El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ha comunicado al consejo de administración su deseo de renunciar al cargo por motivos personales, por lo que será sustituido por el actual consejero delegado, Javier García del Río.
Echegoyen, que renuncia a la presidencia de Sareb tras siete años en el puesto, continuará desarrollando su actividad hasta que se elija a su sucesor tras la próxima junta de accionistas, prevista para el próximo 27 de mayo. El consejo de administración propondrá que Echegoyen sea sustituido por García del Río, que se incorporó a Sareb en febrero de 2020. Su nombramiento se producirá previsiblemente en la última semana de mayo y el puesto de consejero delegado que ocupa será amortizado.
La salida de Echegoyen llega en un momento complicado para el controvertido vehículo que se creó en la pasada crisis financiera para absorber los activos problemáticos de las antiguas cajas de ahorros, dentro del procedimiento de saneamiento y rescate del sistema bancario español. Un cambio en las normas comunitarias ha obligado al Estado a asumir como propio el balance de esta sociedad. Pese a que no tiene la mayoría del capital, sí que tiene respaldada la mayor parte de la deuda con avales. Es por eso que Eurostat obligó a España a reconocer como propia la deuda de Sareb, que supera los 35.000 millones de euros, elevando el ya de por sí alto endeudamiento de las arcas públicas.
Además, el Estado ha tenido que asumir en sus datos de déficit del año pasado las pérdidas de la sociedad que, desde que se creó, no ha cosechado beneficio en ningún ejercicio.
Este cambio en la consideración del banco malo ha abierto la puerta a que acabe asumiendo el control del capital de la sociedad. Así, en las últimas semanas distintas informaciones han apuntado a la posibilidad de que entidades financieras como Santander, CaixaBank y Sabadell vendan su participación al Estado y salgan del accionariado.
Echegoyen deja de este modo la presidencia de una sociedad que, desde su nacimiento, ha estado envuelta en la controversia. En un inicio, el ministro de Economía de entonces, Luis de Guindos, defendió que la creación de esta compañía no costaría ni un euro del contribuyente, algo que se ha visto contradicho cuando el Estado ha tenido que asumir la deuda de la Sareb. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Nadia Calviño han evitado criticar públicamente este mecanismo, fuentes del Ejecutivo han reconocido en los últimos tiempos su incomprensión por algunas de las decisiones que se han tomado en el seno de Sareb. Así, apuntan que desde el comienzo se infraestimó las dificultades de que un instrumento de este tipo se iba a encontrar con el tiempo. Por ejemplo, señalan que la contratación de determinados derivados financieros, el uso de terceros para gestionar los activos (servicers) o los precios con los que se transfirieron los activos en un primer momento han agravado los problemas que tenía el banco malo.