Los desempleados afectados por el endurecimiento de su jubilación en 2019: “Voy a perder más de 200 euros al mes”

Algunos se enteraron por estar conectados a la información política, otros a través de los sindicatos y, en ocasiones, de casualidad o por el aviso de algún otro afectado. “Les decías, ¿no lo sabes? Nos han cambiado con una ley las condiciones de jubilación. Algunos se llevaban las manos a la cabeza”, explica Javier, nombre ficticio de un ingeniero industrial que dejó su puesto en Telefónica en un ERE pactado en 2011 y al que le afecta el límite que impuso Rajoy a la llamada 'cláusula de salvaguarda' de la ley de pensiones de Zapatero. Esa cláusula ha permitido que los desempleados desde 2011 o que abandonaran sus puestos por un ERE o acuerdos de salida suscritos antes de la publicación de la ley pudieran jubilarse con la ley anterior.

Pero esa posibilidad, si el Gobierno no lo evita, se esfuma para “miles” de desempleados al concluir este año debido a un real decreto que aprobó en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy. En la norma, el Ejecutivo del PP puso fecha de caducidad a esta cláusula: 1 de enero de 2019. Estos trabajadores solo tienen acceso a la cláusula en caso de no volver a trabajar, por lo que en los casos individuales son parados de muy larga duración y, en la mejor de las opciones, son empleados que abandonaron sus puestos con salarios de compensación pactados en acuerdos colectivos con sus empresas.

“Firmas unas condiciones en un ERE, te vas y crees que eso está ahí, ¡porque lo has firmado! Y de repente te lo quitan”. Habla Milagros de la Morena Lucas, una administrativa de 60 años que también salió de Telefónica en el ERE pactado en 2011. Las condiciones de expediente de regulación implicaban abandonar la compañía a los 53 años y percibir un salario de compensación hasta los 63, mientras la empresa se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social. Con 63 años, los trabajadores podían jubilarse de manera anticipada dadas las carreras de cotización y requisitos exigidos con la legislación vigente en ese momento.

“Pero ahora con la legislación posterior no cumplo los mínimos de cotización y no me puedo jubilar a los 63 años en 2021”, explica Milagros. La caducidad de la 'cláusula de salvaguarda' le aboca a un periodo de tiempo en el que Telefónica ya no le abonará la paga compensatoria y tampoco recibirá la pensión. “Cuando yo ya contaba con que me podía jubilar, con la penalización por hacerlo dos años antes, pero podía”, explica con indignación la mujer. Tampoco puede jubilarse a los 61, de manera anticipada, porque los cumple en 2019 y tampoco llega al suelo de cotización, algo que sí alcanzaría con la normativa anterior.

La 'cláusula de salvaguarda' ha blindado a los trabajadores a los que se refiere de los nuevos criterios de jubilación de la reforma de 2011, más estrictos en cuestiones como la edad ordinaria de jubilación o los periodos de cotización exigidos para acceder al 100% de la pensión.

“Nos cambiaron las reglas a mitad de partido”

Javier sí puede retirarse a los 63 años aunque se aplique la legislación actual, porque llega –aunque “muy justo”– a los 35 años de cotización exigidos. En su caso la caducidad de la 'cláusula de salvaguarda' le implica una gran pérdida económica, por la combinación de varios factores: ampliar un año la antelación de la jubilación (ya que la edad ordinaria está situada en los 66 y no en los 65), unos coeficientes de penalización por el retiro anticipado algo más elevados y sumar una carrera de cotización que con la normativa anterior valía más.

“Yo contaba con una reducción de unos 40 euros al mes respecto a la pensión máxima con la cláusula, pero ahora son más de 200 euros menos, unos 250”, explica el trabajador. Fuentes de CCOO explican que esta suma tan elevada se ajusta a este tipo de casos, en los que se añade bastante tiempo a la jubilación anticipada y se cumple de manera muy justa el periodo de cotización exigido. En muchos casos la disminución será menor, pero sigue siendo una cantidad de dinero con la que contaban los trabajadores.

Javier explica que han recibido críticas por exigir el mantenimiento de la cláusula: “Mucha gente dice que somos unos privilegiados, con las pensiones altas que cobramos. No es un privilegio, hemos estado cotizando toda la vida por lo máximo y nos han cambiado las reglas a mitad de partido. Es de justicia”.

Una de las cuestiones que subrayan Milagros y Javier es la discriminación en las condiciones de jubilación entre trabajadores de un mismo ERE. Los que han tenido edad de jubilarse antes del límite impuesto por Rajoy se han acogido a la legislación anterior, pero el resto no podrá hacerlo. “Yo calculo que podemos ser unos 5.000 afectados en el ERE de Telefónica, es una discriminación por cuestión de edad”, lamenta Javier.

“Hay buenas palabras, pero necesitamos hechos”

Esteban, también ingeniero industrial de 60 años, se quedó sin empleo en 2010 y desde entonces no ha logrado reengancharse al mercado laboral. Su caso es de los afectados a nivel individual, no cuenta con una empresa que le abone salarios ni la Seguridad Social. Él mismo contrató, “por recomendación de la Seguridad Social”, un convenio especial para que su carrera de cotización no se viene afectada y no se resintiera demasiado su futura pensión. En su caso, tampoco puede jubilarse el próximo año porque no cumple los requisitos exigidos en la legislación actual.

Desde que se enteró de su situación ha hablado con sindicatos, partidos políticos, representantes del Pacto de Toledo... “Al principio me parecía que era una cosa como muy particular, pero afecta a mucha gente de una forma u otra”, apunta. Hasta ahora la Administración no ha facilitado datos sobre el número de afectados.

“A mí en la página de la Seguridad Social me cambiaron la edad de jubilación de los 65 a los 66 y ocho meses. Yo, que tengo conocimientos de informática, sé que eso implica un cambio para los afectados que se podría cuantificar. Si me das esa responsabilidad, en menos de una semana sé cuántos afectados hay”, apunta Esteban, que cree que no hay interés en dar a conocer el número real de afectados.

El Ministerio de Trabajo ha explicado a este medio que esta cuestión “se encuentra ahora pendiente de los informes que se están elaborando sobre ella en el seno de las diferentes Entidades de la Seguridad Social concernidas”. Los afectados piden al Gobierno de Sánchez que derogue el límite impuesto por el PP. “Nos llegan buenas palabras, pero no se concreta nada, necesitamos hechos”, sostiene Milagros, que cada semana llama al sindicato al que está afiliada (CCOO) para ver “cómo va la cosa”. Esteban y Javier también siguen la actualidad política con exahustividad, en la búsqueda de un real decreto que les afecte. “Solo quedan dos consejos de ministros”, subraya Esteban.