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La crisis en el sector financiero se salda con el despido de 83.400 personas desde 2008

El sector financiero cerró el año 2017 con una plantilla total de 187.450 trabajadores. Supone un recorte de más de 83.450 empleos desde 2008. La crisis del sector, iniciada hace ya casi una década, ha provocado un recorte del 31% en los puestos de trabajo de las entidades que operan en España, según denuncia el CC OO en un comunicado.

El sindicato considera “muy negativa” la pérdida de empleos en el sector. Joan Sierra, secretario general de sector financiero en CC OO, considera que esta pérdida de trabajo se ha producido por el proceso de concentración de entidades y advierte que “todavía no ha terminado”.

En el último año se han recortado 1.830 puestos de trabajo, a los que habrá que añadir las salidas que se producirán por los ERE que siguen abiertos, en entidades como Bankia, Santander, EVO o Liberbank, que provocarán en conjunto otros 3.000 empleados menos en el sector.

A ello se ha unido recorte en la red de oficinas. A 31 de diciembre de 2008 había 45.662. Desde entonces, se han cerrado 18.342 sucursales financieras, lo que supone que haya un 40% menos de locales de entidades financieras en España. Esto “agrava” las consecuencias negativas de la crisis, según remarca el sindicato.

España se mantiene con un mayor número de oficinas por población respecto a otros países. Sin embargo, el sindicato defiende que la dotación de plantillas es inferior en España frente a otros como Francia, Italia o Alemania. “Un bancario atiende al doble de clientes que un empleado alemán”, subraya CC OO.

Aunque Sierra reconoce que la calidad de los empleos que sí se mantienen no se han deteriorado de la misma manera que en otros sectores, apunta que hay otros síntomas de “precarización” en el sector. Se trata de la reivindicación de la “lacra” de las horas extra en el sector, según apunta. En este sentido, el representante sindical avanza que van a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de que se lleve a cabo un registro diario de la jornada de los trabajadores, algo rechazado por las entidades y por el Tribunal Supremo.