8 de abril de 2020. La Comisión Europea concluye su concurso público para elaborar un estudio sobre cómo integrar en las normas de supervisión bancaria de la UE los criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG por sus siglas en ingles). Y concede el contrato a BlackRock, que se impuso a otros ocho candidatos. El contrato tiene un valor total de 280.000 euros, a pesar de que la Comisión Europea preveía inicialmente que el valor fuese de 550.000 euros. BlackRock es el principal inversor del IBEX-35, y uno de los mayores accionistas de varias entidades financieras españolas.
25 de noviembre de 2020. La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, considera que el Ejecutivo comunitario “debería haber sido más vigilante a la hora de verificar” que la gestora de fondos, la segunda más importante del mundo, “no estaba sujeta a un conflicto de intereses que pudiera afectar negativamente a la ejecución del contrato”. Eso sí, las recomendaciones del Ombudsman europeo no son vinculantes.
O'Reilly abrió una investigación tras recibir denuncias de eurodiputados y de entidades civiles, en la que ha analizado cómo evaluó la Comisión Europea la oferta de BlackRock para la realización del estudio. Y en ese análisis la Defensora del Pueblo ha descubierto que la oferta de la empresa “suscita inquietudes”.
En primer lugar, dice la resolución de O'Reilly, “si un licitador tiene un interés financiero directo o indirecto en la evolución de un mercado, porque invierte en ese mercado o gestiona inversiones en ese mercado, existe un riesgo claro de que esos intereses puedan influir favorablemente en el resultado de su trabajo en su propio mercado”.
En segundo lugar, “debido a la ponderación aplicada por la Comisión Europea en su evaluación, el bajo precio que ofreció la empresa optimizó sus posibilidades de obtener el contrato: la adjudicación del contrato puede permitir a la empresa obtener conocimientos y ejercer influencia sobre un área de inversión en crecimiento y de creciente relevancia para sus clientes y, por lo tanto, para la propia empresa”.
“Preocupaciones legítimas”
Así, la Defensora del Pueblo está de acuerdo en que “existen preocupaciones legítimas en torno al riesgo de conflicto de intereses que podrían afectar negativamente a la ejecución del contrato, ya que la empresa tiene un interés manifiesto en el desarrollo de la futura normativa de la UE que le afectará a sí misma y a sus clientes”.
Por tanto, O'Reilly concluye que la Comisión debería haber sido “más rigurosa y aportar una perspectiva más amplia para verificar que la empresa no estaba sujeta a un conflicto de intereses que pudiera afectar negativamente a su capacidad para ejecutar el contrato”.
Sin embargo, reconoce O'Reilly, no hacerlo “no alcanza el umbral de mala administración, dadas las limitaciones de las normas de la UE sobre la adjudicación de contratos en tales situaciones”. Por tanto, la Defensora del Pueblo sugiere que la Comisión Europea “actualice sus directrices para los procedimientos de contratación pública en los contratos de servicios relacionados con políticas, dando claridad a los funcionarios sobre cuándo excluir a los licitadores debido a conflictos de intereses que pueden afectar negativamente la ejecución del contrato”.
La Defensora del Pueblo también sugiere que el Ejecutivo comunitario debe “reflexionar sobre si se requiere una actualización de las normas para que sean más proporcionadas a las ambiciones actuales de la UE: la UE está planeando unos niveles de gasto e inversión sin precedentes [por el fondo de recuperación de la crisis del coronavirus], que necesariamente implicará vínculos importantes con el sector privado”.
Como conclusión de todo esto, la Defensora del Pueblo “considera que la Comisión Europea debería haber sido más vigilante a la hora de analizar que la empresa no estaba sujeta a un conflicto de intereses que pudiera afectar negativamente a la ejecución del contrato. La decisión de adjudicar el contrato no brindó garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre el riesgo de conflictos de intereses. Fue cuestionable que la Comisión Europea concluyera que no existían fundamentos legales para excluir a BlackRock Investment Management del procedimiento de contratación”.
Un detallado informe del Corporate Europe Observatory (CEO) y Change Finance Coalition –entidades que recurrieron el contrato ante la Defensora del Pueblo europeo– explica cómo y por qué la Comisión Europea “rompió las reglas de su reglamento financiero, principalmente sobre conflictos de intereses, al otorgar en abril de este año un contrato a BlackRock, el segundo fondo de inversión más grande del mundo”.
El contrato trata de ofrecer un asesoramiento fundamental sobre la nueva arquitectura financiera sostenible de la UE, y la investigación de las entidades sociales revela tres razones principales por las que la elección de Blackrock por parte de la Comisión Europea fue incorrecta.
