Ha durado 16 años. Desde 1998. Y este miércoles ha sido enterrado por el Boletín Oficial del Estado. Es el sistema de retribución a las energías renovables por medio de unas primas que aseguraban un precio a las renovables de antemano, independientemente de cuál fuera el que marcara el mercado. A partir de ahora, aquellos que hayan invertido en este sector de acuerdo con ese sistema de retribución, tendrán que enfrentarse a uno nuevo, el de la “rentabilidad razonable” que, además, se revisará cada seis años. Conclusión: lo que había hasta ahora no vale y lo que hay ahora, puede no valer dentro de seis años. Consecuencia: ya se han registrado una decena de denuncias ante arbitrajes internacionales por retroactividad e inseguridad jurídica.
Según los cálculos de Jorge Morales de Labra, director de Geoatlanter y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, pasar del 7,4% al 5,8% “supone un recorte adicional de 200 millones”. “La reforma del Gobierno, al sembrar la incertidumbre a partir del sexto año, consigue ahuyentar al inversor y limitar las inversiones a aquellos que busquen un beneficio rápido, en seis años, lo cual puede llevar a que se venda la luz más cara”, ha afirmado.
En este sentido, el responsable de Políticas de la Unidad de Renovables de la Comisión Europea, Antonio López-Nicolás, ha advertido de que los cambios retroactivos en los mecanismos de apoyo a las renovables “pueden afectar de forma muy clara al clima de inversión”. A este respecto, ha apuntado que la Comisión “evaluará” la normativa y “emprenderá acciones” en el caso de que contravenga los objetivos medioambientales de la Unión Europea. Ha subrayado la “preocupación” que existe en torno a los cambios retroactivos por su posible impacto en la inversión “no solamente en España sino también en Europa”, lo que “puede influir de forma muy negativa a los cumplimientos de los objetivos 2020 y 2030”.
Mario Sánchez Herrero, fundador de Ecooo, destaca: “Si realmente quieren ahorrar, ¿por qué no recortan lo que dan a la nuclear y la gran hidráulica, que están amortizadas y producen a un precio muy menor al que luego venden? No lo hacen con ellos. Al contrario, se está beneficiando a los titulares de centrales amortizadas”.
Rentabilidad razonable
El criterio deja de ser el aseguramiento de un precio de venta de energía que inventive la producción, y pasa a aplicarse una rentabilidad razonable, basado en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, lo que representa un retorno antes de impuestos del 7,4%. No obstante, el ministro de Industria, José Manuel Soria, el pasado viernes aseguró que esa cotización real era en estos momentos del 5,8%, lo cual generó gran alarma en el sector.
La rentabilidad razonable, además, es fruto de aplicar unos parámetros de inversión definidos por el Gobierno en función de la tecnología y el tiempo que lleva en funcionamiento la planta. Estos parámetros, cuyo borrador es de hace cuatro meses, se recogerán en una orden ministerial que todavía no ha sido publicada.
Con estos cambios, pendientes desde la aprobación de la reforma energética en julio de 2013, el Gobierno recorta 1.700 millones de euros al año a las renovables.
El presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López-Tafall, ha anunciado este miércoles que recurrirán la nueva normativa renovable: “Con todas nuestras fuerzas y en todas las instancias que podamos”.
A falta de conocer los “detalles finales” de la normativa, recogidos en la orden ministerial de parámetros, López-Tafall ha insistido en que la eólica “es sin duda la tecnología más perjudicada de esta reforma”, que ha tachado de “injustificada en sus planteamientos y desproporcionada en sus efectos”.
“Su aplicación nos va a abocar a una larga travesía de parálisis de inversiones, multitud de pleitos a nivel nacional e internacional, y a la continuidad de la incertidumbre”, afirmó. La eólica, continuó, sufre las medidas más “destructivas” a través del marco legal “más restrictivo” del entorno.
Esta medida puede convertir a la eólica en “el principal contribuidor a pagar este servicio”, que tiene un coste de unos 500 millones al año y que consiste en un incentivo a la gran industria por suspender su actividad en momentos de abundante demanda y escasez de oferta. La interrumpibilidad se paga a pesar de que “no se utiliza”, señaló.