Las tiendas de Ikea en Canarias son casi iguales a las del resto de España: tienen el mismo el logo azul y amarillo, una visita puntual te obliga a recorrerte toda la tienda y los muebles se venden en cajas para que te los montes tú mismo en tu casa. Sin embargo, los establecimientos del gigante sueco en el archipiélago canario, Baleares, República Dominicana y Puerto Rico son franquicias que opera la compañía Sarton Canarias, propiedad de la familia Alm y con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
La residencia fiscal de los franquiciados en Canarias les ha permitido contar con bonificaciones fiscales muy rentables para su negocio. Entre 2008 y 2019, la sociedad que gestiona las tiendas de Ikea ha obtenido un beneficio de 62 millones de euros, según los datos publicados cada año en sus cuentas anuales. En el impuesto de sociedades, la sociedad contabiliza en sus balances una factura fiscal de 5 millones de euros: un 8% sobre sus beneficios.
El ejemplo de la franquicia del gigante sueco señala la excepción fiscal canaria. En el archipiélago, gracias a su Régimen Económico y Fiscal propio (REF), existen una serie de incentivos fiscales muy amplios en el impuesto sobre sociedades que permiten a muchas compañías y grandes fortunas reducirse la factura fiscal sobre sus beneficios a la cifra más baja de todo el territorio nacional.
Empresas, grandes compañías y fortunas canarias se han ahorrado más de 5.000 millones de euros en el impuesto sobre sociedades desde 2008 hasta la actualidad gracias a estas reducciones fiscales, según los datos de la Agencia Tributaria recopilados y analizados por elDiario.es.
Unas rebajas que convierten a Canarias en la comunidad con el menor tipo efectivo en el impuesto de sociedades en toda España. Una tesis a la que han concluido varios estudios académicos de las universidades de Valencia, Granada y Sevilla. Además, las estadísticas de la Agencia Tributaria durante la última década señalan a Canarias como uno de los territorios donde menos impuestos se pagan sobre las ganancias empresariales. Entre 2008 y 2018, se generó una cuota líquida del 11% sobre los beneficios positivos declarados.
Los datos, que no tienen en cuenta la consolidación fiscal de las pérdidas y ganancias entre grupos empresariales, señalan al archipiélago canario y también a los territorios con mucha presencia de matrices de multinacionales como Cantabria (efecto Banco Santander), Galicia (efecto Inditex) o Madrid.
¿Por qué las empresas canarias pagan menos impuestos? Principalmente, gracias a cuatro incentivos fiscales incluidos en el REF. La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que permite reducirse hasta el 90% de impuestos a cambio de reinvertir esas ganancias; las Deducciones por Inversión en Canarias (DIC), que posibilitan deducir hasta un 60-90% de la cuota por invertir en activos, investigación y desarrollo o producciones cinematográficas; las bonificaciones por venta de bienes corporales, que descuentan hasta un 50% de la factura fiscal por vender productos agrícolas o industriales y las bonificaciones a empresas navieras Canarias.
Gracias a estos cuatro mecanismos fiscales, empresas con sede fiscal en el archipiélago o establecimientos permanentes en las Islas se han ahorrado en impuestos más de 5.000 millones de euros desde 2008 hasta la actualidad. Solo en 2018 se superaron los 570 millones en bonificaciones fiscales, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria.
Una reducción fiscal de la que se benefician principalmente las grandes empresas y sociedades. La mitad del ahorro fiscal de la última década se lo han llevado las entidades mercantiles con una facturación superior a los 30 millones de euros al año, que representan alrededor de un 0,5% del sector empresarial canario.
“Partimos de la base de que estamos en una región ultraperiférica. Tenemos el coste de la insularidad, de la lejanía y también de la doble insularidad y este sobrecoste se ha intentado paliar con estos beneficios fiscales”, explica Salvador Miranda, director de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal en Canarias (REF).
Una versión en la que coincide el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, Juan Luis Alayón. “El REF es un instrumento reconocido a los canarios desde la época de los Reyes Católicos, que establecieron las primeras exenciones fiscales. Es decir, es una figura que ha sido reconocida desde hace ya bastante siglos por parte del Estado y se encuentra reconocido por la Constitución y la Unión Europea”, comenta el presidente.
Un origen centenario de los distintos beneficios fiscales que ha disfrutado a lo largo de los siglos para paliar su condición insular, la lejanía con el resto de Europa y la escasez de recursos naturales. Los cuatro principales instrumentos para bonificar fueron incorporados en la modificación del régimen fiscal en 1994 bajo la hipótesis de que fomentan la inversión y la creación de empleo en las Islas.
En Canarias, el consenso sobre la justificación de estos incentivos es total entre los partidos políticos, patronal, las asociaciones de asesores fiscales e, incluso, los sindicatos. “Hay justificación tanto legal como racional. Entendemos que hay que mantener estos beneficios fiscales y que en todo caso se podrán mejorar o perfilar”, explica José Urbano, coordinador del gabinete técnico de Comisiones Obreras en Canarias.
