En el mercado de la vivienda hay una “marcada desigualdad de renta en función de la posición que se ocupa en el sistema”. Por un lado hay una “generación inquilina” que “proviene mayoritariamente de la población con menores ingresos, donde el elevado precio de los alquileres les lleva a situaciones de mayor empobrecimiento y precariedad”. Por otro, existe “una generación de caseros” que “se sitúa mayoritariamente entre las franjas de la población de mayor renta, a la que se suma además la transferencia de renta que recibe de los inquilinos”.
Esta es una de las conclusiones del análisis 'El Mercado del alquiler. Fuente de desigualdad', elaborado por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos. Una brecha de ingresos que queda reflejada en que “los hogares de caseros disfrutan de una renta mediana bruta anual de entre 50.604 y 56.473 euros”. En cambio, “la renta mediana bruta de los hogares de inquilinos se sitúa entre 19.758 y 26.288 euros”, apunta este análisis.
Los caseros también tienen más ingresos que aquellas personas que son propietarias de un piso o de una casa, pero no colocan esos inmuebles en el mercado del alquiler. En concreto, estos últimos hogares que habitan en viviendas de su propiedad alcanzan una renta mediana bruta que oscila entre los 30.000 y los 36.413 euros, según el informe, que tiene como autores a los investigadores Javier Gil, Miguel García-Duch, Lorenzo Vidal y Miguel A. Martínez.
Estos baremos, apunta el informe, se han obtenido de cruzar tres fuentes diferentes: la Encuesta de Condiciones de Vida, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE); los datos de la Agencia Tributaria; y la Encuesta Financiera de las Familias, que elabora el Banco de España.
El análisis acentúa que “los caseros se agrupan mayoritariamente en los segmentos” de población “de ingresos más elevados” y, aunque hay diversidad dentro de este grupo social, al igual que ocurre con los inquilinos, se pueden precisar más los datos. Así, los autores señalan que “entre el 73% y el 79% de los hogares de caseros se ubica en los dos cuartiles de renta más elevados”. En cambio, “entre los hogares inquilinos, solo entre el 25% y el 35% se encuentran en los segmentos de renta más altos”.
Si se mira el extremo contrario, los cuartiles de renta inferiores, los segmentos de ingresos más bajos incluyen al 65% y 75% de los hogares inquilinos, en comparación con el 21% y 27% de los hogares de caseros, respectivamente.
Con esas tres fuentes de datos, los autores han elaborado una ‘ratio de desigualdad entre caseros e inquilinos’. De esta forma, la renta de los primeros es entre 2,15 y 2,58 veces superior a la de los arrendatarios; y en torno a 1,46 y 1,69 superior a la de los hogares que viven en una vivienda de su propiedad.
También apuntan que “si se eliminaran los ingresos que perciben los caseros por el alquiler de sus propiedades, la desigualdad entre caseros e inquilinos disminuiría” pero “no obstante, incluso sin los ingresos derivados del arrendamiento, los hogares de caseros tendrían una renta mediana entre 1,82 y 2,13 veces superior a la renta mediana de los hogares de inquilinos”.
En concreto, el informe argumenta que en “el supuesto de que los ingresos derivados del alquiler se redujeran significativamente o desaparecieran, los caseros continuarían” manteniendo ese diferencial de rentas en positivo.
“Las evidencias de las fuentes estudiadas indican que, en caso de cesar la percepción de ingresos por alquiler”, estas rentas de “los caseros seguirían superando en aproximadamente 20.000 euros anuales a los ingresos de los hogares inquilinos”. “Esta deducción no solo subraya una marcada desigualdad entre caseros e inquilinos, sino también el papel del alquiler como un potente mecanismo de amplificación y reproducción de la desigualdad socioeconómica”, concluyen.
Los autores instan a poner en marcha medidas que supongan revertir esta situación en la que el alquiler se convierte en una causa de desigualdad. “Cualquier medida que no incluya políticas para reducir la transferencia regresiva de rentas de los inquilinos hacia los caseros, está destinada a cimentar una grieta social cada vez más ancha”, explican.
“Las actuales medidas para limitar la subida de los precios de los alquileres pueden mitigar el crecimiento de la desigualdad social”, aducen. “Por ende, la implementación de políticas orientadas a la reducción de los precios del alquiler, con el objetivo de ajustarlos a los ingresos de los hogares inquilinos para satisfacer sus necesidades residenciales básicas, podría reequilibrar la severa desigualdad social destacada en el presente estudio.
Entre esas medidas, Javier Gil, investigador María Zambrano del Departamento de Sociología de la UNED, explica que son necesarios “controles de los alquileres más estrictos”, que los planteados con el actual índice de precios para zonas tensionadas que, de momento, solo está en vigor en Catalunya. Se necesitan, ahonda, “índices basados en los salarios y no en precios de mercado. Una regulación más contundente, que tenga en cuenta las rentas medianas de barrios, distritos o zonas tensionadas, además de los tipos de vivienda, su antigüedad y sus servicios”.
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