El Estado dará ayudas a propietarios que rehabiliten edificios de viviendas, según ha avanzado el diario El País y ha confirmado este medio. Las ayudas cubrirán entre el 40% y el 100% del coste de la obra. Además, el Gobierno prevé recuperar las deducciones en el IRPF por rehabilitación, desaparecidas a nivel estatal en 2013 junto a la deducción por adquisición de vivienda habitual.
Las medidas son parte del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, el área más importante del Plan de Recuperación y en el que se invertirán 6.820 millones en los próximos tres años. El ejecutivo se ha marcado el objetivo de rehabilitar medio millón de inmuebles de aquí a 2023. Los presupuestos generales de 2021 ya incluyen una generosa partida de 2.253 millones de euros para el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, un 368% más que en los presupuestos anteriores, de los cuales 1.651 proceden de Europa.
España cuenta con un parque de unos 25 millones de viviendas. El boom de la construcción es de los años 60 y 70, lo que significa que un buen porcentaje del parque tiene más de medio siglo. Ya antes de la pandemia y de los planes de recuperación los expertos apuntaban que España debía rehabilitar a mejor ritmo. En Europa, la media es del 2% del parque anual.
Subvenciones a la rehabilitación
El Gobierno destinará un total de 5.800 millones a distintos programas de rehabilitación: el 70% se dedicará a edificios de viviendas y el resto a edificios públicos. La cuantía de la subvención se determinará en función de la profundidad de la rehabilitación, los ingresos de los residentes en el edificio y las características del ámbito. Estas intervenciones, apuntan fuentes de Transportes, “pretenden mejorar el comportamiento energético del parque residencial en España” y supondrán “una mejora generalizada de esos entornos residenciales”.
Serán las comunidades autónomas las responsables de poner en marcha las ayudas, ya que son las competentes en vivienda, aunque se prevé la creación de oficinas municipales para agilizar. Los actuales programas de rehabilitación —dedicados a la mejora de eficiencia energética o a mejora de la accesibilidad (por ejemplo, poner ascensores)— también los gestionan las autonomías y sus principales beneficiarios son las comunidades de vecinos. Además, el plan contempla subvenciones a proyectos de regeneración de barrios enteros. Estas están pensadas para zonas urbanas con perfiles de exclusión social entre sus vecinos.
Incentivos fiscales
Con respecto a los incentivos, el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana —encargado de ejecutar esta parte del plan— prevé una deducción del 30% para quienes hagan obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y reduzcan como mínimo un 10% el consumo de energía, calefacción o refrigeración. Esta mejora se acreditaría a través del certificado de eficiencia energética. La deducción es en el IRPF, así que los destinatarios son personas físicas que hagan las obras en su vivienda habitual (de su propiedad) o en la vivienda en la que vivan de alquiler.
Por otro lado, se prevé una deducción del 60% para quienes hagan obras de rehabilitación “que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en edificios” residenciales, que obtengan con la obra la clase energética A o B en la escala de CO2 o reduzcan la demanda energética global del edificio.
La deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual existió hasta el 1 de enero de 2013, aunque a nivel estatal se sigue aplicando a las viviendas que se compraran antes de aquella fecha (varias comunidades mantienen deducciones similares). Es, de hecho, el beneficio fiscal relacionado con la vivienda que más coste supone a las arcas públicas: 939 millones de euros anuales, según lo presupuestado para 2021. Se benefician de él más de tres millones de personas.
El porcentaje máximo de deducción era del 7,5% en el tramo estatal. Hacienda consideraba rehabilitación a las obras declaradas como tal según el Plan de Vivienda de entonces (de 2009 a 2012) o a aquellas que costaran más del 25% del precio de la vivienda. La medida que ahora plantea el Gobierno es muy distinta tanto en el fondo —los criterios para acceder a la deducción son energéticos— como en la forma —pasa del 7,5% al 30% y 60%—.