Los empleados públicos estallan en plena elaboración de los presupuestos de 2018 para obtener mejoras de Montoro
No es solo la conflictividad laboral del transporte propia del verano. Los empleados públicos de varios sectores se han rebelado en las últimas semanas y amenazan con huelgas en los próximos días, hartos, dicen, de no conseguir mejoras en su situación laboral. Hacienda está ultimando los Presupuestos Generales de 2018 que tienen que estar aprobados para el 30 de septiembre y los funcionarios y personal laboral están jugando con la principal arma de presión, la huelga, para conseguir vencer las resistencias de Cristóbal Montoro a una mejora de sus condiciones.
Los examinadores de la DGT (del carnet de conducir), el personal de las embajadas y de la Agencia Española de Cooperación (AECID) o la plantilla de Aena son los que tienen en marcha las protestas más inmediatas. Pese a la heterogeneidad de sus funciones, sus problemas tienen el mismo denominador común. A partir del tajo de mayo de 2010, sus plantillas se quedaron mermadas y sus sueldos congelados. Siete años después, y con la economía en plena recuperación, tienen que atender de nuevo a millones de usuarios con muchos menos efectivos y encima con una menor retribución.
La queja era muy similar a la de otros colectivos de atención al público como los Inspectores de Hacienda o el personal para expedir los DNI. Ambos sectores consiguieron ser incluidos en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para este año y han sido una inspiración para sus homólogos en otras esferas de la Administración Pública.
Los examinadores de Tráfico inician otra huelga (ya llevan 20 paros) el 4 de septiembre de tres días alternos a la semana con el objetivo de recuperar los casi 200 puestos que han desaparecido desde 2009 y también un complemento salarial específico. Por el momento les han ofrecido otros 100 examinadores para 2018 pero la aprobación del complemento depende en su totalidad de Hacienda.
El caso de la plantilla de Aena multiplica por diez estas magnitudes. En 2011, la empresa contaba con 11.440 trabajadores y tenía un tráfico de 187 millones de pasajeros. En 2016, con un tráfico de 230 millones, Aena tiene 7.297 trabajadores. La amenaza de huelga a partir del 15 de septiembre está servida.
El caso de los responsables de proyectos en la AECID o del personal laboral en el exterior es singular. Además de sufrir los rigores de la congelación de salarios de todo el sector público, su situación está agravada por las espirales inflacionistas de los países de destino, como Argentina. Aprovechando la celebración del día del cooperante el 8 de septiembre, los responsables de proyectos de la AECID irán a la huelga. El personal de numerosas embajadas está de paros hace meses.
No son solo salarios
Miguel Borra, presidente de CSIF, uno de los principales sindicatos de la función pública, asegura que la situación es insostenible desde hace años y reconoce que están pendientes de las últimas reuniones con Hacienda. En 2017 los funcionarios recibieron una subida salarial del 1%, una cifra que Borra considera más que insuficiente para 2018 por la pérdida de poder adquisitivo en la que llevan inmersos años los funcionarios.
El otro caballo de batalla está en liberar a la Administración de la tasa de reposición del 50%. Esta tasa no afecta a servicios esenciales como sanidad o educación, pese a lo cual también han perdido efectivos. “Por eso nuestra prioridad ha sido conseguir transformar a los eventuales en fijos”, recuerda Borra respecto al proceso que se ha aprobado para regularizar a los miles de interinos que subsisten en las administraciones. A esto se suman otras peticiones específicas como la de los empleados públicos andaluces, que quieren legalizar la jornada laboral de 35 horas frenada desde el Gobierno central y que amenazan con paros también este septiembre.
El plan de choque no ha incluido a las administraciones locales, donde la temporalidad es también muy alta, ni a la Administración General del Estado, otros dos sectores públicos en los que las plantillas han mermado sin cesar pero la recuperación de la actividad económica les ha llevado a asumir un trasiego propio a los años anteriores de la crisis.
Enero de 2011 marcó el pico de personal al servicio de las Administraciones públicas con 2,7 millones de empleados. El último dato de enero de este año sitúa al total de la plantilla pública en 175.000 efectivos menos. Solo en la Administración General del Estado se han volatilizado más de 40.000 empleos, y en las empresas públicas, como Aena, unos 25.000 puestos de trabajo.
Pero ha sido en la Administración Local y en las universidades donde más empleo de funcionario ha desaparecido. En enero de 2010 trabajaban en los ayuntamientos 657.000 personas y este año lo hacen 543.000. Por eso permitir reponer las jubilaciones que se den a partir de ahora no será suficiente para revertir unas plantillas esquilmadas y envejecidas. Casi un 60% de los empleados públicos que trabajan para la Administración General del Estado tienen más de 50 años.
El anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que revisará al alza las previsión de crecimiento económico para 2017, juega a favor de las demandas de este sector de cara a la elaboración de los presupuestos. La marcha de la recaudación de los ingresos fiscales y también, con especial incidencia, las presiones políticas sobre un gobierno en minoría podrán ayudar a rebajar la tensión del otoño caliente que supondrá no ceder a las demandas de estos colectivos.
