La eléctrica italiana Enel, propietaria de Endesa, va a tener que decidir en los próximos meses si renueva como presidente ejecutivo de la compañía española a Borja Prado, cuyo mandato como consejero expira el próximo 27 de abril. Sobre la mesa está la posibilidad de no renovar al ejecutivo madrileño, de 62 años. Prado es consejero de Endesa desde junio de 2007 y en marzo cumplirá diez años como máximo responsable de la eléctrica española.
De producirse, la reválida de Prado llegaría tras la reciente renovación del consejero delegado de Endesa, José Bogas, que fue ratificado por otros cuatro años en la junta de accionistas del pasado abril. Apenas dos meses después, en junio, llegó al poder el actual gobierno italiano, nacido del pacto entre la ultraderechista Liga Norte del polémico Matteo Salvini y el populista Movimiento 5 Estrellas.
La decisión sobre la renovación de Prado depende en gran medida del consejero delegado de Enel y vicepresidente de Endesa, Francesco Starace, que hace un mes, durante la presentación del último plan estratégico del grupo semipúblico italiano, no quiso aclarar cuál será la posición de Enel sobre la continuidad de Prado. Starace está al frente del grupo italiano desde mayo de 2014, cuando fue aupado al puesto por el entonces primer ministro Matteo Renzi en sustitución del Fulvio Conti, artífice de la toma de control de Endesa por parte de Enel en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.
A preguntas sobre este asunto, Enel, cuyo mayor accionista es el Estado italiano con el 23% de las acciones, no ha querido avanzar cuál va a ser su posición sobre la renovación del ejecutivo español.
Prado renovó por última vez como consejero de Endesa en la junta del 27 de abril de 2015. Su mandato (cuatro años) expirará junto al de otros consejeros del grupo como Ignacio Garralda (presidente de Mutua Madrileña), Helena Revoredo (presidenta de Prosegur) o Francisco de Lacerda (primer ejecutivo del operador postal portugués CTT).
Red de relaciones
De cara a su renovación, el hijo del fallecido Manuel Prado Colón de Carvajal, administrador privado del rey Juan Carlos durante veinte años, cuenta a su favor con su excelente red de relaciones en España e Italia, en un momento de gran incertidumbre en el sector eléctrico ante el proceso de transición energética hacia una economía libre de emisiones. Todo ello, en un ambiente laboral enrarecido en Endesa en los últimos meses por el bloqueo en las negociaciones del nuevo convenio colectivo de la eléctrica y entre acusaciones sindicales de “expolio” al antiguo líder eléctrico español por parte de Enel.
Ante el desafío de la transición energética, uno de los principales hitos por despejar es el futuro de las centrales nucleares en España. Endesa quiere que estas plantas funcionen hasta los 50 años, frente al plazo de 40 años por el que apuestan, en principio, tanto el actual Gobierno como Iberdrola, socia de Endesa en seis de los siete reactores actualmente en operación.
En el horizonte más cercano de esa partida que está actualmente en liza está el futuro de la central de Almaraz (Cáceres), cuyos dueños, Iberdrola, Endesa y Naturgy, deben llegar a un acuerdo próximamente para decidir si solicitan una prórroga. El plazo expira el 31 de marzo.
Para esas fechas, ya debería estar despejado el futuro de Prado en Endesa. Su próxima junta anual de accionistas debería celebrarse en abril y la convocatoria de esa asamblea (que debería incluir la propuesta de renovación de Prado) deberá hacerse pública con un mes de antelación.
En caso de salida, Borja Prado, cuya retribución estimada en estos casi diez años como ejecutivo de Endesa ha superado con creces los 20 millones de euros, tendría garantizado un generoso finiquito: le correspondería una indemnización de 2,8691 veces su retribución anual más otro año (0,9564 veces su sueldo) por no fichar durante dos años con empresas del sector.
En 2017, la retribución de Borja Prado fue de 3,184 millones en 2017, más las aportaciones a su plan de pensiones, que acumulaba a cierre de ese ejercicio 2,295 millones. En total, recibiría más de 12 millones de indemnización en caso de salida.