El decreto antidesahucios del Gobierno compensa a los grandes propietarios con más dinero del que dejan de ganar

El nuevo decreto antidesahucios del Gobierno establece compensaciones a precio de mercado para grandes propietarios que tengan viviendas ocupadas y no puedan desahuciar. Y el Estado no solo pagará el precio del alquiler de la zona, sino que incluirá los gastos corrientes que haya asumido el propietario — donde podrían entrar el IBI, el seguro y la comunidad. En el caso de los desahucios por impago, donde sí haya contrato, el Estado también se hará cargo de los gastos corrientes pero tomará como referencia la renta mensual y no el precio de mercado. Tanto el Sindicat de Llogaters como el socio minoritario de Gobierno, Unidas Podemos, hablaron de “rescate encubierto” al sector inmobiliario durante las negociaciones porque son compensaciones que benefician, sobre todo, a fondos y bancos.

“Los grandes beneficiados son los fondos buitre y las inmobiliarias. Son quienes cuentan con despachos de abogados para hacer estas gestiones con facilidad”, considera Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, impulsor de la paralización de desahucios. “Por eso decimos que es un subsidio o rescate a los fondos. El decreto se convierte en excusa para cobrarse unas rentas que con dificultad cobrarían hasta mayo: con o sin desahucio”.

El decreto amplió los supuestos para suspender un desahucio y extendió su paralización hasta el fin del estado de alarma. “La suspensión seguía en vigor hasta el 31 de enero. Pero es importante, ya que el estado de alarma acaba el 9 de mayo, alargarla. Y hacerlo aún más, si cabe, en estas fechas tan entrañables donde es preciso demostrar toda la sensibilidad al respecto”, declaró el ministro Ábalos durante su presentación. Así, además de paralizar los desahucios de personas vulnerables por culpa de la pandemia, paraliza los de personas que ya fueran vulnerables y los de personas que ocupan una vivienda (que no sea el domicilio habitual de nadie). Es en este último caso donde las compensaciones para grandes propietarios se maximizan.

¿Por qué? En primer lugar, porque si la vivienda ocupada es de un “pequeño propietario” (menos de diez viviendas) el desahucio sigue adelante. En segundo lugar, porque una vez quede acreditada la vulnerabilidad por parte de los servicios sociales, la pelota queda en manos de la administración. Esta deberá buscar una alternativa “digna”, así que no valen albergues. Y aquí todos, tanto el sector como los sindicatos, coinciden: la vivienda pública es tan escasa en España (no llega a 290.000 viviendas de titularidad pública) que encontrar alternativa es complicado.

“Como toda la responsabilidad recae sobre la administración, el gran propietario está en posición de fuerza: puede exigir que le paguen una renta a precio de mercado y los gastos. Y la administración no tiene demasiado margen de negociación”, continúa Palomera. De hecho, desde el Ministerio de Transportes siempre se ha insistido a las Comunidades a que usen fondos públicos para dar ayudas al alquiler y así evitar desahucios, lo que a la postre es compensar al propietario por no desahuciar.

Si la persona que ocupa es vulnerable a ojos de la administración y no se le encuentra alternativa, el desahucio se paraliza. Y el gran propietario puede pedir la compensación. Esta consistirá en el “valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble” más “los gastos corrientes que acredite haber asumido su propietario” por el período entre la suspensión del desahucio y su ejecución. Para calcular el precio se usa el índice de referencia del Ministerio, que a día de hoy muestra datos hasta 2018 (cuando los precios ya habían subido). Es curioso que este índice se presentara como herramienta para una futura regulación del alquiler y que al final vaya a servir para compensar a grandes propietarios con dinero público.

