Nueva artillería contra la prueba que sostiene el caso Bankia. La auditora Deloitte ha entregado al juez Fernando Andreu un informe, pagado por la compañía, que carga contra las conclusiones de los peritos judiciales, a las que éstos llegan, dice, por un análisis “inconsistente y ausente de rigor metodológico”. El informe pericial encargado por Deloitte, al que ha tenido acceso eldiario.es, concluye que su labor de supervisión de la entidad, previa a la quiebra y el rescate, fue “intachable desde el punto de vista técnico y normativo”.
Un representante legal de la auditora y Francisco Celma (el auditor) declararon como investigados (la actual figura del imputado) ante el juez del caso Bankia el pasado junio. Lo hicieron a petición de la acusación popular, que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y el colectivo 15MpaRato. Estos consideran que Deloitte participó en el desastre de la entidad al avalar el maquillaje de las cuentas de Bankia que realizaron Rodrigo Rato y su equipo para poder salir a bolsa, según los peritos del caso.
Para Rato, el resto de los imputados y los encargados de evitar aquella quiebra, entre ellos el Banco de España y la CNMV, se trató de algo inevitable. Ahora, el informe encargado por Deloitte, como ya hiciera Rato sirviéndose de otros expertos, reprocha a los peritos judiciales que obvien la segunda recesión que se produjo entre la formulación de las cuentas el 15 de junio de 2011 y su reformulación el 25 de mayo de 2012.
Estos acontecimientos habrían obligado a cambios que debieron ser registrados en las cuentas anuales de la entidad con posterioridad a la formulación de las cuentas trimestrales o semestrales, según los peritos de parte. De 309 millones de beneficio, la entidad pasó a reconocer 2.979 de pérdidas.
En ese periodo de tiempo, dicen los peritos de Deloitte, “sobrevino la más que evidente y probada segunda recesión de la economía española, que afectó de forma muy significativa al sector inmobiliario y las entidades de crédito españolas”. Estos hechos, añaden, “son objetivamente contrastables y están públicamente acreditados y reconocidos por parte de diferentes organismos tanto nacionales (como el FROB o el Banco de España), como internacionales (como el FMI)”.
En un momento dado del informe, los peritos de Deloitte citan a todos los organismos de control que las acusaciones señalan como responsables del desastre en Bankia y para cuyos responsables han solicitado, sin éxito, la imputación. “Los ajustes realizados eran conocidos y fueron revisados tanto por el Banco de España como por la CNMV, que en ningún momento pusieron de manifiesto la menor objeción. Incluso en el caso de la CNMV, requirió a BFA encargar un informe de experto independiente siendo finalmente Ernst & Young quien concluyó sobre la razonabilidad del ajuste realizado por BFA”, dice la pericial. De este modo, Deloitte se escuda en el regulador, el supervisor y también en otra de las cuatro auditoras con las que se reparte el mercado mundial.
Deloitte critica que los peritos “reconocieran en sus informes originales” unas provisiones de insolvencias que ha confirmado el Banco de España. A pesar de tan rotunda afirmación, el juez Andreu acaba de solicitar a Bankia los apuntes contables que demuestren la existencia de esas provisiones.
El informe de los peritos, la prueba sobre la que se asienta el caso Bankia, concluye que las cuentas resumidas de Bankia del primer trimestre de 2011 impedían reflejar la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de los resultados de la entidad a 31 de marzo de 2011 y que Deloitte no lo identificó ni reveló en su informe de auditoría de 17 de junio de 2011.
“Tal conclusión (debate Deloitte) se basa en premisas equivocadas, en significativo errores conceptuales y metodológicos y en evidentes sesgos, lo que les conduce a proponer ajustes erróneos, contrarios a la normativa que resulta de aplicación, y además, contradictorios entre sí”.
“Discrepancias” entre los peritos judiciales
Por ejemplo, argumenta el contrainforme, hay una discrepancia de cálculo de 6.456 millones de euros entre las conclusiones de uno y otro perito judicial. “Esta circunstancia es muy ilustrativa de la inconsistencia y ausencia de rigor metodológico en el análisis realizado por los peritos judiciales, y, según nuestro parecer, invalida por sí misma las conclusiones de sus informes”, afirma. Los peritos del Banco de España, Víctor Nogueras y Antonio Busquets, que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez, siempre han defendido que su trabajo no es contradictorio sino complementario.
El informe pericial en poder de Andreu está fechado el 1 de agosto, con posterioridad a las declaraciones de Deloitte y Celma, y va firmado por los catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad Manuel García-Ayuso, José Antonio Laínez y Juan Monterrey.