Eneas Sector Público SL, consultora fundada por Miguel Marín Cózar, actual directivo de FAES, el 'think tank' del PP, acumula cerca de 1,9 millones de euros en adjudicaciones de Administraciones públicas dominadas por políticos de ese partido desde su creación en 2009. De esa cifra, más de un millón (al menos 1.068.767 euros) corresponde a una decena de contrataciones realizadas hasta octubre de 2012, con Marín vinculado a la consultora.
Eneas Sector Público se define en su web como “consultora especializada en la mejora de la asignación de recursos públicos de las Administraciones Públicas”. Cobra por ayudarles a ahorrar. Casualmente, todos los contratos cuya cuantía ha podido confirmar eldiario.es son con gobiernos del PP. El propio Marín reconoce que “es probable” que ese sea su único perfil de cliente. “Yo en aquel momento estaba intentando poner una empresa en marcha y me vi con cientos de ayuntamientos. Luego me contrató quien me contrató”, rememora.
La firma se constituyó el 18 de marzo de 2009 a partir de Eneas, consultora financiera fundada en 2003 por Germán Rovira y Juan Carlos Smith, exconsultores de Pricewaterhousecoopers (PwC). El tercer administrador solidario de Eneas Sector Público y su cara visible era el propio Marín, que definía así la oportunidad de sus servicios en mayo de 2010: “Si las arcas municipales están al borde de la quiebra, ahora más que nunca debemos de pedirle a nuestros gobernantes honestidad, voluntad política y determinación para hacer bien las cosas. Es ahora o nunca”.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad San Pablo CEU, el actual director de Economía y Políticas Públicas de FAES es una persona muy cercana al expresidente José María Aznar, presidente de honor del PP, de quien fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004). Posteriormente, Marín fue asesor jurídico del PP en el Congreso (entre 2005 y 2008). Su fichaje por FAES se anunció en febrero de 2012 y su cese como administrador de Eneas se formalizó en octubre de ese año, según consta en el Registro Mercantil.
Curiosamente, el cese no se inscribió en el registro hasta mucho después: el 3 de junio de 2014. Fuentes de Eneas no comentan las razones de este desfase, que no es habitual, y que Marín tampoco alcanza a explicar. “Ellos no lo llevan al registro por lo que sea, pero no había ninguna obligación legal de hacerlo”, dice. Eneas dice que la dimisión de Marín fue una “decisión personal, en base, principalmente, a una dedicación en tiempo a su nuevo trabajo que le impediría desempeñar su labor en Eneas”. Su puesto en FAES no implicaba “ninguna obligación por incompatibilidad”, recalcan.
De hecho, en julio de 2013, Marín encontró tiempo para convertirse en accionista de Sirga XXI Consultores, la empresa con la que ya colaboraba desde hacía años, utilizada por el todavía diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte para facturar a la constructora Collosa por asesorías “verbales”. Ambos la han disuelto este verano tras registrar los mejores resultados desde su creación.
Los contratos que se adjudicó Eneas hasta la dimisión de Marín como administrador revelan que, en ese periodo, la Comunidad de Madrid, gobernada por entonces por Esperanza Aguirre, fue, con diferencia, su mejor cliente, con tres adjudicaciones que suman cerca de 960.000 euros. El resto son contratos menores con ayuntamientos y diputaciones por trabajos que, en varios casos, a día de hoy no aparecen.
“Los trabajos en estos ayuntamientos han sido realizados cumpliendo escrupulosamente los procesos de contratación pública en cada caso. Todos los trabajos, una vez realizados, han sido entregados y entonces se han facturado y declarado conforme a la legalidad”, asegura Eneas. Estos son los contratos, por orden cronológico:
Ayuntamiento de Alcalá de Henares: en 2008, antes de la creación de Eneas Sector Público, el Consistorio, entonces gobernado por Bartolomé González Jiménez (PP), adjudica a Eneas Corporate Finance SL unos “trabajos de consultoría para el área de Hacienda”, según fuentes municipales. Según Eneas, se trató de un “proceso de negociación integral de su gasto en seguros”. El contrato ascendió a 20.880 euros (18.000 euros más IVA), justo en el límite para ser considerado un contrato menor.
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes: en 2009, el municipio madrileño, entonces gobernado por Manuel Ángel Fernández Mateo (del PP y alcalde hasta este mismo año) adjudica a la firma un contrato de “consultoría para la formulación de un Plan Estratégico de mejora económica-financiera” por 20.880 euros. Incluía la posibilidad de incrementar un 30% la facturación en función del ahorro derivado de las medidas implementadas, pero “no consta que se haya pagado”, según fuentes municipales.
Aeropuertos de Madrid: esta extinta empresa pública (se disolvió en diciembre de 2011), adscrita a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, se creó en noviembre de 2007 con el propósito de promover el Aeródromo del Suroeste, alentado por Esperanza Aguirre primero y luego por Ignacio González y que de momento se ha quedado en un proyecto.
La empresa pagó a Eneas “unos 15.000 euros”, según fuentes de la Consejería, por un “estudio detallado de los potenciales beneficiados por la construcción del nuevo aeropuerto”. El informe, del que la consejería no conserva ninguna copia (Eneas le ha remitido una que eldiario.es ha podido comprobar), se compone de solo 39 páginas de powerpoint (incluyendo índices), en las que se defiende la “excelente localización” del futuro aeródromo, entre El Álamo y Navalcarnero, que, dice, podría “convertirse en uno de los principales aeropuertos de negocios de Europa”.
