INVESTIGACIÓN
La relación de adjudicaciones a Ferrovial del actual diputado del PP en Cantabria César Pascual va más allá del hospital de Valdecilla (Santander), el megacontrato de 900 millones de euros que le otorgó en noviembre de 2013, cuando la multinacional fichó a su hija.
El actual portavoz de Sanidad del PP en Cantabria, que en 2015 blindó a la compañía de penalizaciones por posibles incumplimientos en Valdecilla durante dos años con una controvertida resolución, firmó en 2017 otra adjudicación de 3,2 millones para la empresa de la familia del Pino, que meses después, en abril de 2018, contrató a su hijo.
Pascual fue imputado entonces por supuesta prevaricación en otro concurso que benefició a Ferrovial, y esta acabó renunciando a esa nueva adjudicación firmada por el hoy diputado. La investigación penal se quedó en nada y el político conservador acabó exonerado de esa investigación judicial meses después.
Como reveló elDiario.es, Pascual, médico, gestor sanitario y considerado el 'gurú' del PP cántabro en esta materia, tiene a sus dos hijos, ambos ingenieros, trabajando en el gigante español de la construcción y los servicios. Ferrovial es protagonista estos días por su polémica mudanza a Países Bajos, que va a someter a la votación de la junta de accionistas este jueves.
Una operación que el Gobierno rechaza de plano y que, según el Ejecutivo, puede comportar un gran coste fiscal para la multinacional si llegado el caso la Agencia Tributaria demuestra que no tiene un motivo económico válido detrás. A la mudanza se opondrá en la junta del jueves el mayor fondo soberano del mundo, el de Noruega, dueño de un 1,5% del grupo. También se prevé el voto en contra del cuarto accionista de Ferrovial y hermano del presidente, Leopoldo del Pino (4,5%). Eso no significa que luego esos accionistas ejerzan su derecho de separación vendiendo sus acciones para rechazar el cambio de sede a un precio (fijado en 26 euros) inferior a la actual cotización del grupo.
Como contó este medio, la hija del todavía hoy diputado popular, Andrea Pascual, entró en Ferrovial, en la que permanece, en noviembre de 2013. Ese mes, César Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, eligió al grupo para encomendarle el mayor contrato sanitario de la historia de Cantabria, con una vigencia de 20 años y por los citados 900 millones, para terminar las obras de reconstrucción del hospital y privatizar la veintena de servicios no asistenciales del centro.
“En el mundo gigantesco y multimillonario de Ferrovial mi relación con ellos se limita únicamente a ese contrato de hace 9 años políticamente controvertido aunque técnicamente y jurídicamente intachable”, aseguraba hace unos días a elDiario.es Pascual, a preguntas sobre una adjudicación que el PSOE califica como “la mayor privatización encubierta de servicios públicos en Cantabria”
Sin embargo, ese contrato no es el único que vincula a la constructora de los Del Pino y al todavía diputado del PP y portavoz de Sanidad de los populares en el Parlamento cántabro, que en junio de 2015 blindó a Ferrovial durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos en Valdecilla mediante una resolución que el Ejecutivo del PRC y el PSOE acabaría declarando “lesiva para el interés público”.
Pascual, que tomó esa decisión cuando el Gobierno que le había nombrado (entonces del PP) estaba ya en funciones, no tardó en cambiar de aires. En julio de 2015, la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes como presidenta regional, le nombra director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Y en ese cargo, el 11 de agosto de 2017, tal y como consta en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, firma una resolución por la que se acuerda adjudicar a Ferrovial Agromán, SA, el contrato de obras de reforma interior de la UCI Pediátrica del Hospital Universitario La Paz por un importe, sin contar el IVA, de 3.178.168.75 euros.
Ferrovial, que a preguntas sobre este asunto ha declinado hacer comentarios, se adjudicó esos trabajos tras aceptar una rebaja del 35% (más de dos millones de euros) entre el presupuesto base de licitación (de casi 6 millones, si se incluye el IVA) y el importe de adjudicación, que sumando el IVA fue de 3.845.584 euros. Al proceso se presentaron más de una decena de ofertas y la de Ferrovial recibió la máxima puntuación.
