La demanda de Giselle que cuestiona la tutela de Sareb sobre 10.000 familias: “Es un padre estricto para subirte el alquiler”

Cuando Giselle Mateus se divorció, en 2019, se vio en la calle, con tres niños y sin recursos. “No sabía lo que hacer”, explica. Ante la perspectiva de dormir al raso con sus pequeños, unos conocidos le dieron las llaves de un piso vacío en Vallecas, que era propiedad de la Sareb, el conocido como 'banco malo', que el Ejecutivo quiere convertir en uno de los pilares de su política de vivienda asequible. En 2022, tras dos amenazas de desahucio, y gracias al asesoramiento de la Plataforma de Afectados por la HIpoteca (PAH), que en los últimos años ha recuperado decenas de viviendas no habitadas por la zona, logró un contrato de alquiler social.

Giselle comenzó a pagar entonces un alquiler a precio asequible. Eran 110 euros al mes. De un día para otro y sin previo aviso, cuenta, la entidad, de mayoría pública, comenzó a cargarle 693 euros. Una subida del 630%, inasumible para su economía. En 2023, la gestora le puso delante un nuevo contrato, con la condición de perdonarle una deuda de más de 8.000 euros. “Me dió miedo y firmé, no tenía otra opción”, lamenta la mujer, que ahora tiene 37 años.

La PAH de Vallekas ha impulsado ahora una campaña con la que pretende revertir cientos de contratos que los inquilinos han firmado con la Sareb porque, consideran, contienen cláusulas abusivas. El de Giselle será el primero, pero esperan que detrás lleguen muchos más. Porque estas imposiciones, señalan, están presentes en unos 10.000 contratos. “Dan una idea de que para Sareb y para el Gobierno, todas y cada una de estas casas son activos financieros y no forman parte de ningún plan para desmercantilizar la vivienda”, señala Sonia García, una de las portavoces de la plataforma.

El abogado que llevará la demanda, Diego Redondo, expica, en conversación con elDiario.es, que la denuncia se basa en la Ley de Consumidores y Usuarios, que vela porque se mantengan los equilibrios entre arrendador y arrendatario. “La normativa establece un triple control de cláusulas; la primera es que serán abusivas si no se negocian entre uno y otro; luego está el control de transparencia, que vela porque el contrato esté redactado de manera accesible; y el tercero es el de abusividad, si existe una desproporción dentro de la cláusula”, señala.

Según la PAH de Vallekas, los contratos impuestos por la Sareb incumplen esos requisitos. Principalmente en lo referente a cuatro cláusulas, que son las que pelearán en los tribunales, aunque “puede haber más, y de hecho las hay”, considera Redondo. Estas tienen que ver con la de penalización, que obliga a los inquilinos a abonar el triple de la cuota diaria si deben abandonar la vivienda y no lo hacen, lo que tiene un efecto “disuasorio” a la hora de reclamar; la de costas; la de visitas, que los propietarios incluyen para poder comprobar el estado de la vivienda, algo que a juicio de Redondo “vulnera la inviolabilidad del domicilio”; y la que está vinculada al acompañamiento social.

Precisamente, en esta última está uno de los quid de la cuestión. Desde la Sareb explican que la bonificación del alquiler va vinculada a un acompañamiento social. Si las familias, señalan, no colaboran, este descuento desaparece y se carga la renta a precio de mercado. Ese acompañamiento tiene que ver con la solicitud de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o el bono social eléctrico y la colaboración, afirman los inquilinos, pasa por dejar entrar a cualquier operario en su domicilio en cualquier momento. “Va dirigido a que ellos mejoren sus ingresos y su situación socioeconómica, pero la bonificación se revisa una vez al año, en función de esos ingresos. La idea del programa es que se les pueda ir subiendo el alquiler”, admiten desde la entidad. Unas subidas que quedan fuera de la Ley de Vivienda, que las limita a un índice de precios en el que trabaja el Instituto Nacional de Estadística.

Este condicionante supone para las familias una tutela efectiva a cargo de entidades privadas, como el gestor inmobiliario Servihábitat. “Tendrías que informar si estás embarazada, si te despiden del trabajo, si te divorcias, si te coges una baja o solicitas una reducción de jornada”, enumera Redondo: “Te conviertes en el hijo de Sareb, un padre estrícto sobre el que tienes una serie de derechos y obligaciones con el objetivo de que puedas pagarles más”. Pau, una vecina de Carabanchel con una situación similar, admite un sentimiento de pertenencia: “Vivo con el agobio de que, si tengo cualquier cambio, se me va a castigar”.

"No queremos mediadoras, ni acompañamiento social, sino vivienda dignas y estables, fuera del mercado ahora y en el futuro"

Sonia García — Portavoz de la PAH de Vallekas

“No queremos mediadoras, ni acompañamiento social, sino vivienda dignas y estables, fuera del mercado ahora y en el futuro”, reivindica García, que reclama una “negociación colectiva que incluya a todos los inquilinos y precaristas incluidos en la camapaña”. “¿Cómo puede ser que en pleno debate sobre la vivienda y la carestía de los alquileres nosotros y nosotras, los hogares de menor renta, racializados, que hemos tenido que okupar casas para tener un techo, o con contratos vigentes que Sareb no respeta, tengamos que demostrar que merecemos una vivienda?”, señala, apuntando directamente a los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Saadia tiene 67 años y vive sola. Desde 2022 pagaba un alquiler de 249,90 euros, a través de domiciliación bancaria. “En agosto me coge el doble de dinero”, señala, mostrando dos recibos, por un importe de 482,22 y 472,77 euros, sin entender por qué. “Entre todas vamos explicando lo que pasa, cuando la gente está organizada somos capaces de darles una respuesta”, señala Sonia, que reivindica esa labor colectiva.

Servihabitat, la sociedad encargada de la gestión de la parte social de la Sareb, está formada por CaixaBank y el fondo Lone Star, con sede en Dallas. Ambas compañias obtuvieron desde 2019 unos dividendos de más de 3.000 millones de euros. “Es el aterrizaje de la privatización de los alquileres públicos”, lamenta García. “La política social de la Sareb la gestiona un fondo de inversión tejano”, insiste Diego, activista de la PAH, inquilino con su pareja, Mercedes, desde 2017 y que llevan a sus espaldas largos años de negociaciones con mediadoras, meses de alquiler no cobrados y amenazas de desahucio.

Según datos de la Sareb, actualmente hay firmados más de 8.000 alquileres sociales y más de la mitad de los hogares, en los que viven alrededor de 13.800 familias, han sido incorporados a su compaña de acompañamientos. Sin embargo, según la propia entidad, solo el 20% de las familias acompañadas han mejorado sus ingresos. Otras 2.000 viviendas se encuentran en el marco de diferentes convenios con las administraciones públicas.