La crisis energética y los recelos del Gobierno han dejado en el congelador la anunciada escisión de Naturgy en dos nuevas compañías cotizadas.
El Ejecutivo no ve con buenos ojos esta operación en la actual coyuntura y, tras semanas de rumores sobre la salida de alguno de los fondos de inversión que participan en el grupo, sí se ha mostrado proclive a la entrada de un socio industrial en detrimento de ese perfil de accionista. Actualmente los fondos suman más de un 55% del capital del grupo, en el que se mantiene como principal accionista Criteria Caixa (26,7%).
El troceo de la antigua Gas Natural, operación bautizada por Naturgy como proyecto Géminis, daría como resultado “dos campeones nacionales de la energía”.
Dos nuevas empresas cotizadas que “se situarían entre las primeras veinte compañías del Ibex por capitalización bursátil”, según dijo la empresa al anunciar por sorpresa la segregación, por un lado, de sus activos regulados de gas y electricidad (las redes), y por otro, de su negocio liberalizado (como sus activos de generación y el negocio de comercialización).
La operación se comunicó el 10 de febrero, dos semanas antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, y en principio se iba a ejecutar a finales de este año. Pero se ha ido aplazando sin fecha. Y el Gobierno acaba de dejar muy claro que ahora no es el momento de llevarla a cabo.
Naturgy es una compañía clave en España, por su condición de primer proveedor de gas del país a través del gasoducto argelino Medgaz, controlado por su accionista, la estatal argelina Sonatrach, que es dueña de un 4% del grupo español.
Y en palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, su escisión “no es una operación que, en estos momentos, sea conveniente desde el punto de vista de la templanza, la estabilidad y las garantías para determinadas actividades reguladas, así como el aprovisionamiento en condiciones y precios razonables”.
En una entrevista en Cinco Días, Ribera ha alertado incluso de que la operación puede comprometer la viabilidad financiera de la compañía, cuya deuda neta ronda los 12.000 millones de euros. La escisión “tampoco encaja” con el cumplimiento de los compromisos de reinversión y de distribución de beneficios que el Gobierno impuso para autorizar a principios de 2021 la entrada del fondo australiano IFM en el capital de Naturgy, que actualmente controla el 13,9% del grupo.
“Estamos ante la crisis del gas natural más importante desde que ha sido relevante en nuestros sistemas energéticos. Y Naturgy es la compañía más importante para garantizar el abastecimiento de gas natural a este país. Es razonable que el Gobierno se posicione con extraordinaria cautela ante cualquier operación que pueda poner en riesgo los dos asuntos, la transformación del sistema energético y el aprovisionamiento de gas”, en palabras de la vicepresidenta.
Ribera también ha abogado por que los socios industriales ganen peso en Naturgy en detrimento de los financieros, en un momento en el que se especula desde hace semanas con el interés de la francesa TotalEnergies por comprar una participación en el grupo español. Además de IFM, en el grupo participan también los fondos GIP y CVC, dueños de un 20,6% y de un 20,7%, respectivamente.
En el caso del británico CVC, que controla esa participación en alianza con la familia March, su máximo representante en España, Javier de Jaime, ha negado públicamente que vaya a vender ahora ese paquete. Por su parte, el estadounidense GIP sí se ha mostrado dispuesto a desprenderse de su participación, que atesora desde finales de 2016 con importantes plusvalías latentes.
Unos días antes de ese rapapolvo de Ribera a la escisión, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera ya señaló que “si se produjera una división, eso supondría que ese nuevo actor [IFM] se incorporaría a dos consejos distintos y por tanto habría que vigilar si se están cumpliendo las condiciones que se fijaron por el Consejo de Ministros o no”.
Ribera dijo que este es “un momento particularmente importante y sensible en el ámbito del gas”, en el que es “importante preservar el comportamiento y la capacidad de las empresas para operar en unas circunstancias así y, en la medida en la que resulte posible, evitar tensiones en los mercados”. Un escenario que obliga a prestar “particular atención” a la escisión de un actor “particularmente importante” en el actual contexto, y en el que “lo importante es dar seguridad y estabilidad al sistema gasista español”.
“Prudencia” y “sentido estratégico”
Unos días antes, el 6 de octubre, en una conferencia en la CEOE, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, insistió en el “sentido estratégico” de la operación de escisión, pero reconoció que el calendario inicialmente anunciado para llevarla a cabo no se va a cumplir y apeló a “la prudencia” y a “tener una visibilidad de medio y largo plazo” en el actual contexto.
“No se puede salir de puerto y decidir el rumbo sin mirar el parte meteorológico, tenemos un parte meteorológico que dice bastantes cosas no muy agradables, y eso es donde estamos”, dijo Reynés.
En agosto, Naturgy ya comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, pese a la “idoneidad” del proyecto Géminis, “la volatilidad actual de los mercados, la evolución de la coyuntura energética europea y las múltiples incertidumbres regulatorias todavía pendientes de conocerse con exactitud aconsejan adecuar el calendario de ejecución a la evolución de los acontecimientos”.
El ritmo de esos acontecimientos va a discurrir al compás de los caprichos de Vladímir Putin y lo que depare la guerra en Ucrania es imprevisible, pero las líneas maestras de la división de Naturgy están esbozadas, a falta de detalles clave como cuál sería el reparto de la deuda que correspondería a cada una de las dos nuevas empresas.
La escisión supondría que, por un lado, el grupo aglutinase en una división todos los negocios liberalizados: la generación convencional, los proyectos de renovables, la comercialización de energía y servicios asociados, la gestión de los mercados de energía y el desarrollo de nuevos negocios, “con un foco especial en la mejora del servicio al cliente”.
La otra pata aglutinaría todos los negocios dedicados a la gestión de infraestructuras reguladas de distribución y transporte de energía, “pilar fundamental para asegurar el correcto desarrollo de la transición energética”. Ambas empresas cotizarían en bolsa tras un split (división) del capital actual de Naturgy de una acción por dos, lo que implicaría que los actuales accionistas tendrían títulos en ambas compañías a partes iguales, con la mitad de su valor actual.
En el mercado se interpretó que la operación facilitaría una salida de los fondos de la empresa que se quedase el negocio liberalizado. Esta pata se encargaría de desarrollar el objetivo de Naturgy de contar en 2025 con más de 25GW de capacidad de generación eléctrica instalada (14GW de generación renovable y 11GW de generación convencional), 11 millones de clientes y una cartera diversificada de aproximadamente 290TWh de aprovisionamientos de gas.