El enigma de Rajoy: recortar gasto sin tener margen y mejorar el déficit sin subir impuestos

Al Gobierno le toca pasar el examen de la troika este viernes. “No quiere”, como recuerda sin sonrojo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy constantemente, pero no le queda otro remedio que hacerlo porque Europa obliga. Una vez superado este trance de anunciar nuevos recortes, la recompensa es obtener hasta dos años de respiro para conseguir el objetivo de déficit marcado por Bruselas, que podría retrasar hasta 2016 la quimérica cifra del 3%.

Para conseguir este aparente desahogo, el Ejecutivo de Rajoy está pactando con Bruselas un nuevo cuadro con previsiones macroeconómicas realistas, que dejarán la caída del PIB en este ejercicio en un 1,6%, y las medidas necesarias para adaptar los presupuestos generales del Estado a estas nuevas perspectivas. Cabe recordar que las cuentas se hicieron con un horizonte de una tímida caída del 0,5% de la economía, y al triplicar la contracción es necesario redimensionar las líneas de gasto.

Pero poco margen tiene el Ejecutivo de Rajoy para limar las expensas del Estado. Ya el año pasado hizo un cruento ejercicio de cercenar prácticamente todos los gastos accesorios y ni con esas ha logrado frenar la fuerza de la inercia del gasto público, que ha repuntado de nuevo en 2012 (también porque se mide en proporción al tamaño de la economía que no deja de menguar). Tampoco tiene mucho terreno en el lado de los impuestos, donde el propio presidente rechazó el miércoles en el Congreso que fuera a anunciar subidas, aunque muy probablemente se refería solo a las partidas de IVA e IRPF.

Pero el Ejecutivo conservador no tiene más remedio que dar una prueba de vida de sus buenas intenciones en cuanto a seguir con rigor la disciplina fiscal a la que oficialmente aún no se quiere renunciar. Todo apunta a que el Gabinete de Rajoy intentará refritar algunas de las medidas de ahorro ya anunciadas y que buscarán en el cajón las reformas pendientes para darles un barniz de novedad. Unos fuegos de artificio que calmen a los hombres de negro, aunque luego no pueda materializar.

Sin embargo, no se puede descartar que Rajoy, azuzado por sus compromisos internacionales se vea obligado a arañar alguna de las partidas de gasto más importantes y las únicas que, realmente, hacen mella en el presupuesto del conjunto de las administraciones. En tal caso, el sueldo de los funcionarios y la nómina de las pensiones son las partidas, junto con las prestaciones de paro, que se llevan el grueso del gasto estatal. Sin embargo, estos tres colectivos están ya demasiado vilipendiados como para poder resistir recortes de cualquier tipo.

Empleados públicos

En el caso de los funcionarios, hace muy poco el Ejecutivo tranquilizó a CSIF, uno de los principales sindicatos entre los empleados públicos, asegurando que este año no se tocaría la paga extra. Huelga decir que la promesa del Gobierno puede caer en saco roto, pero lo cierto es que volver a castigar a los empleados públicos sin una parte tan importante de su nómina podría ser la gota que colma el vaso de estos profesionales que han visto reducir de forma sitemática su retribución. Con todo, puede ser que se reforme su masa salarial a priori de una forma menos dramática. Bien mediante la ampliación de su horario o bien mediante algún retoque en su contribución al sistema de pensiones o a los seguros médicos.

En cuanto a las pensiones y el desempleo, ayer los secretarios generales de CCOO y UGT aseguraron que la ministra, Fátima Báñez, les había tranquilizado con el compromiso de que no se tocarían estas partidas. De nuevo la palabra de un político no puede ser considerada como grabada en oro, por lo que el Ejecutivo podría meter mano en estas dos partidas tan sensibles, aunque es poco probable que lo haga con tajazos al uso.

Estas partidas ya han sufrido varapalos en anteriores baterías de recortes. En el caso de las prestaciones de paro, en julio el Gobierno redujo la cuantía que se cobra a partir del séptimo mes: desde julio, los nuevos perceptores cobran una prestación calculada sobre el 50% de su base reguladora, en lugar del 60% como hasta entonces.

El Ejecutivo también endureció considerablemente los requisitos para acceder al subsidio para mayores de 55 años.

En cuanto a la ayuda de 400 euros para personas que agotan sus prestaciones, Rajoy se comprometió a mantenerla hasta que la tasa de paro no baje del 20%. Los requisitos para cobrarla ya se modificaron en julio, haciendo más difícil ser beneficiario. De hecho, el Gobierno aún no ha dado datos de las personas que han solicitado y que han cobrado la nueva ayuda.

Por otro lado, también se recortaron las prestaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a los trabajadores de empresas que entran en concurso de acreedores o se declaran insolventes. Sin embargo, y dado el colapso del organismo, el Gobierno tiene sobre la mesa la privatización de parte de su gestión.

Pensiones

La segunda reforma de las pensiones ya está en marcha. Tras los cambios pactados entre el Gobierno de Zapatero y los agentes sociales en 2011, el Ejecutivo prepara una nueva reforma basada en el llamado factor de sostenibilidad. Este factor es un mecanismo para ligar automáticamente las pensiones a determinadas variables económicas, demográficas o de ambos tipos.

