La propuesta de la Comisión Europea para la reforma del mercado eléctrico es sólo el comienzo del camino, pero permite vislumbrar una nueva pelea en el seno de la UE. La propuesta desvelada oficialmente este martes no contiene grandes novedades respecto a los documentos que se habían filtrado en los últimos días, que están en línea de las peticiones de los países del Norte y de las grandes eléctricas. Y esta vez le tocará a España remangarse durante la presidencia rotatoria si quiere que la ambición de sus planes tenga algún reflejo en el futuro esquema del sistema energético europeo.
Por ahora, los planes de Bruselas se quedan lejos de la gran reforma que prometió la presidenta, Ursula von der Leyen, el verano pasado, en los peores momentos de la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania, cuando aseveró que “este mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo”. “Tenemos que estudiar una reforma completa del mercado de la electricidad”, apuntaló en una entrevista en elDiario.es. Por primera vez Bruselas se abría a la intervención del mercado a nivel europeo tras haber permitido la excepción ibérica para establecer un precio máximo al gas con el que se produce la electricidad en España y Portugal.
Frente a esa ambición inicial, los técnicos comunitarios han optado por dejar tal y como está el grueso de la fórmula basada en el sistema marginalista (por el que la tecnología más cara marca el precio final), al entender que durante dos décadas ha funcionado bien. Y, tal y como se esperaba, apuestan por incentivar la contratación a largo plazo mediante los acuerdos bilaterales de compra de energía (los conocidos como PPA) y los denominados contratos por diferencias (CFD) para impulsar el despliegue de las energías renovables.
Fuentes comunitarias indican que dar la vuelta al mercado supondría alargar los plazos de su entrada en vigor hasta incluso dentro de una década, cuando la intención ahora es que los cambios estén listos “el próximo invierno”.
Será al Gobierno español al que corresponda pilotar las conversaciones sobre la reforma durante la presidencia rotatoria de la UE que le corresponde en el segundo semestre de este año. El temor que trasladan algunos de los negociadores es que haya avances durante el liderazgo de los suecos, que son los que tienen las riendas hasta junio.
Tal y como se esperaba, la propuesta de la Comisión orilla la principal petición que España planteó en enero: poner un precio fijo a las centrales hidráulicas y nucleares ya existentes mediante los denominados contratos por diferencias, para evitar los beneficios excesivos de estas tecnologías. Una propuesta que las compañías eléctricas rechazaban de plano, con el argumento de que podría ahuyentar la inversión en un momento en el que Estados Unidos está ofreciendo un marco extraordinariamente atractivo para las inversiones en renovables a través de la denominada Inflation Reduction Act (IRA) y sus enormes subvenciones.
En estos contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés), se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior, es al contrario. La propuesta de Bruselas contempla esos CFD, pero solo para nuevas inversiones y para las repotenciaciones de plantas ya existentes.
Fuentes comunitarias explican que adoptar la medida que había propuesto España en enero, adelantándose al resto de países, supondría modificar “retroactivamente las condiciones en las que operan los productores” de energía para esas plantas ya construidas que, según el Gobierno español, están sobradamente amortizadas. La Comisión cree que con una medida así se enviaría “una señal negativa a los inversores” de cara al futuro.
La propuesta de Bruselas se basa fundamentalmente en los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) como fórmula para que los precios sean lo más estables posible. Esa sería, además, la manera que ve la Comisión Europea para limitar el peso del gas en el precio final de la electricidad. “Alemania está en línea con esto”, reconocen en la Comisión.
Sin embargo, se quedan fuera de la propuesta las exigencias de mayor transparencia en este tipo de acuerdos que pedía España, por el hecho de que muchos PPA se firman entre empresas del mismo grupo, por ejemplo, una generadora se lo vende a una comercializadora de la misma empresa, y hay poca visibilidad respecto a cómo se trasladan al usuario.
Intervención de emergencia
En cuanto a las intervenciones del mercado, la propuesta las limita a situaciones de crisis energética como la actual y no contempla mecanismos como la excepción ibérica para poner topes a los precios. Se podrán adoptar esas medidas de emergencia cuando se observen precios “muy altos” en el mercado mayorista que estén “sustancialmente por encima de la media de los últimos cinco años”, y se espere vayan a continuar durante “al menos 6 meses”. En esa situación, los gobiernos podrán subvencionar a las pymes hasta un 80% de su factura.
