Desde el 1 de junio -fecha en la que se comenzó a generar el derecho a la paga extra de diciembre- hasta el 14 de julio -el día en que el Gobierno de Rajoy aprobó otra batería de recortes, entre las que estaba la supresión de la paga extra del personal público- pasaron 45 días. Un mes y medio de paga de Navidad al que funcionarios y personal laboral tienen derecho, según sindicatos y algunos expertos, y que la plataforma de sindicatos del sector público (integrada por CCOO, UGT, CSIF y más de treinta asociaciones sectoriales) pelearán en los tribunales.
La plataforma se ampara especialmente en el principio de irretroactividad de las leyes, es decir, en que la norma sólo puede aplicarse una vez que se aprueba pero no sobre el periodo anterior. “En esos días previos a la aprobación de la norma no se puede aplicar el cambio y, por tanto, se pueden reclamar esas cantidades”, explica el representante de CC OO en la plataforma, Francisco Cabezas.
Esta reclamación se suma a la que los sindicatos harán para exigir en los tribunales la reposición de toda la paga extra de Navidad.
En Internet circulan varios modelos de formularios para reclamar estas cantidades, pero desde la plataforma insisten en que es preferible llevar a cabo una acción colectiva, y desaconsejan las reclamaciones individuales. “Nuestra reclamación será colectiva y su resultado, sea cual sea, afectará a todos los empleados. La demanda colectiva tiene más fuerza, además, hacerlo de forma individual puede implicar que se vaya generando jurisprudencia contraria a lo que pretendemos. Si, por ejemplo, una persona reclama, le niegan su parte de la paga, y luego ganamos la demanda colectiva, a esta persona no le será de aplicación”, señala la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT, Carmen Barrera.
La plataforma iniciará la reclamación a comienzos de enero, una que vez que ya haya constancia del impago de la extra, que debería producirse ente mediados y finales de diciembre. En el caso del personal laboral, se tratará de una demanda conjunta de conflicto colectivo; mientras que en el caso del funcionariado lo harán en lo contencioso administrativo. Serán dos vías diferentes debido a que los primeros se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, mientras que los segundos lo hacen por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Los sindicatos también pedirán a la Defensora del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la supresión de la paga extra ante el Tribunal Constitucional.
Algunas comunidades, como Extremadura y País Vasco, han anunciado su intención de abonar la paga extra de diciembre al personal público. La plataforma rechaza la fórmula de Extremadura, ya que supone adelantar parte de las pagas de 2013, pero no restituir la extra como tal. “Si hay comunidades que quieren pagar a los funcionarios, que busquen fórmulas como por ejemplo establecer pagas compensatorias que se mantengan”, dice Barrera.
En el caso de País Vasco, sí mantendrá la paga como tal puesto que tiene competencias para hacerlo. No obstante, el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional cualquier medida que contravenga el decreto ley en el que suprimió esta parte del sueldo de los empleados públicos.