El socio auditor de Deloitte Francisco Celma subrayó anoche en la Audiencia Nacional que no avaló las cuentas de Bankia aprobadas por el equipo de Rodrigo Rato porque los entonces consejeros no se las presentaron firmadas, tal y como exige la ley.
Así lo ha afirmado Celma durante su declaración como testigo, en la que ha subrayado que la auditora alertó a los miembros de los Comités de Auditoría del grupo, a la dirección y al supervisor de la situación de la entidad y sus problemas de viabilidad futura, han indicado fuentes jurídicas.
Fuentes cercanas a Rodrigo Rato han asegurado a Efe que las cuentas, que arrojaban unos beneficios de 309 millones de euros, se rubricaron en la reunión del Consejo de Administración del 28 de marzo y que el auditor lo supo un día antes.
Durante más de cinco horas de interrogatorio, Celma ha insistido en que los exconsejeros no le entregaron las cuentas firmadas hasta el 25 de mayo cuando, bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri, se reformularon y pasaron a reflejar unas pérdidas de 2.979 millones de euros.
Fue ese día cuando Deloitte ya se encontró en situación legal de emitir su opinión.
No obstante, aunque hubiese contado con las cuentas rubricadas, Deloitte habría incluido en su informe una salvedad para Bankia por limitación al alcance, es decir, que no podía opinar por falta de información, y un párrafo sobre sus dudas acerca de la viabilidad, ha señalado Celma.
Ese mismo párrafo hubiera dedicado a BFA, en cuyo caso las salvedades habrían sido dos, referidas a los créditos fiscales contabilizados y el valor de la participación de la matriz en Bankia.
Según su relato, los miembros de las Comisiones de Auditoría de BFA y Bankia ya sabían desde octubre estas cuestiones porque así se lo había advertido Deloitte que, no obstante, no fue invitado a participar ni en las cuatro reuniones del de la primera ni en las siete celebradas por la de la segunda hasta marzo.
En relación con la matriz, el auditor ha subrayado que informó en enero a Rato y al entonces consejero delegado Francisco Verdú, entre otros que, dada la relevancia de los temas pendientes de resolver, había dudas sobre su viabilidad futura, y que si no se resolvían, incluiría salvedades en el informe.
Unas dudas que, además, se incrementaron con la reforma financiera aprobada por el Gobierno en febrero por lo que, ha recalcado, se les explicó al Comité de Auditoría de BFA el 26 de marzo que, debido a la importancia de esos temas pendientes, Deloitte no iba a entregar un borrador.
Sobre Bankia, Celma ha dicho que también alertó de sus dudas sobre la viabilidad de Bankia, de la que además le faltaba documentación “muy relevante” que llevaba reclamando desde diciembre.
De hecho, ha explicado que semanalmente comunicó a los consejeros la falta de esos documentos y que, cada tres o cuatro, se lo indicó al presidente de la Comisión de Auditoría, Alberto Ibáñez, al que en febrero le anticipó que si no corregía esta deficiencia, ello conllevaría la citada salvedad.
Así fue como se creó un grupo de trabajo en el que se encontraba Deloitte para intentar buscar soluciones a la situación y optaron por dos alternativas, la primera de ellas la de plantearse una fusión con otras entidades, extremo al que se refirió ayer el presidente en España de Lazard, Jaime Castellanos.
Tras descartar esta vía, se centraron en la de conseguir una inyección de capital que resolviera esas dudas y que ese equipo de trabajo cifró en 7.000 millones de euros.
En este sentido, Celma ha indicado que el 18 de abril, Rato le telefoneó para informarle de que estaba a punto de conseguir esa cantidad, y que si así era posible conseguir un informe sin salvedades.
La respuesta fue que si se concretaba la llegada de capital adicional y Deloitte recibía la documentación pendiente, trabajarían “día y noche” para entregar un informe de auditoría favorable, cosa que no llegó a suceder, pero sí dos borradores que ha denominado “papeles de trabajo”.
La versión de Celma contrasta con lo dicho hasta ahora por varios de los exconsejeros, entre ellos Ibáñez y otra miembro de la comisión de auditoría de Bankia, Araceli Mora.
Ibáñez afirmó en su declaración como imputado, a la que ha tenido acceso Efe, que durante el mes de abril, “una vez formuladas las cuentas”, tuvo varias conversaciones telefónicas con Celma para preguntarle si había “algún problema o dificultad”, pero la “respuesta siempre fue que no veía ningún motivo de preocupación”.
También apuntó a que Mora recibió ese mes dos mails de respuesta de Celma, al que había preguntado sobre este retraso, y que no le manifestó “ningún tipo de circunstancia que le impidiese entregar el informe”.
Mora añadió que, tras varios intentos frustrados de hablar con Celma, el 3 de mayo finalmente le respondió al teléfono y, tras inquirir por el informe, contestó: “Tu sabrás, estáis en negociaciones”, conversación que Celma ha negado.
Por último, preguntado por el fiscal Alejandro Luzón por este desfase entre ambos balances y si auditó los reformulados para que Goirigolzarri no asumiera la responsabilidad de las pérdidas, Celma ha contestado que las últimas eran la “imagen fiel” de la entidad a 31 de diciembre de 2011.