Esa es la fórmula con la que básicamente ha respondido Alemania a la crisis energética estos meses gracias a su músculo fiscal. Se trata de una medida que han propuesto otros países durante el periodo de consulta pública que abrió la Comisión Europea y que, desde luego, no es una propuesta española.
En un guiño a Francia, el documento incluye a las nuevas centrales nucleares entre las tecnologías susceptibles de recibir esquemas de apoyo público. La Comisión emplaza a gobiernos y empresas a tomar medidas para evitar los cortes de suministro de los clientes vulnerables. Y emplaza a las suministradoras a ofrecer la información sobre el coste de la energía de forma “comprensible” antes de la firma del contrato, “dada la creciente complejidad de las ofertas” en este mercado.
En los últimos días, el Ministerio para la Transición Ecológica había cargado contra la propuesta de Bruselas por considerar que le “falta ambición” y se requiere una reforma “real” del mercado “que responda al diagnóstico” y permita “una Europa más cohesionada y competitiva” que proteja a los consumidores y al tejido productivo.
Tras la publicación del documento de la Comisión, el departamento de Teresa Ribera dice que acoge “con satisfacción” la propuesta. “Lo que hace un año se nos decía que era imposible, hoy se plasma en una propuesta legislativa que se inspira y recoge buena parte de las soluciones propuestas por España para mejorar el diseño del mercado eléctrico” al colocar la defensa de los intereses de consumidores, industria y empresas “en el centro de la reforma del mercado eléctrico, con precios razonables , asumibles y predecibles”.
La reforma, subraya el ministerio, persigue reducir el impacto del precio del gas en el recibo de la luz y hacer que la transición energética “se haga con justicia social”, acercando a los consumidores el beneficio de las energías renovables de bajo coste, a la vez que seguir ofreciendo incentivos atractivos para la inversión. Y se recogen aspectos que había planteado España, como el impulso de los CFD y los PPA, los mercados de capacidad o “el interés de desacoplar el del gas y el carbón del mercado marginalista -sin que por ello se elimine-”.
“Ahora se abre un proceso de negociación en el que España volverá a jugar un rol determinante como Presidencia del Consejo de cara a enriquecer el texto”.
Valoración de Aelēc
En una nota remitida esta tarde, la patronal elécrica española AelÄ“c, a la que pertenecen Iberdrola y Endesa, valora “positivamente” la propuesta de Bruselas, que “apuesta por mantener el mercado interior de la electricidad y fomentar la contratación a plazo para aislarlo de la crisis de precios del gas”. El documento presentado este martes “no supone una ruptura del modelo de mercado existente en la Unión Europea, sino una evolución de este, pues reconoce que este diseño ha dado lugar a un mercado bien integrado, permitiendo que Europa se aproveche, en circunstancias normales de mercado, de las ventajas de un mercado único de energía, asegurando la seguridad del suministro y sosteniendo el proceso de descarbonización.
AelÄ“c cree que la propuesta tiene “áreas de mejora”, como el tratamiento de los mecanismos de capacidad y la solución que se plantea para el almacenamiento. Pero celebra que recoge que “los mercados mayoristas a corto plazo basados en precios marginales son esenciales para el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico ya que garantizan un despacho eficiente de la generación y de los activos flexibles y un comercio transfronterizo eficiente. Valoramos de manera especialmente positiva ver que esta característica esencial del diseño del mercado europeo de la electricidad no se cuestiona”.
Asimismo, Bruselas “plantea acertadamente que el desarrollo de los mercados y de los contratos de largo plazo es la forma más directa de trasladar a los clientes los beneficios económicos de la generación renovable. Se reconoce que Europa necesita seguir atrayendo la inversión necesaria para las tecnologías renovables y de bajas emisiones de carbono que impulsarán a Europa hacia la energía de emisiones netas cero y que la regulación debe garantizar una buena integración de todos los instrumentos”.
La propuesta de la Comisión “no incluye medidas de intervención estructurales ni de carácter retroactivo, que hubieran afectado de forma negativa a la cohesión del mercado único europeo, erosionando la confianza de los inversores y poniendo en riesgo la transición energética y el avance a una mayor autonomía energética en Europa”.