Un consenso que, cuando se rompe, se suele tachar de ataque a Canarias. Es el caso del Viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, que rechazó el impuesto mínimo global del 15% para el archipiélago: “Me parece bien que exista un suelo fiscal para que exista igualdad, pero Canarias debe quedar al margen porque si se impone dicho suelo en todo el territorio nacional los incentivos del REF, como la RIC, dejarán de tener sentido”.
El pacto tácito entre todos los agentes sociales, políticos y económicos solo lo han roto Podemos e Izquierda Unida, los únicos partidos del arco parlamentario que han mantenido un discurso crítico contra estos incentivos fiscales. “Es un principio el REF nace para satisfacer la lejanía e insularidad del conjunto de la población. Pero, con el paso del tiempo, el empresario logró ir colocando poco a poco sus peticiones”, afirma Manuel Marrero, diputado autonómico de la formación morada.
Marrero critica que estas exoneraciones de impuestos han servido “para aumentar el ahorro privado de las grandes empresas” y defiende que no se puede “esquilmar la recaudación pública en beneficio de unos pocos”. Entre las medidas de privatización del REF que critica Podemos están la posibilidad de destinar los ahorros fiscales a comprar vivienda (que se eliminó de la normativa por fomentar el aumento de precios), la posibilidad de invertir en deuda pública o destinar las bonificaciones de la RIC a instrumentos fiscales para que inviertan otros empresarios.
La RIC, acrónimo de la Reserva para Inversiones en Canarias, es el incentivo fiscal más agresivo del régimen fiscal canario. Permite a cualquier empresa o establecimiento con sede en el archipiélago destinar hasta el 90% de sus beneficios a esta reserva y solo tributar por el 10% restante. A cambio, las empresas se comprometen a reinvertir estos beneficios en Canarias durante los siguientes tres años.
En la última década, los empresarios canarios se han ahorrado alrededor de 2.500 millones de euros en impuestos gracias a este beneficio fiscal. Un tercio del ahorro fue a parar a las grandes empresas que facturan más de 30 millones anuales.
Wolfgang Kiessling y Eustasio López pertenecen a un selecto grupo de personas en Canarias. Son 2 de las únicas 3 personas en las Islas que suman un patrimonio personal de más de 300 millones de euros, según la clasificación de El Mundo. Propietarios del grupo turístico Loro Parque y el gigante hotelero Lopesan, los millonarios canarios también representan a dos de las compañías que más se han beneficiado de las bonificaciones fiscales del archipiélago.
Lopesan, la mayor compañía hotelera canaria, se expandió en los últimos 30 años al calor de los beneficios impositivos de las Islas. El mismo consejero delegado del grupo empresarial, Santiago de Armas, reconoció al periódico La Provincia en 2011 que habría alcanzado hoy en día la dimensión que tiene sin recurrir a la RIC: “La Reserva de Inversiones no financió nuestro plan de desarrollo al completo, pero es innegable que incentivó nuestra iniciativa e impulsó la idea original de crear un gran grupo turístico y empresarial en manos canarias”.
Al igual que el grupo hotelero, también Loro Parque se ha beneficiado de las múltiples exenciones fiscales presentes en el archipiélago. Entre 2008 y 2019, las ganancias de la matriz del grupo sumaron más de 276 millones en una década en la que solo pagaron 24 en impuestos, según se desprende de las cuentas anuales. El tipo efectivo, por debajo del 9%.
Unos ejemplos que se unen al caso de Ikea, explicado al inicio de esta información, y que señalan un fenómeno en el archipiélago. Gran parte de las empresas más grandes de Canarias pagan un tipo efectivo muy lejano al 25% general para todas las empresas españolas. Lo demuestran los mismos datos que publican en sus cuentas anuales las 100 mayores compañías con sede fiscal en el archipiélago en sus cuentas anuales. Los datos del Registro Mercantil, recopilados y analizados por elDiario.es a partir de la plataforma Insight View, muestran la factura fiscal entre los años 2008 y 2019.
Las grandes hoteleras y principales turoperadores se repiten entre las sociedades con menos porcentaje de impuesto sobre beneficios pagado en los últimos 10 años. Es el caso de Gloria Thalasso Hoteles (Tourin Europeo, S.A.), propiedad de la familia Mañaricúa, que ha declarado unos beneficios de 120 millones de euros pero solo ha tenido que pagar 3 en impuestos. La razón, destinar la mayor parte de sus beneficios a la RIC.
También otras compañías ligadas al sector energético presentan niveles impositivos mucho más bajos que la media. Unelco, la filial de Endesa en Canarias, declara en sus cuentas anuales unos 2.477 millones de euros y una factura en el impuesto de sociedades de 178 millones en la última década. Según sus propias cuentas, gran parte de la reducción fiscal está vinculada a la bonificación por la venta de bienes corporales en Canarias.
Esta bonificación impositiva nació en 1994 como una ayuda fiscal a favor de las exportaciones de productos industriales, agrícolas y pesqueros. Sin embargo, con los años se cambió la normativa y se permitió a las empresas canarias bonificarse hasta el 50% de la cuota también por las ganancias obtenidas de la venta de estos productos, aunque no se destinen a la exportación.
