Las compañías eléctricas se han rebelado contra la intención del Gobierno de aumentar en la nueva planificación hidrológica el número de masas de agua afectadas por los denominados caudales ecológicos, el agua mínima garantizada para preservar los ecosistemas fluviales.
Esos caudales son la cantidad de agua mínima necesaria para que existan ecosistemas en los ríos: peces, anfibios, insectos o mamíferos en los cursos, además de la vegetación acuática y de ribera. Sin un caudal base, no son viables. Y preservarlos puede tener una afección sobre la producción de las centrales hidroeléctricas. Las empresas han reconocido el impacto que tendría esa medida sobre su negocio hidroeléctrico y advierten de que pedirán indemnizaciones, según se recogen en las alegaciones publicadas por las confederaciones hidrográficas.
En diciembre se cerró el periodo de observaciones a los denominados planes de tercer ciclo. Ahora se han publicado las miles de alegaciones recibidas. Solo en el caso de la Confederación más relevante desde el punto de vista de la producción hidroeléctrica, la del Duero, se han presentado 1.409 escritos, según explica el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria; en la del Ebro se han recibido en esta última fase otros 529 escritos; y en la del Guadalquivir, cerca de 250.
El borrador presentado en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalaba que “tras varias sentencias judiciales dictadas durante 2019, el establecimiento de caudales ecológicos en todas las masas de agua en esta revisión del plan hidrológico es inaplazable”. Y las compañías se han opuesto desde el principio.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lo considera “lógico” cuando, recuerda a elDiario.es, hay “un incremento del número de masas de agua en las que se implementan regímenes de caudales ecológicos” y esto choca con “intereses económicos” de determinados agentes. Principalmente, regantes y eléctricas. Este último sector “está muy preocupado” por los valores propuestos por el Ministerio, como apuntó en una reciente jornada técnica Miguel Ángel García, de la Confederación del Ebro.
Las actas de las primeras reuniones del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil ya reflejaban esa inquietud: “Consideran que la imposición de los nuevos caudales ecológicos en el Plan Hidrológico perjudicará a las centrales hidroeléctricas”, se lee al recoger los motivos de los votos en contra de Iberdrola o Naturgy.
Esta última presentó recientemente una reclamación millonaria a la Administración por la menor producción de sus hidroeléctricas en Galicia a causa, precisamente, de la fijación de caudales ecológicos que se ha venido implantando en los últimos planes plurianuales, y que ahora se quiere aumentar.
En la última fase del proceso de alegaciones a los nuevos planes, Iberdrola, líder hidroeléctrico nacional, ha cargado contra la pretensión del Ministerio en varios escritos. Ante la Confederación del Tajo, donde explota entre otras la hidroeléctrica J. M. de Oriol (Cáceres), la segunda mayor de España con 957 megavatios (MW) de potencia, indica que “los caudales mínimos propuestos en el borrador del Plan Hidrológico en las masas de agua en las que se encuentran las centrales de Iberdrola conllevan la grave pérdida de hasta 71 GWh de energía renovable cada año, lo que equivale al suministro eléctrico de más de 7.900 hogares y la reducción de cerca de 36.000 toneladas de CO2”.
Además, está el “elevado coste económico” derivado de adaptar grandes presas “que en su diseño no contemplaban el desembalse de estos caudales”. Iberdrola advierte de que “debe tenerse en consideración el derecho del concesionario a la revisión de las concesiones existentes para su adaptación al régimen de caudales ecológicos fijado en el Plan Hidrológico”, con “indemnización por las afecciones que pudieran derivarse, tales como pérdidas de producción o inversiones necesarias en obras de regulación, de acuerdo con la legislación general de expropiación forzosa”.
“Daños y perjuicios”
Una advertencia similar ha lanzado Enel, dueña de Endesa, ante la Confederación del Tajo: “Si el titular de una concesión de aguas afectada por la imposición de unos nuevos caudales ecológicos acredita que dichos límites a su aprovechamiento le suponen unos daños y perjuicios reales, podrá solicitar a la Administración la indemnización por responsabilidad patrimonial”, sin “tener que pasar por el –en muchas ocasiones largo y arduo- procedimiento administrativo previo de concertación y revisión de la concesión”, indica el grupo semipúblico italiano.
Lo mismo señala Endesa: “El concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización cuando se acredite daño o perjuicio derivado directamente de la obligación de mantener los caudales ecológicos fijados por la planificación hidrológica”, ha avisado ante la Confederación del Guadalquivir.
La Confederación del Ebro ha planteado elevar de 69 a 686 los puntos con caudales mínimos. Allí hay más de 350 centrales hidroeléctricas con 4.200 MW de potencia. 15 de ellas concentran la mitad de la producción. En este caso, Endesa cree que “no son precisos caudales ecológicos más elevados o de mayor volumen que los necesarios” para alcanzar los objetivos ambientales fijados.