Desde el Sindicat consideran que la compensación es superior a lo que el “gran propietario” deja de ganar por dos motivos. El primero, los gastos corrientes, que estuviera o no ocupada la casa tendría que pagar. El segundo, el período compensado. “En circunstancias normales, entre el inicio de un proceso de desahucio y que la vivienda sea vendida o alquilada pueden pasar bastantes meses. Más si en el barrio hay oposición vecinal”, continúa Palomera. “Ahora mismo, estos períodos se alargan porque mantienen los pisos en oferta mucho tiempo por su resistencia a bajar los precios”.

Es decir, que donde antes un fondo iniciaba el proceso de desahucio, se lo paralizaban los vecinos, desahuciaba y preparaba la casa para sacarla al mercado podía pasar varios meses sin cobrar. Ahora el Estado se los compensará. Deberá acreditar “perjuicios económicos”, algo que en opinión de Palomera no será complicado para estas empresas. Las personas que ocupan suelen hacerlo en pisos vacíos de fondos o bancos, razón por la cual hay muchas más condenas por usurpación (ocupación por vivienda vacía) que por allanamiento de morada (ocupación de una vivienda habitual).

Mucho tiempo pidiendo una compensación de 750 millones

Fuentes del Ministerio de Transportes señalan que no tienen una estimación de a cuánto podrían llegar estas compensaciones. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que cuenta entre sus socios con grandes inmobiliarias y fondos como Testa (Blackstone), Albirana (Blackstone), Aedas Homes, La Llave de Oro y Tectum, lleva toda la pandemia pidiendo un fondo de 750 millones de euros. Consideran que el Estado debe pagar el alquiler del que no pueda, de forma que sus balances no se vean afectados por la morosidad.

Así se expresaba su presidente, el ex-alcalde de Barcelona Joan Clos, en un encuentro de Nueva Economía Fórum: “La crisis ha provocado un incremento de la morosidad hasta el 15%. Hay una afectación muy importante fruto del incremento del paro y las dificultades de las familias. Desde ASVAL pedimos un fondo específico de ayuda a las familias inicialmente valorado en 750 millones al año. No es una gran partida presupuestaria. Eso tranquilizaría al sector de la vivienda y animaría a los actores a hacer más vivienda en alquiler”.

El Gobierno no ha creado tal fondo, pero ha decretado ayudas específicas para “tranquilizar” al sector de la vivienda y compensar sus pérdidas. Cosa que no ha hecho, por cierto, con las empresas de la hostelería, el ocio o el turismo, a las que además de restringir la apertura no les 'perdona' el alquiler del local: deben negociarlo con sus caseros y pedir una rebaja del 50% o una moratoria. “La persona autónoma que tiene que cerrar el bar o restaurante, buena suerte, pero al especulador que tiene que dejar de desahuciar durante 5 meses hay que pagarle una renta bien generosa”, continúa Palomera. Desde ASVAL, sin embargo, siguen mostrándose críticos con el decreto porque “convierte a España en el único país de Europa en amparar la ocupación ilegal”.

Preguntados por las posibles pérdidas y su opinión por la compensación que les beneficia, responden que “el sistema tiene que ser claro e inmediato, además de acorde al daño causado. Según lo anunciado por el Gobierno, los propietarios tardarán tres meses en ser compensados. ASVAL considera que carece de sentido que no se compense durante este período de tiempo y que además tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación de la vivienda”. Beatriz Toribio, ex-directora de Fotocasa y actual directora de ASVAL, no respondió en una entrevista de El Mundo cuánto costaría la suspensión de desahucios a propietarios afectados. “Más allá del coste económico, es la inseguridad que va a introducir en el mercado”, dijo. “[El decreto] no es el que más nos gusta, pero al menos recoge una serie de compensaciones”.

Desde el Sindicat de Llogaters concluyen que, en cualquier caso, seguirá habiendo desahucios aunque el Gobierno diga que están suspendidos. “Aunque se cumplan los requisitos, lo difícil será demostrarlo. A no ser que haya juzgados muy garantistas, seguiremos viéndolos. Que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando suceda”.