Pascual señala que en este caso no tenía ningún motivo para inhibirse, porque, explica, él se limitó a firmar la resolución de adjudicación y no intervino en el proceso. Esa es su respuesta, preguntado por el evidente conflicto de interés derivado del hecho de que, en aquel momento, su hija llevaba ya casi cinco años reclutada en Ferrovial, compañía para la que sigue trabajando. Actualmente Andrea Pascual es, de acuerdo con su perfil en LinkedIn, project manager en la ampliación del aeropuerto JFK de Nueva York, una de las obras más emblemáticas que el grupo de la familia Del Pino tiene entre manos.
“En esa Resolución yo firmé por delegación por ausencia del titular que era el viceconsejero de Sanidad y no participé en absoluto en ningún punto del procedimiento de contratación”, expone César Pascual en un correo electrónico en el que subraya que el procedimiento fue gestionado de principio a fin por la gerencia del hospital de La Paz. “No participé en nada y solo sustituí en la firma al titular”. “Yo me limité a proceder conforme la norma a dictar resolución sobre la propuesta de la Mesa”, afirma.
Pascual sí gestionó de principio a fin el megacontrato de Valdecilla. En este caso, el diputado del PP también defiende que no tenía por qué abstenerse, pese a que Ferrovial acababa de contratar a su hija cuando firmó la adjudicación, “puesto que no había alternativas”, ya que en el proceso de selección mediante el procedimiento de “diálogo competitivo” acabó quedando solo un único licitador, el grupo de la familia del Pino.
Unos meses después de la adjudicación de la reforma de UCI pediátrica de La Paz, en abril de 2018, el hijo del actual diputado del PP, César Pascual, también entró a trabajar en Ferrovial, empresa en la que actualmente es jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
Y también en abril de 2018 Pascual fue imputado junto a otros tres altos cargos del gobierno madrileño por supuesta prevaricación en el concurso sobre el transporte de ambulancias a hospitales del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) que adjudicó el servicio a la multinacional de los Del Pino. Meses después, en octubre de 2018, trascendía que Ferrovial había renunciado al contrato de reforma de la UCI pediátrica de La Paz, alegando problemas burocráticos por retrasos en las licencias del Ayuntamiento de Madrid.
La investigación sobre la adjudicación de las ambulancias del SUMMA se archivó a principios de 2019, con Pascual ya cesado en el Gobierno madrileño, tras la dimisión de Cifuentes. El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid decretó el archivo de la querella que había presentado la empresa que había quedado primera en ese concurso, Ambulancias Alerta, cuya oferta fue la más barata, de 72,3 millones.
Esta empresa aportó grabaciones en las que los altos cargos del gobierno madrileño (entre ellos, César Pascual) presionaban para que renunciaran al contrato porque, sostenían, habían ofrecido una rebaja excesiva. Alerta acabó renunciando y el contrato se lo quedó por 76 millones la segunda clasificada, Ferrovial, que ya venía prestando ese servicio con anterioridad.
“Participé en una investigación por un conflicto con Ambulancias Alerta, pero no tenía nada que ver con Ferrovial. Se mezcla todo. Yo no era órgano de contratación ni estaba en la mesa de contratación”, declaró hace unos días Pascual a elDiario.es
Tras archivarse ese procedimiento judicial, el todavía diputado concurrió como número 7 de la candidatura del PP de Cantabria a las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Pascual ya ha anunciado que no va a repetir como candidato en las autonómicas del próximo 28 de mayo. Los sondeos dan una mayoría insuficiente para gobernar a la actual presidenta del PP regional y candidata autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que era la vicepresidenta y consejera de Sanidad que le nombró gerente de Valdecilla.
La renuncia de Ferrovial a los trabajos de renovación de la UCI pediátrica de La Paz obligó a volver a licitar esas obras en el hospital madrileño. Finalmente estas fueron adjudicadas en 2019 a OHL por un importe superior al que había ofrecido Ferrovial (de 3,88 millones, más IVA), tras una nueva licitación en la que, a diferencia de la anterior, no hubo competencia: solo se presentó la constructora que entonces todavía controlaba la familia Villar Mir, que formó parte, junto a Ferrovial y el resto de grandes constructoras, de un cártel que manipuló durante décadas miles de licitaciones en España y que fue desmantelado el verano pasado. Las nuevas instalaciones de La Paz fueron inauguradas en septiembre pasado.
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