Las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo- han recurrido por la vía contencioso-administrativa la nueva normativa que regula el bono social, un descuento en el recibo de la luz del que se benefician los consumidores vulnerables.
Las eléctricas han recurrido en concreto el real decreto y la orden ministerial que desarrollan el real decreto-ley que estableció el nuevo mecanismo de financiación del bono social, según ha adelantado hoy Cinco Días y han confirmado a Efe fuentes de las empresas.
En el caso del real decreto, los recursos se han presentado ante el Tribunal Supremo y en el de la orden ministerial, ante la Audiencia Nacional.
En la mayoría de los casos, de momento sólo se ha presentado el escrito de interposición, que expone la voluntad de la empresa de recurrir, pero no la demanda, que recoge en detalle los argumentos.
Las empresas consideran que el bono social, como cualquier ayuda de carácter social, debería ser financiado con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y no a costa de los operadores.
Además, entienden que no se deben imponer más gastos a las comercializadoras de último recurso, que ya se encuentran en pérdidas por el escaso margen que se les reconoce.
El pasado 31 de enero, el Pleno del Congreso convalidó, con 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones, el real decreto-ley que recoge el nuevo mecanismo de financiación del bono social.
Este real decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre del año pasado, se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el anterior sistema de financiación del bono social.
Según la nueva normativa, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría con anterioridad.
El nuevo modelo tendrá un coste de entre 230 y 235 millones de euros al año, según el Ministerio de Energía, superior al anterior, que se situaba entre 180 y 200 millones.