El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, tiene una cita este lunes en el número 52 de la Gran Vía de Madrid, sede del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de la capital. El máximo ejecutivo del gigante de los grandes almacenes está citado como testigo en el proceso abierto por Corporación Ceslar, SL, accionista del grupo (tiene un 9%) que impugnó la expulsión de su representante, Carlota Areces, del consejo de administración en agosto de 2015.
La vista en el juzgado, a pocos metros de los emblemáticos centros de El Corte Inglés en la plaza de Callao y la calle Preciados, arranca a las 10 de la mañana y en principio, tiene carácter público, aunque el titular del juzgado, Carlos Nieto, puede declarar reservadas las declaraciones si así lo pide alguna de las partes, siempre que justifiquen que debe celebrarse a puerta cerrada por su contenido o por las preguntas que puedan hacerse.
A la vista también están citados (como testigos y, como Gimeno, a petición de Ceslar) dos de los consejeros del grupo: Leopoldo del Nogal, uno de los principales apoyos del presidente de la compañía, y el veterano Florencio Lasaga (82 años), que desde abril de 2015 preside la Fundación Ramón Areces, máximo accionista del grupo con el 37,39%. Asimismo, comparecerá Juan Hermoso, otro miembro de la vieja guardia que abandonó el máximo órgano de dirección de la compañía de distribución el pasado noviembre. Ni Gimeno (41 años), ni Del Nogal, ni Lasaga ni Hermoso pueden mentir en sus declaraciones, por estar citados como testigos.
La cita judicial resume el turbulento momento que vive el grupo, que lleva años inmerso en una suerte de tormenta perfecta. A los efectos de la crisis, el sobreendeudamiento y los problemas de rentabilidad de algunos centros (especialmente, los inaugurados en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria) se unen la competencia del comercio digital y las vicisitudes propias del difícil traspaso de poderes en una empresa cuando llega la tercera generación de accionistas.
Un lance en el que, como consecuencia de los habituales enfrentamientos entre las distintas sagas de herederos, perecen el 80% de las compañías familiares. El Corte Inglés, uno de los mayores empleadores privados de España, sigue perteneciendo a esa categoría de empresas.
Conflicto abierto
La situación actual del grupo no difiere mucho de ese habitual escenario de pugnas entre las distintas ramas de los descendientes de los fundadores. El conflicto más evidente es el planteado por la representante de Ceslar, sobrina del fundador, Ramón Areces. Carlota Areces fue desalojada del máximo órgano de administración del grupo por airear información confidencial sobre la entrada en el accionariado del jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thanise, a la que se opuso por entender que infravaloraba la compañía y perjudicaba a los accionistas minoritarios.
El exministro catarí inyectó al grupo 1.000 millones de euros a cambio de un préstamo convertible en acciones que vence en septiembre del año que viene y que le otorgará un mínimo del 12,25% del capital del grupo, porcentaje que podría elevarse al 15% si, por ejemplo, el Ebitda (resultado bruto de explotación) del grupo no crece a una media del 12%, un objetivo que está por ver que consiga la compañía. La firma acaba de cerrar el segundo ejercicio de referencia de ese periodo de tres años con resultados “positivos”.
Entre los aspectos controvertidos del desembarco del jeque catarí estuvo la millonaria comisión que pagó el Corte Inglés a un español afincado en Dubai, David Barreiro, por intermediar en la operación. Barreiro es socio junto a César Álvarez, hermano del anterior presidente del grupo, Isidoro Álvarez, en el Banco de Dakar, impulsado por los multimillonarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, ‘los Albertos’. En su momento, los famosos primos estuvieron casados con las hermanas Koplowitz, a su vez ahijadas de Ramón Areces.
César Álvarez es todavía patrono de la fundación Ramón Areces, en la que también han desembarcado las hermanas Álvarez y un directivo de El Corte Inglés próximo a estas últimas, Jesús Nuño. La fundación vive un momento financiero delicado. Aunque no tiene ánimo de lucro, lleva dos años arrastrando resultados negativos (13,7 millones en total) como consecuencia de la disminución de los dividendos que percibe de El Corte Inglés.
La fundación cerró 2015 con un fondo de maniobra negativo de 1,4 millones a causa de los menores dividendos y los préstamos concedidos a El Corte Inglés (más de 63 millones de euros) y los pagarés que ostenta de esta última.
Pese a ese desequilibrio patrimonial, en las cuentas de la fundación se indica que el patronato ha optado por “el principio de gestión continuada al confiar en la capacidad de la Fundación para generar recursos derivados fundamentalmente de los ingresos por dividendos recibidos de sus participadas, de forma que podrá atender con normalidad a sus obligaciones de vencimiento”.
Al conflicto abierto por Ceslar en los tribunales se suma el difícil equilibrio de poder entre un Dimas Gimeno en minoría accionarial frente a sus primas, las hermanas Marta y Cristina Álvarez, hijas de Isidoro Álvarez. Dimas Gimeno (designado sucesor por el fallecido expresidente del grupo) sólo controla de manera indirecta un 7,5% de las acciones a través de cartera IASA, la sociedad controlada por sus primas que a su vez tiene el 24% de El Corte Inglés.
Algunos movimientos recientes muestran cómo las dos hermanas están ganando poder en esta soterrada batalla. El último, el reciente nombramiento de un nuevo director general de ‘retail’, Víctor del Pozo. Considerado cercano a las hermanas Álvarez, Del Pozo ha asumido la máxima responsabilidad en las compras, ventas y marketing de la compañía y también se ha incorporado al patronato de la fundación.
En su búsqueda de la rentabilidad, el grupo ha confirmado recientemente su intención de absorber Hipercor, que ha reducido su facturación a menos de la mitad en los últimos ocho años. La marca y la plantilla de la enseña de supermercados se mantendrá en principio, según fuentes de la compañía.