“Preocupa la incertidumbre política y eso tiene efectos negativos, no a corto plazo, pero es evidente que empieza a haber una paralización progresiva de toma de decisiones en materia de inversiones”, advirtió el presidente del BBVA, Francisco González, el 24 de enero en Davos (Suiza). “La incertidumbre política no ayuda a la economía”, corroboraba cuatro días después la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín. Tras las elecciones generales del 20 de diciembre, el poder económico ha cerrado filas para que se forme Gobierno cuanto antes. Pero uno de los pioneros en esta advertencia fue El Corte Inglés.
Aunque no suele prodigarse en declaraciones políticas, el emblemático grupo lanzó un discreto aviso en esa línea antes incluso de que se abrieran las urnas, cuando todas las encuestas vaticinaban ya un Congreso muy fragmentado. La advertencia se publicó en la tarde del 17 de diciembre en la web del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), tras la aprobación de una emisión de pagarés de El Corte Inglés por un máximo de 300 millones de euros.
En el folleto informativo de esa operación, primera del gigante de los grandes almacenes en un mercado de valores en España, el grupo de distribución enumera los riesgos generales relacionados con la emisión. Y en primer lugar figuran los ligados a “las circunstancias económicas y políticas”. El documento, con fecha 15 de diciembre, fue aprobado por el consejo de administración de El Corte Inglés cinco días antes. La versión disponible en la web de Bolsas y Mercados Españoles (BME) se modificó por última vez a primera hora del 16 de diciembre.
“La actividad del Grupo se concentra principalmente en España y, en menor medida, en Portugal. Estando la rentabilidad y el crecimiento del Grupo en parte ligados a la evolución de la coyuntura económica española, si la economía española no continúa mejorando o se estanca o contrae en línea con años anteriores, la actividad del Grupo podría sufrir efectos negativos. Además de la situación económica española actual, la incertidumbre política también podría afectar al Grupo”, explica el gigante de los grandes almacenes en el folleto.
El documento reconoce que el grupo “puede verse afectado materialmente por cambios en las condiciones económicas y los ciclos económicos desfavorables de los mercados en los que opera”, principalmente España y Portugal, “afecten a la confianza, al poder adquisitivo y al gasto de los consumidores, incluyendo el gasto discrecional”. Y hace una nada velada alusión a una posible subida de impuestos: “En concreto, las condiciones económicas que afectan a la renta disponible de los consumidores, como condiciones empresariales, cambios en el mercado de la vivienda, disponibilidad de crédito al consumo, nivel del impuesto sobre la renta, impuestos indirectos (incluyendo IVA) y costes de combustible y energía, podrían reducir también el gasto general de los consumidores y afectar negativamente a la actividad”.
El Corte Inglés, miembro (como Santander y BBVA) del Consejo Empresarial de la Competitividad, el lobby de grandes empresas paralelo a la patronal CEOE, señala en ese documento que sus resultados “se ven afectados por el clima macroeconómico y político imperante, los niveles de deuda soberana y déficit fiscal, la liquidez y disponibilidad de crédito, el desempleo, los ingresos disponibles reales, los salarios, incluyendo cualquier incremento de costes como resultado de la inflación en el coste de las nóminas o actuaciones de la Administración para incrementar el salario mínimo o las contribuciones a los planes de pensiones así como alteraciones en los tipos de interés, la confianza de los consumidores y la percepción de las condiciones económicas”.
Cubrirse las espaldas
Citar los riesgos macroeconómicos en una emisión de valores es práctica común en casi todos los folletos de renta fija y variable. Con ello, los emisores tratan de cubrirse las espaldas de cara a posibles reclamaciones futuras si hay problemas. Incluirlos es lógico en un sector como la distribución, un termómetro de la economía que en 2015 vivió su mejor ejercicio en ocho años, con un crecimiento anual de las ventas del comercio minorista del 3,6%, según publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado jueves.
En el caso de El Corte Inglés, el aviso es no obstante significativo, por la empresa en cuestión, las fechas, el contexto económico y político y los precedentes. En noviembre de 2013, el grupo realizó en Irlanda la primera emisión de bonos de su historia y el folleto no hacía ninguna alusión a la situación política en España, cuyo PIB crecía entonces un exiguo 0,1% (frente al 3,5% actual). La prima de riesgo de la deuda pública española no bajaba de los 230 puntos básicos. Ahora ronda los 120.
El grupo que preside Dimas Gimeno, que en julio de 2014, todavía bajo la presidencia de Isidoro Álvarez (fallecido dos meses después), fichó como adjunto a la presidencia a Manuel Pizarro (expresidente de Endesa y exnúmero 2 del PP por Madrid) por su experiencia en los mercados de capitales, recuerda en el folleto que sus activos inmobiliarios, valorados en 2014 por la tasadora Tinsa en 15.800 millones de euros, “representan un porcentaje significativo del valor del grupo” y subraya que su valoración está sujeta a “determinados riesgos, muchos de los cuales no están bajo el control del grupo”.
Entre ellos, “reformas legislativas y regulación administrativa (por ejemplo, en relación con urbanismo e impuestos sobre bienes inmuebles)” y “un incremento de los costes de explotación debido a la inflación y otros factores como los gastos por seguros, servicios públicos, impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos estatales y locales e incremento de los costes de seguridad y limpieza”. El Corte Inglés también tiene una notable dependencia de los contratos de las Administraciones españolas. Este aspecto no se menciona en el folleto.