Ayuntamiento de Orihuela: el Consistorio, gobernado hoy por Emilio Bascuñana (PP), se niega a aportar datos sobre este contrato “debido a la Ley de Protección de Datos”, según una portavoz. Se trata, según fuentes municipales internas, de la “elaboración de un plan estratégico de actuación para la optimización de los procesos de contratación” del Ayuntamiento por un importe de 20.880 euros. El contrato se abona el 18 de junio de 2010. Entonces, la alcaldesa era Mónica Lorente, del PP, expulsada de la dirección provincial del PP en diciembre tras ser imputada en el Caso Brugal.
Ayuntamiento de Alcoy: en julio de 2009, bajo el mandato de Jorge Sedano Delgado (entonces del PP y hoy concejal de Ciudadanos en el municipio alicantino), el consistorio encarga a Eneas un “plan estratégico de optimización” del gasto por importe de 18.328 euros.
Comunidad de Madrid: el 3 de noviembre de 2009, la Consejería de Educación madrileña, dirigida entonces por Lucía Figar, encarga a Eneas un “análisis, diagnóstico y mejora para la optimización del gasto del servicio de telefonía de los centros educativos” de la región. El importe cobrado por Eneas (ligado a los ahorros de costes obtenidos) fue, según fuentes de la Consejería, de 449.999 euros.
Diputación de Alicante: en 2010, el organismo entonces presidido por José Joaquín Ripoll (detenido e imputado ese mismo año por cohecho, fraude y tráfico de influencias en el marco de la Operación Brugal), adjudicó a Eneas por 17.900 euros una “auditoría en el departamento de conservación de edificios”, según fuentes de la Diputación, que no precisan la fecha del contrato.
Comunidad de Madrid: el 21 de agosto de 2011, la Consejería de Educación adjudicó a Eneas otro gran contrato, un “análisis, diagnóstico y propuesta de actuaciones para la optimización del gasto del servicio de limpieza de inmuebles de la Consejería”. El importe cobrado por Eneas fue prácticamente el máximo previsto en el contrato: 494.900 euros, unos 100 euros por debajo del tope previsto.
Ayuntamiento de Getafe: el 29 de septiembre de 2011, el Consistorio que entonces encabezaba Juan Soler, del PP, hoy diputado regional del mismo partido, encargó a Eneas un “análisis y diagnóstico de la situación actual del gasto asociado al capítulo II del presupuesto municipal” por la módica suma de 10.000 euros. “El informe no está por ningún sitio”, según fuentes municipales.
Otros cuatro contratos con el PP
Tras la salida de Marín en 2012 (año en el que no consta que Eneas se adjudicase ningún contrato público), y sin que su cese se haya publicado en el Boletín del Registro Mercantil, la firma logra al menos otros cuatro contratos de entidades públicas ligadas al PP: tres con la Comunidad de Madrid y uno con el grupo Correos.
En 2013, la Consejería de Educación vuelve a adjudicar a Eneas un “análisis, diagnóstico y propuesta de actuaciones para la optimización del gasto del servicio de limpieza de inmuebles” pero en este caso el importe cobrado es de sólo 27.830 euros, frente a los 46.585 euros en los que estaba valorado. Ese mismo año el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (Imdea) le pide asesoría para la licitación de una red de datos por algo menos de 12.000 euros. Y en marzo de 2014 Feria de Madrid (Ifema), dependiente de Comunidad y Ayuntamiento, le encarga la preparación de un pliego para un concurso para el suministro de gas natural por 17.500 euros.
Un mes antes, el Grupo Correos encarga a Eneas el último y mayor contrato logrado por la empresa: un “servicio de asesoramiento técnico para el análisis, diagnóstico y propuesta de actuación para la optimización de los gastos ocasionados por el servicio de limpieza de los centros de trabajo” de la empresa postal. El contrato, valorado en un máximo de 785.290 euros, en función de los ahorros conseguidos, todavía se está ejecutando, según fuentes del grupo adscrito a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
La fuente para elaborar el recuento de contratos de Eneas Sector Público en este reportaje es la web de la propia empresa, que tiene un apartado de “operaciones” donde se muestran los logotipos de “algunos clientes”. Entre ellos hay (o había, ya que algunos han sido borrados) administraciones públicas que aseguran no haber contratado nunca con la consultora.
Es el caso del Ayuntamiento de Murcia. Eneas dice que realizó “un informe de diagnóstico de compras de los gastos del ayuntamiento”. El consistorio, gobernado por el PP desde hace 20 años, lo niega. “Ni en servicio de contratación ni en Hacienda existe ninguna factura ni contrato con esta empresa”, dice una portavoz, que se niega a dirigirse a Eneas para pedir esos datos, como sí han hecho otras administraciones en situaciones parecidas.
En el caso de Boadilla del Monte, un bastión del PP que lleva cinco alcaldes en dos años (todos de ese partido) y está considerado epicentro del caso Gürtel, Eneas dice que, en fechas que no precisa, “se hizo un diagnóstico gratuito de ahorros potenciales por el que no se cobró ningún honorario, por lo que técnicamente no ha existido una relación mercantil, si bien si se han hecho trabajos”. La respuesta del consistorio es similar a la de Murcia: “En intervención no consta ningún contrato” con la firma, según otra portavoz.
También hay tres administraciones públicas han aparecido vinculadas a otra filial de la empresa, Eneas Investment Banking: las autoridades portuarias de Ceuta y Melilla y Valdaracete, un municipio de 679 habitantes. En realidad, no eran clientes de Eneas: una empresa participada por esta, Biocarburantes del Estrecho, intentó instalar allí sin éxito plantas de biodiésel. Como resume el alcalde de Valdaracete en los últimos ocho años, el popular Luis García, “No tenemos dinero nosotros para gastar en consultoría”. Según Eneas, “se trata de un error”.