El dilema de los preferentistas de Caja España-Duero

Alrededor de 15.000 clientes de Ceiss, el grupo fruto de la fusión Caja España-Duero, que adquirieron participaciones preferentes o deuda subordinada de estas entidades se preguntan desde hace semanas si les conviene o no aceptar la oferta de canje propuesta por la malagueña Unicaja.

Los inversores mayoristas o institucionales han optado en masa por ofrecer sus títulos a Unicaja, conscientes de que la propuesta de la entidad andaluza es la mejor alternativa de futuro para Ceiss y para la recuperación de su inversión inicial.

Según los datos facilitados a Efe por el FROB, el fondo de rescate español, un 99,4 % de los inversores mayoristas ya ha aceptado la oferta, sin embargo los pequeños ahorradores parecen más rezagados, lo que explica que, en total, la propuesta de Unicaja cuente actualmente con un respaldo total de un 58 %.

Las previsiones son que esa cifra siga creciendo hasta el próximo lunes y se alcance más del 60 % de aceptación, lo que permitiría que la oferta siguiera adelante.

Si la propuesta de Unicaja finalmente no prosperara -escenario no barajado por el FROB-, expertos del sector consultados por Efe coinciden en que estarían en juego unos 1.150 millones invertidos por los preferentistas.

Si la fusión salta por los aires, el Estado se vería obligado a nacionalizar Ceiss, canjeando por acciones los 600 millones en bonos convertibles (“cocos” en el argot financiero) que inyectó en el grupo, para pasar a controlar al menos el 50 % de la entidad, como establece el Plan de Resolución de la entidad aprobado por Bruselas.

Otro porcentaje quedaría en manos de los grandes inversores y el resto sería para los pequeños ahorradores. Este escenario supondría que los 800 millones invertidos en “híbridos” y en manos de clientes minoristas valdrían mucho menos que los 600 millones del Estado.

O sea, un nuevo recorte al valor de lo invertido en su día por los preferentistas, que además recibirían acciones de una entidad que no cotiza y, por tanto, no podrían venderlas para recuperar parte de su inversión.

En cuanto a la posibilidad de que pudieran optar a un arbitraje con la aspiración de demostrar que hubo mala praxis en la venta de sus preferentes, los expertos advierten de que Ceiss, en solitario y a diferencia de Bankia, Novagalicia o CatalunyaBanc, no cuenta con un capital por encima de los requerimientos mínimos de solvencia.

En esa situación parece poco probable que pudiera ofrecerse un arbitraje como en las entidades ya nacionalizadas.

Ante esta encrucijada, la única vía para que estos clientes atrapados pudieran recuperar su inversión sería que el Estado recurriera de nuevo al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de aportaciones de la banca, para que éste compre esas acciones y los pequeños inversores obtengan liquidez. Aún así, habría que aplicar un tercer recorte.

Quizá por ello en el FROB admiten que por ahora no manejan otra alternativa que el triunfo de la oferta de Unicaja e insisten en que deja abierta la puerta a todos los clientes minoristas de Ceiss para pedir el mecanismo de revisión que aprobó el FROB el pasado noviembre, si así lo creen oportuno.

Gracias a este mecanismo gratuito y alternativo a la vía judicial, los clientes pueden lograr que se les reconozca que se les vendió preferentes o deuda subordinada de forma irregular, con lo que el Estado les devuelve su inversión inicial.

Una parte en efectivo y otra en bonos convertibles de Unicaja, con una rentabilidad media del 5 %. Además, habría que considerar el diferencial de intereses que ya han recibido pues las preferentes daban más intereses que un depósito tradicional.

Si la comercialización se realizó de forma transparente y el perfil del cliente hace pensar que entendía el producto que compraba, Unicaja, además de darle un bono convertible, les compensará en efectivo por una parte de la inversión original, con lo que podrán recuperar entre un 35 % y un 60 % de su inversión.

En el caso de que triunfe la oferta de compra del grupo andaluz sobre Ceiss y haya clientes que no acudan a la misma, éstos se quedarán con unos bonos de Ceiss que, muy probablemente, se convertirían en acciones que no se pueden vender en el mercado. En este supuesto no cabría ni el arbitraje que han tenido las otras entidades nacionalizadas ni la intervención del FGD.

Si, al final, un juez les da la razón, recuperarán su dinero, pero si no es así, quién sabe qué pasará con ellos.

Mario Betancort