En primer lugar, porque “Blackrock sigue siendo un inversor masivo en combustibles fósiles, así como en otros sectores que representan una amenaza particular para el clima”. Además, el informe señala que “Blackrock es el mayor accionista individual o, en algunos casos, el segundo mayor accionista de los 15 principales bancos europeos, que a menudo también están involucrados en inversiones nocivas para el clima”. Por otro lado, el estudio establece que “Blackrock está profundamente involucrado en una campaña de lobby internacional con otras corporaciones financieras para evitar nuevas reglas europeas ambiciosas y, en cambio, introducir medidas voluntarias poco confiables desarrolladas por la industria financiera”.
“Dejar que BlackRock establezca la agenda no debe ser una opción”
“La fuerte presencia del lobby de las finanzas en el próximo debate probablemente sea inevitable”, dice el informe, “pero invitar a BlackRock a preparar el terreno para la toma de decisiones en la UE sobre banca y cambio climático corre el riesgo de hacer descarrilar la iniciativa desde el primer día. BlackRock no solo tiene importantes intereses económicos en ello, sino que se ha convertido en uno de los representantes más destacados de las corporaciones financieras mundiales en el mundo del lobby. Lo único sensato que puede hacer la Comisión Europea es simplemente cancelar el contrato y empezar de nuevo. Si eso no sucede, es necesaria una acción concertada más temprano que tarde, para trabajar de otras formas para generar propuestas útiles que puedan ayudarnos a mitigar o prevenir el cambio climático en una de sus fuentes clave: la financiación. Dejar que BlackRock establezca la agenda no debe ser una opción”.
“Si la Comisión decide seguir adelante”, afirman las entidades sociales, “habrá una necesidad aún mayor de que otros comiencen a presionar por modelos ambiciosos de regulación bancaria y de garantizar que este debate no se deje solo a unas pocas personas en las instituciones de la UE. Necesitamos aumentar la presión pública sobre nuestros políticos para que opten contra el cambio climático y hacer que los bancos hagan lo mismo”.
Medio centenar de eurodiputados socialistas, verdes y de la izquierda unitaria suscribieron un artículo firmado por la eurodiputada Aurore Lalucq (S&D) en el que pedían a la Comisión Europea reevaluar los criterios de selección de sus aliados, tras la elección de la multinacional estadounidense BlackRock, especializada en gestión de activos, como “asesor medioambiental”.
“El mandato de la Comisión Europea está siendo ejecutado por nuestra unidad de Asesoría de Mercados Financieros, que está separada de nuestro negocio de gestión de inversiones”, explicaba a La Celosía Ryan O’Keeffe, Jefe de la oficina de Blackrock para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). BlackRock creó la Asesoría de Mercados Financieros (FMA) durante la crisis de 2008 para asesorar a gobiernos, bancos centrales e instituciones financieras.
La Comisión Europea, por su parte, ha respondido que había seguido las normas de contratación de la UE al sellar el contrato. “El estudio que BlackRock elaborará como contratista externo será sólo uno de los muchos informes y consultas que informarán la política de la Comisión Europea sobre finanzas sostenibles”, dijo el portavoz de la Comisión, Daniel Ferrie.
BlackRock es el gestor de inversiones más grande del mundo, con 7,43 billones de dólares en activos, publicaba The Guardian, antes de que la pandemia del coronavirus provocara una caída en el mercado mundial. La mayoría de esos activos están en productos que rastrean índices de renta variable y bonos, lo que significa que la empresa controla grandes participaciones en muchas de las empresas más grandes del mundo.
87.300 millones en compañía de combustibles fósiles
El análisis de InfluenceMap para The Guardian descubrió que BlackRock en octubre controlaba acciones en compañías de combustibles fósiles por valor de 87.300 millones de dólares que tenían 3.270 millones de barriles de reservas de combustibles fósiles. BlackRock es uno de los tres principales inversores en las ocho compañías petroleras más grandes del mundo y uno de los diez principales inversores en los 12 bancos más importantes del mundo desde el punto de vista sistémico.
La propia BlackRock ha sido criticada por bloquear el progreso en cuestiones medioambientales. El análisis de The Guardian de los datos de ProxyInsight halló que BlackRock se opuso o se abstuvo en el 82% de las resoluciones de accionistas relacionadas con el clima en las compañías cuyas acciones administró entre 2015 y 2019.
Sin embargo, en enero pasado dijo que se desharía de empresas que obtengan el 25% o más de sus ingresos del carbón, y se comprometió a comenzar a usar su peso en las empresas para revelar riesgos climáticos.