo que no pasa con los funcionarios administrativos destinados en territorio español.
A esto se suma la retirada de billetes de avión anuales a España, con la que “muchos cooperantes se han visto desterrados y han roto lazos con España por no poder visitar frecuentemente su país”, añade Sastre. Hasta 2012, cualquier empleado de la Administración General del Estado en el exterior recibía pagos anuales para la compra de billetes de avión a España para visitas a familiares y amigos. El recorte de estos incentivos “ha impactado más crudamente en el colectivo, por la misma precariedad económica”, aseguran desde la Asociación.
Por otra parte, a los cooperantes no se les aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a los residentes en el extranjero. Ellos pagan impuestos en España, pero no disfrutan de los beneficios del resto de contribuyentes.
A los daños económicos, se suman daños colaterales a los miembros familiares de estos trabajadores. El constante desplazamiento geográfico dificulta el desarrollo profesional de cónyuges y la vida escolar de los hijos, lo que afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral.
La situación se agrava cuando las parejas de los cooperantes no tienen nacionalidad española; a pesar de trabajar para el Estado Español, sus parejas no pueden acceder a la nacionalidad. “Los cónyuges de los cooperantes no pueden obtener la nacionalidad española por no residir en España, por lo que cualquier tratamiento médico que en otras circunstancias cubriría la Seguridad Social, ha de salir de sus bolsillos. Algo que no ocurre con diplomáticos y demás personal directivo”.