Vicente Martínez-Pujalte ha finiquitado su despacho de asesoría, Sirga XXI Consultores, en un momento dulce para la firma. El ejercicio 2014, previo a que trascendiera que el diputado y portavoz de Economía del PP en el Congreso utilizó esa sociedad para facturar, alrededor de 2009, un total de 75.000 euros a una constructora por trabajos de asesoría “verbal”, fue el mejor para Sirga desde su creación, en 2008. Tanto en ventas como en beneficio.
Según las cuentas disponibles en el Registro Mercantil, Sirga XXI cerró 2014 con 213.773,65 euros de facturación (un 76,6% más que en 2013) y un beneficio de 23.991,46 euros, frente a las pérdidas de 432,81 euros de un año antes. Supera así las cifras de 2009, su primer y mejor ejercicio hasta ahora, cuando facturó 150.365 y declaró unas ganancias de 14.616 euros.
El beneficio de 2014, que fue íntegramente destinado a reservas y a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, se vio penalizado por un fuerte incremento de la partida de “otros gastos de explotación”. Estos se dispararon un 54%, hasta 175.140,41 euros, después de que Sirga contratara servicios por importe de 158.998,1 euros a sus dos administradores, Pujalte y Miguel Marín Cózar, exasesor de José María Aznar y actual directivo de la Fundación de Estudios y Análisis Sociales (FAES), el 'think tank' del PP.
De esa cantidad, la mayor parte, 104.795,52 euros, fue para Pujalte y los restantes 54.202,58 euros, para Análisis Económico Integral, S.L.N.E., de la que Marín es administrador único. Sirga destinó al pago de impuesto sobre beneficios 8.954,28 euros, frente a los 1.112,27 euros de un año antes.
El pasado mes de agosto, a unos meses de las próximas elecciones generales, Pujalte y Marín inscribieron la disolución voluntaria de la sociedad, unos meses después de que, en abril, el diario El País revelase los pagos realizados a Pujalte por Collosa, empresa vallisoletana implicada en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de parques eólicos en Castilla y León que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Preguntado en agosto por las razones de la liquidación de Sirga (“¿Le iba mal el negocio?”), Pujalte no quiso hacer comentarios. “Este asunto corresponde a mi actividad privada, tengo la compatibilidad [al Congreso de los Diputados] hecha y todo declarado a Hacienda”, dijo el diputado, que en abril subrayó que su vínculo con Collosa era “legal”, aunque no fuera “ético”.
“Asesoramiento coach”
Pujalte realizó trabajos de asesoría “verbal” a Collosa que el principal ejecutivo de la firma en esas fechas, Mario Armero, ha definido como de “asesoramiento coach”. Se limitaba a tomarse un café con Armero, según este último, para exponerle su visión de la economía a cambio de una “iguala” de 5.000 euros mensuales. Sustituyó como asesor de la empresa a otro político popular, el ex ministro, actual embajador en Londres y por aquellos años diputado del PP, Federico Trillo.
Tras el escándalo de los cobros de Pujalte y Trillo, el Congreso rechazó en junio investigar al portavoz económico del PP en la Cámara Baja por considerar, como el parlamentario murciano, que su actividad era “legal”. Lo hizo en la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara Baja, que rechazó en junio pasado esa pretensión en una reunión a puerta cerrada y gracias a los votos en solitario del PP.
Con sede en la calle Marqués de Cubas, a unos metros del Congreso de los Diputados, y participada por otra diputada del PP, Ana Torme, Sirga también fue utilizada por Pujalte para cobrar otros 22.710 euros de la Cámara de Comercio de Badajoz por tres informes de asesoría realizados entre julio de 2009 y diciembre de 2010.
El más caro de esos tres informes (costó 10.000 euros, sin incluir impuestos) fue uno sobre “El comercio exterior y la internacionalización de la economía en Extremadura” elaborado por Marín por encargo de Pujalte. Constaba, según el actual directivo de FAES, de “75 slides de PowerPoint” (a razón de 133 euros por página). Los informes no aparecen, según la Cámara.