Díaz Ferrán sigue creyendo en España y en sí mismo
La solicitud de Gerardo Díaz Ferrán de acogerse a la justicia gratuita, conocida a las pocas horas de que se sentara por primera vez en el banquillo, parecía una muestra del declive irreversible del empresario. El escenario que le esperaba este miércoles no mejoraba la perspectiva: una discreta sala de vistas, que no conoce juicio mediático, en la sede provisional de la Audiencia Nacional. Muchos periodistas y ningún amigo. Pero fue entrar en la sala, quitarle las esposas y disiparse cualquier duda acerca de la herida que pudiera haber abierto en Díaz Ferrán un año entre rejas.
Llegó a empresario de éxito sin título, sin apellido y sin ideas brillantes. Y una acusación de dos años por defraudar 99 millones de euros no iba a amilanarle a su edad. Pasadas las 12 de la mañana, Gerardo Díaz Ferrán ocupaba su sitio en el banquillo de los acusados. Lo hacía luciendo intenso moreno de patio de cárcel, chaqueta azul, corbata celeste, pantalón gris y camisa de cuadros. Algo sucia y ajada, pero bien visible en su muñeca izquierda, Díaz Ferrán lleva anudada una cinta con la bandera de España. Reproducimos literalmente el diálogo.
–¿Edad? –preguntó el juez.
–Setenta –respondió el acusado.
–¿Profesión?
–Empresario.
–Está usted en prisión.
–Preventivo –se apresuró a precisar Díaz Ferrán.
–¿Por qué delitos? –inquirió el magistrado Vázquez Honrubia.
–Ahora mismo no recuerdo –dijo el acusado.
–¿Delitos económicos?
–Sí, podríamos decir eso.
Al poco de comenzar su interrogatorio, el magistrado ofreció sentarse a Díaz Ferrán, a pesar de encontrarlo en “una perfecta forma física”. “Intento conservarme lo mejor posible”, contestó él al cumplido. Y allí, en la misma silla que ocupa Luis Bárcenas en sus encuentros con el juez Ruz, comenzó a escuchar las preguntas del fiscal. No tardó en salirle el deje de mandamás que fue y el juez tuvo que corregirlo. “No hay delito fiscal ni lo ha habido nunca”, llegó a concluir el acusado, antes de que Vázquez Honrubia le recordara que determinar eso sólo le corresponde al tribunal.
Díaz Ferrán y su compañero de banquillo, Antonio Mara –expresidente de Air Comet– se enfrentan a dos años y cuatro meses por hechos que se remontan a 2011. Aquel año, Air Comet compró a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el 99,2% de Interinvest, una mercantil argentina que poseía casi la totalidad de Aerolíneas Argentinas.
El precio fue de un dólar y el acuerdo se cerró con el compromiso de que la SEPI aportaría hasta 300 millones de dólares, sólo para que Air Comet satisficiera pagos de los acreedores de Interinvest. Pero Air Comet destinó el dinero, según el fiscal, a subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos y recuperar así el 40% de lo invertido. El fraude a Hacienda por impago del Impuesto de Sociedades asciende a 99 millones de euros, según la acusación.
Díaz Ferrán ha pedido ahora acogerse a la justicia gratuita para no tener que pagar las tasas. Si se le concede, dispondrá de un abogado de oficio. Recientemente había solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid que le asignara una cantidad mensual para comida y productos de higiene personal, “indispensables y necesarios para su supervivencia”. Él y su esposa, alegó, atraviesan una situación “crítica”. Sólo en inmuebles, Díaz Ferrán llegó a acumular 88 millones de euros, según un informe de la policía.
En el receso de la vista, Díaz Ferrán se quedó solo con Mata, el otro acusado, en la sala. Cinco policías los custodiaban. Ni familia, ni amigos. Durante unos minutos, ambos se dieron la razón. Por la tarde continuó el juicio, que está previsto que se prolongue hasta el viernes. A su conclusión, Díaz Ferrán extendió las manos hacia el policía. Allí fueron a cerrarse las esposas, que tuvieron que pelear con la bandera de España por hacerse un hueco en su muñeca izquierda. Y así regresó a Soto del Real en furgón de la Guardia Civil el hombre que en 2010 sólo veía una forma de salir de la crisis: “Trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos”.
Tres plantas más arriba, el fiscal Daniel Campos había entregado el día anterior un escrito al juez Eloy Velasco apremiándole a cerrar la instrucción de la ‘operación Crucero’, que investiga el expolio del Grupo Marsans. Cuando eso ocurra, Díaz Ferrán, su hijo, su compañero de cárcel Ángel de Cabo y ocho más se sentarán en el banquillo por insolvencia punible en la modalidad de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal.