“Siempre será más conveniente que el caudal ecológico y la compensación se pacten con objeto de minimizar el impacto”, por lo que reclama “una negociación individualizada entre la Administración y los titulares de concesiones administrativas, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la mejor forma de liberar los caudales ecológicos en las concesiones preexistentes que permita el mejor aprovechamiento de estos”. Y pide “un plazo razonable” de adaptación.
La Asociación Española de Empresas de Energías Renovables (Appa) ha advertido ante la Confederación del Duero, donde hay 162 aprovechamientos hidroeléctricos con 3.868 MW instalados, el 19% del total nacional, de la “falta de unidad de criterio” en el establecimiento de estos caudales. Esto supone “un agravio comparativo entre concesiones en distintas demarcaciones de cuenca” y genera “tratos diferenciales y discriminatorios”.
Según Appa, “se están aplicando criterios de revisión de caudales ecológicos siguiendo los criterios de los Planes Hidrológicos y no de la concesión en particular. La Administración debe respetar el principio de irretroactividad de las leyes”.
Esta patronal insta a “buscar un equilibrio con otras actividades de interés Público”, como los aprovechamientos hidroeléctricos, que “no consumen recurso hídrico”. Y recuerda que la Ley del Sector Eléctrico obliga a “garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible; asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, conciliando estos objetivos con los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna”.
Objetivos del PNIEC
Pese a la esperada reducción de las masas de agua por el cambio climático, la producción de electricidad a partir de los ríos, un bien público, tiene reservado un papel relevante en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética del Gobierno para la próxima década.
Este documento prevé un incremento de 3.500 MW de bombeo y 500 MW de energía hidroeléctrica de “respaldo que dé apoyo a la generación con tecnologías no gestionables, para las que el PNIEC prevé un incremento de más de 22.000 MW eólicos y 30.000 MW fotovoltaicos”, recuerda Iberdrola en sus alegaciones ante la Confederación del Duero. Este organismo acaba de iniciar el proceso para extinguir las concesiones de dos de las grandes presas de la multinacional en esa cuenca que caducan en 2024.
Según Iberdrola, “la componente de las tasas de cambio de los caudales ecológicos limita la capacidad de respuesta de las únicas centrales que pueden responder a los cambios de viento y sol. Asimismo, los caudales mínimos, máximos y generadores pueden reducir la potencia y el producible hidroeléctrico”.
“La planificación hidrológica debe tener en consideración las necesidades del sistema eléctrico y, sin renunciar al cumplimiento de los objetivos ambientales, establecer parámetros realistas y coherentes con la explotación del sistema eléctrico y con los objetivos del PNIEC”, concluye Iberdrola.
Acciona también ha querido “dejar constancia de las consecuencias de la implantación ex novo o ampliación” de los caudales ecológicos en el Ebro. “El derecho de los concesionarios a indemnización por los perjuicios causados con ocasión de la modificación de las concesiones cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos, encuentra amparo en una consolidada jurisprudencia” en el Supremo, advierte.
“Siendo conscientes de lo gravoso que pudiere llegar a resultar para la Administración del Agua soportar esta carga indemnizatoria, se propone aprovechar la planificación hidrológica para explorar otros instrumentos con los que compensar a los concesionarios perjudicados”.
Acciona plantea “la posibilidad de concertar la ampliación de caudales concesionales optimizando los preexistentes susceptibles de incremento y amortizando incluso aquellos cuya explotación se haya mostrado antieconómica”. Y propone “un periodo de adaptación para la obligatoriedad del cumplimiento de los caudales fijados” cuando se necesite implementar equipos para liberarlos o controlarlos.
Acciona también advierte sobre el establecimiento de caudales máximos o la denominada tasa de cambio para evitar variaciones bruscas de caudal: “un tema muy sensible” que “tendrá una afección muy importante a las centrales hidroeléctricas, especialmente a aquellas que más contribuyen a la seguridad del sistema eléctrico, y que contribuyen más positivamente a la integración de energías renovables, como son las centrales gestionables de embalse. Fijar unos valores antes de haber realizado estudios tanto ambientales como de impacto en otros ámbitos parece precipitado”.
Según Transición Ecológica, los planes de tercer ciclo persiguen “reforzar los compromisos españoles con los objetivos europeos y la adaptación al cambio climático” y “priorizar los usos del agua, gestionar las grandes avenidas y sequías, y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas”.
La aprobación de la nueva planificación hidrológica, que conlleva una tramitación muy compleja, está ya en su recta final. Después de muchos meses de trabajo por parte de las Confederaciones Hidrográficas, que han analizado exhaustivamente las alegaciones recibidas, los planes han llegado al Ministerio con el informe de los Consejos del Agua de las demarcaciones para enfilar su visto bueno definitivo.