En la práctica esto supondrá bien un endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación, una ampliación de la edad de retiro más allá de los 67 años, o bien ambas cosas. Por otro lado, la actualización de las pensiones dejará de estar ligada únicamente al IPC, como hasta ahora.

Aunque el Gobierno ha formado un grupo de expertos para que elabore un informe con recomendaciones sobre el asunto y quiere después tramitar la reforma como proyecto de ley, ya ha hecho circular un documento en el que baraja varias posibilidades, según adelantaron Expansión y la Cadena Ser.

En el texto, el Ejecutivo reconoce que el factor puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, la ampliación de la edad de jubilación más allá de los 67 años y la indexación de las pensiones (es decir, su actualización conforme al IPC). El Gobierno menciona la posibilidad de que aumente el número de años cotizados para poder cobrar el 100% de la pensión. Además, el documento alaba la fórmula aplicada en otros países europeos que consiste en actualizar las pensiones no solo teniendo en cuenta el precio de la vida, sino otros factores, como la evolución media de los salarios o la productividad de la economía.

Con todo, este viernes el Ejecutivo aún no podría hacer un anuncio de la reforma, ya que tiene un mes de plazo para llegar a una conclusión. Se podría dar el caso de que se instalara un periodo de interinidad, en el que las pensiones se dejaran de actualizar automáticamente con la inflación. También se puede cambiar la referencia por la inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) o la inflación a impuestos constantes, que rebajaría mucho la factura.

Por otro lado, una sentencia del Tribunal Constitucional obliga al Gobierno a revisar la forma en la que cotizan los empleos a tiempo parcial: el alto tribunal consideró que la actual es inconstitucional, porque lesiona el principio de igualdad y es discriminatorio por razón de sexo. En todo caso, esto obligaría al Ejecutivo a desembolsar unos 1.900 millones de euros para compensar a las personas que ahora reclamen una nueva pensión, un coste que el Ministerio de Empleo ya ha dicho que le parece inasumible.

Mercado laboral

Vista la dificultad de recortar en estas partidas, lo más factible es que el Ejecutivo anuncie una panoplia de medidas de escaso calado en cuanto al coste, pero con fuerte contenido político o ideológico. Podría ser que se anunciara definitivamente la posibilidad de que las mutuas de trabajo puedan tener la última palabra en el alta de un trabajador, una reforma que el Gobierno tiene en marcha desde hace ya algunas semanas y está sometiendo a consulta de las partes. También se podrían acelerar los convenios para que actúen agencias de colocación privadas en las comunidades autónomas o forzar algún nuevo ajuste en la reforma laboral que limite la capacidad de los jueces para discutir la procedencia de los ERE que se aplican por causas económicas.

En realidad, una “flexibilización” de la reforma laboral, es decir, una nueva vuelta de tuerca, es una de las demandas que con más insistencia llegan desde los organismos internacionales. De producirse, se haría sin ningún contacto previo con los sindicatos, lo que sin duda deparará una fuerte contestación social.

En cuanto a otras posibles medidas, hay unas cuantas archivadas en los ministerios que convendría sacar para dar la sensación de reformas que tanto gusta destacar al Ejecutivo. Así, Mariano Rajoy prometió que su Gobierno aprobaría una Ley de Emprendedores en sus primeros cien días de mandato. Sin embargo, después de más de un año, la norma sigue sin ver la luz. Aunque el Ejecutivo ha ido aprobando diferentes medidas dirigidas a los autónomos, esta podría ser la ocasión para anunciar su aprobación. La medida central sería el cambio en la forma en la que los autónomos y pymes pagan el IVA: si finalmente se aprueba el llamado criterio de caja, el impuesto se abonará una vez se cobren las facturas y no cuando estas se emiten.

El Gobierno también podría anunciar algún cambio en las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que no supusiera un incremento del gasto sino de los criterios y objetivos con los que se conceden.

Otras medidas

La otra tierra prometida es la liberalización de los servicios profesionales, que debería haberse aprobado en el primer trimestre del año. Esta ley ómnibus trae muchos quebraderos de cabeza al presidente, que tiene que soportar la resistencia de los colectivos más cercanos a él como los registradores, notarios o los colegios profesionales. Varios medios aseguran que el anteproyecto de ley, adelantado por Vozpópuli, puede ver la luz este viernes. De ser así, dará que hablar durante semanas porque los colectivos afectados, farmacéuticos, abogados o arquitectos advierten de que harán mucho ruido con su aprobación. También se podría dar una nueva vuelta de tuerca a la liberalización de los horarios comerciales o a las licencias comerciales de las superficies.

Por el lado de los ingresos, el Ejecutivo tiene también un escaso margen. Sin subir el IRPF podría anunciar que continúa su “recargo de solidaridad temporal” que en principio se terminaba en este ejercicio. En cuanto al IVA se especuló con una posible “reestructuración” del impuesto, que no está claro cómo se puede traducir. Lo más plausible es que se opte por una nueva batería de impuestos verdes, que tienen una gran aceptación por todos los públicos. Precisamente, el tema de la energía también puede ser uno de los frente que se ataquen, con la imperiosa necesidad de atajar el lastre que supone el déficit de tarifa.