El tiempo apremia. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobará este martes con carácter “urgente” una batería de modificaciones legales con las que, tal y como reclamaban las eléctricas, el Ministerio de Energía eximirá a las empresas de decidir ya si piden renovar ahora las licencias de as centrales nucleares de Almaraz y Vandellós.
El primer punto del orden del día de la reunión de este martes recoge la aprobación por “trámite urgente” de un informe sobre el proyecto de modificación de las Órdenes ministeriales por las que se concede la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós y Trillo. La propuesta partió del pleno del organismo en febrero y tiene el visto bueno del director Técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera.
En el caso de Almaraz, la próxima central que cumplirá 40 años en marcha (en 2021), el plazo para iniciar la renovación de su autorización de explotación acababa dentro de una semana, el 8 de junio. En Vandellós, el trámite debía iniciarse antes del 21 de julio. El primer accionista de Almaraz, Iberdrola (51,2%), había pedido más tiempo al Gobierno para decidir sobre la prórroga, por considerar que el mix energético no está claro y que el impuesto a la generación nuclear que el Ejecutivo implantó en 2012 lleva a pérdidas a estas plantas.
Con este cambio legal, las empresas sólo tendrán que comenzar a entregar documentación técnica para empezar a avanzar en la renovación de las licencias, pero podrán aplazar la solicitud. Energía justifica su decisión en la próxima aprobación de un Plan Integral de Energía y Clima que fije el mix energético de España a largo plazo.
El borrador de orden ministerial de Almaraz argumenta “la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las centrales nucleares que actualmente cuentan con autorización de explotación se adopten teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación. Esto permitirá que en ellas pueda ponderarse adecuadamente el papel que deba desempeñar la energía nuclear en el ”mix“, lo que favorecerá su coherencia con la política energética y redundará en una mayor previsibilidad”.
Así, el titular “podrá solicitar una nueva autorización de explotación de la central en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de aprobación del Plan Integral de Energía y Clima o, en su caso, en la fecha en que el titular ha de presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central, que más adelante se establece, en el supuesto de que el referido Plan no hubiera sido aprobado dos meses antes de dicha fecha”.
Según la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), “esto supone acortar los plazos para presentar la solicitud de autorización que actualmente están establecidos en tres años antes del vencimiento de la autorización. Dicho plazo, de forma aproximada, en el caso de la central nuclear de Almaraz, quedaría en unos 14 meses; en el caso de la central nuclear de Ascó, 18 meses; en el caso de la central nuclear de Cofrentes, 13 meses; en el caso de la central nuclear de Trillo, 19 meses; y en el caso de la central nuclear de Vandellós II, 15 meses”.
“Despilfarro”
El asunto, por tanto, afecta al conjunto de nucleares, a excepción de Garoña, a cuya prórroga dio el CSN un visto bueno condicionado en febrero sobre el que tiene que decidir el Gobierno este verano. ASTECSN critica que “si finalmente se decidiera no presentar solicitud por razones de cualquier índole, el CSN habría llevado a cabo un trabajo ingente absolutamente inútil, con el consecuente despilfarro de recursos públicos”.
Se trata, en opinión de esta asociación, “de una decisión tomada de forma precipitada, basándose en un informe realizado y aprobado el día anterior a que se hace público el orden del día del Pleno. Con ello se limita la repercusión y el debate en los medios de la opinión pública. A este respecto no se conoce el informe de la Asesoría Jurídica del CSN, que debe dictaminar las cuestiones que se elevan al Pleno” cuando se aborde “una cuestión crítica de carácter jurídico o administrativo”.
En el orden del día de la reunión de este martes figura también la Revisión 2 de la Guía de Seguridad 1.10 sobre Revisiones periódicas de la seguridad de las centrales nucleares. Esta modificación, que parte de una propuesta de la patronal eléctrica Unesa, elimina el requisito que vincula la presentación de las Revisiones Periódicas de la Seguridad a la vigencia de los permisos de explotación, “abriendo subrepticiamente la puerta a alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años”, según ASTECSN.
Según esta asociación, “ésta es una maniobra más que desacredita al Consejo como regulador independiente” y “es una muestra más de su captura por parte de los regulados y una vez más nos muestra su preocupante politización”.