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Díaz Ferrán pasará mañana a disposición judicial por Operación Crucero

EFE

Madrid —

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración mañana a los detenidos en la “Operación Crucero”, entre los que destaca el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario valenciano Ángel de Cabo, que le ha venido prestando ayuda desde 2010 para ocultar bienes y evadir capitales.

Díaz Ferrán, que se encuentra en la Comisaría de Canillas, a donde fue trasladado ayer tras su detención, pasará a disposición judicial junto a los otros ocho detenidos, que se encuentran en su mayoría en Valencia.

Entre los detenidos destaca la secretaria de De Cabo, Susana Mora, y su cuñado, Teodoro Garrido, que era el administrador de la sociedad Esser International 21, que supuestamente aglutina buena parte de los bienes del valenciano.

La Policía también detuvo ayer a Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jimenez.

La investigación de la Audiencia Nacional se inició a raíz de una denuncia presentada por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, que reclaman más de 45 millones de euros a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual, que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el aluvión de reclamaciones de los acreedores de Marsans.

La denuncia presentada por Meliá y Orizonia y AC Hoteles y Pullmantur daba cuenta de numerosas transmisiones de activos que fueron detectadas por las administraciones concursales que supervisan los concursos de acreedores como personas físicas de Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio.

En el marco de la investigación, la Audiencia Nacional ha bloqueado hasta el momento cerca de 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador que el entramado de Ángel de Cabo trataba de sacar fuera de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y de otras vinculadas directamente a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.