En los últimos 10 años, la filial de Endesa en Canarias se ha ahorrado más de 300 millones de euros sobre las ganancias gracias a este incentivo fiscal, según la propia compañía ha publicado en cada uno de sus balances anuales.
Esta bonificación fiscal es una de las más concentran el ahorro de impuestos en las grandes empresas. El 82% de las deducciones fiscales en la última década lo acumulan una veintena de compañías con más de 30 millones anuales de facturación. Entre ellas, la filial de la multinacional tabacalera Japan Tobacco International o la compañía Cervecera de Canarias (distribuidora de las marcas locales Dorada y Tropical).
Canarias está entre las tres comunidades autónomas que registran de manera crónica uno de los mayores niveles de paro y riesgo de pobreza en toda España. Unos niveles que se han multiplicado desde el estallido de la pandemia, que ha afectado especialmente a una región muy dependiente del turismo extranjero.
Al mismo tiempo, los empresarios han disfrutado de amplios beneficios fiscales para reducir la factura impositiva en los últimos 20 años con el objetivo de fomentar la inversión y el empleo en las Islas. ¿Existen estudios que demuestran que se ha logrado ese objetivo? Ninguno hecho público en los últimos 15 años.
“No me consta que se haya hecho un estudio sobre los aspectos perjudiciales y beneficiosos, pero si le puedo garantizar que el REF y sus incentivos económico-fiscales son imprescindibles para el crecimiento y el bienestar de los residentes en las Islas Canarias”, reconoce Alayón, presidente de las Asociación de Asesores Fiscales del archipiélago.
Así lo denunció el Consejo Económico y Social de Canarias en su informe de 2012. El organismo criticó la falta de estudios que demuestran “hasta qué punto los instrumentos diseñados han logrado cumplir los objetivos que la ley establece para los mismos” y se preguntaba si estos incentivos “han contribuido realmente a mejorar los problemas de fondo de la economía canaria”.
Una crítica en la que también coinciden sindicatos y las formaciones más a la izquierda del arco parlamentario canario. Para José Urbano, de Comisiones Obreras, se necesita “un esfuerzo mayor de verificación de estos beneficios fiscales” y estudiar “si hay elementos que distorsionen el mercado”.
“Poco se puede argumentar a favor de quienes defienden la exoneración de impuestos para generación inversión y empleo. En Canarias siempre hemos estado a la cola en niveles de paro y pobreza a pesar de estos beneficios fiscales”, opina Manuel Marrero, diputado autonómico de la formación Podemos.
El último estudio que analiza esta correlación fue publicado en 2007 y analizó los efectos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) entre los años 1994 y 2002, durante gran parte de la burbuja inmobiliaria. El documento afirmaba que “aquellas empresas que estaban generando más dotaciones a la reserva están generando un mayor número de empleos en Canarias”.
Por ejemplo, según los datos del informe, las empresas que destinaron más del 80% de sus beneficios a la reserva aumentaron el empleo en un 13% entre 1999 y 2002. Las pertenecientes el grupo que menos dotaron, también un 12% más de trabajadores en el mismo periodo.
Salvador Miranda, uno de los autores del estudio, defiende que los incentivos fiscales que exigen una inversión en Canarias redundan directamente en la creación de empleo. “En la RIC también tienes un mecanismo en el que puedes reinvertir esos beneficios en puestos de trabajo. Existe una correlación. ¿Dónde está el problema? Cuando inviertes en una máquina que automatiza un servicio”, explica el investigador y director de la cátedra del REF.
La vinculación directa del beneficio fiscal con el empleo solo está incluida en la Zona Especial Canaria (ZEC), una bonificación fiscal más aparte de las cuatro analizadas en este reportaje. La ZEC es una zona de baja tributación que permite a cualquier filial o nueva sociedad que se inscriba en Canarias pagar un 4% en el impuesto de sociedades, niveles de tributación muy similares a los que se aplican en otros países y territorios como Luxemburgo, Irlanda, Malta o Madeira.
Para ser inscrita en la ZEC, la empresa tiene que desarrollar una actividad permitida y cumplir unos niveles de creación de empleo (mínimo 5) en función de los beneficios de la empresa.
Un nivel impositivo que podría entrar en conflicto con el planteamiento de un impuesto mínimo sobre los beneficios en todo el mundo. “El tema de la tributación mínima es imparable y la única salvaguarda que tenemos en Canarias es el tema de región ultraperiférica. Si no, habrá un resentimiento claro de nuestros incentivos económicos”, reflexiona Salvador Miranda.
El futuro de estos incentivos fiscales, hasta ahora, no se ha abordado y es un tema casi tabú en el archipiélago. “No todo va a ser una tributación más baja sino también podríamos tener con cuotas sociales más bajas y beneficios fiscales para los trabajadores que hasta ahora son solo para los empresarios”, reconoce Miranda.
Una idea que coincide con Manuel Marrero, diputado de Podemos, que defiende las compensaciones por la lejanía y la insularidad como “derechos conquistados que hay que mantener” pero que se se tienen que materializar en generar empleo estable y de calidad. “Si se tiene que hacer un debate socia, tiene que primar sobre el interés privado y particular de unos pocos”, concluye.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.