Los papeles de Panamá, la filtración de millones de documentos que revelan la creación de miles de cuentas offshore para evadir impuestos, estarán muy presentes la semana que viene en Estrasburgo durante la celebración de la sesión plenaria. La polémica levantada por esta filtración masiva ha provocado que el próximo martes 12 de abril los Panamaleaks se debatan toda la tarde, y dos días después se votará una directiva que tiene que ver con la revelación de secretos comerciales y, por tanto, con este último escándalo.
Se trata de la “Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgada”, también conocida como “directiva de secretos comerciales”. Propuesta por primera vez en 2013 por la Comisión Europea, su contenido ha disparado las alarmas, sobre todo en partidos de izquierda y ONG. Llega a contemplar “medidas cautelares” para la filtración de documentos si esta no ha obrado de buena fe, siempre de acuerdo con la letra pequeña.
El texto lleva tres años negociándose y ha necesitado de reuniones a tres bandas entre Comisión, Eurocámara y Consejo de la UE para finalmente ser enmendado y aprobado en comisión plenaria en enero pasado. “Las medidas que contiene esta directiva no deberían restringir la actividad de aquellos que ejercen la divulgación de la información” (denominados whistleblowers, vocablo inglés que puede traducirse como “soplones”), se lee en el texto enmendado. “La protección de los secretos comerciales no se extiende a la revelación de secretos si estos sirven al interés público”.
Ni la propuesta de la Comisión ni el texto parlamentario enmendado han suscitado grandes críticas a pesar de la cercanía en el tiempo con las filtraciones de Panamá. Corporate Europe Observatory, un colectivo radicado en Bruselas, asegura que la directiva es una “amenaza directa para el trabajo de los periodistas y sus fuentes, soplones, empleados de cualquier empresa y hasta para la libertad de expresión y los derechos de acceso a la información pública”.
La directiva recoge “medidas provisionales y cautelares”, que van del cese del trabajador o whistleblower que filtra los documentos, la prohibición de producir o comercializar la información y otras sanciones más duras recogidas en el derecho penal.
El “interés público” aludido de las fuentes, que también afecta a los periodistas, será lícito solo en algunos supuestos. Por ejemplo, “la revelación de mala praxis o delitos” y la “observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público”.
Resultado imprevisible
Los Verdes y algunas formaciones del partido de la izquierda europea GUE, caso de Podemos, votarán en contra de la directiva, aunque la ausencia de debate hace impredecible el resultado. En la sesión plenaria anterior el eurodiputado Miguel Urbán (Podemos) llevó el asunto de los secretos comerciales a debate.
“El espíritu declarado de esta directiva era el de proteger a las empresas del robo de secretos por parte de sus competidores en el mercado; pero por culpa de los lobbies, una legislación que debería haber regulado la competencia leal entre las empresas se ha transformado en la regulación de un derecho general al secreto empresarial”, denuncia Urbán a eldiario.es.
El eurodiputado de Podemos lamenta que el debate no haya calado y pone ejemplos prácticos: “Los whistleblowers o denunciantes de irregularidades, cuya labor se ha revelado fundamental en casos como la guerra de Irak, los LuxLeaks, los papeles de Panamá y tantos otros casos, estarían protegidos sólo cuando actuasen con el propósito de proteger el interés público en general”, dice.
Para los ecologistas europeos, los periodistas también estarán en el punto de mira. “Las compañías podrán demandar cualquier información considerada secreto comercial, y el juez tendrá que hacer equilibrios entre el derecho a la información y los derechos de las grandes empresas que otorga la directiva. No será la misma la defensa que ejercerán los medios pequeños que las grandes cabeceras”, subraya el verde Pascal Durand.
El Partido Popular Europeo no comparte esta opinión. Constance LeGrip, la eurodiputada próxima al expresidente francés Nicolas Sarkozy que ha ejercido de ponente del informe, ha celebrado las bondades de la directiva. “Las garantías de la libertad de prensa y el esencial trabajo de investigación que la acompaña, la protección de los informantes: tras varios meses de negociación finalmente hemos hecho realidad estas demandas”, sostiene LeGrip en un escueto comunicado.