La Casa de Alba esgrime que sus pozos ilegales junto a Doñana han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua

La Casa de Alba reconoce que tiene nueve pozos sin licencia en su finca de Aljóbar (en el municipio sevillano de Aznalcázar, a las puertas de Doñana) y admite también que se han estado utilizando sin medidor de control alguno, pero insiste en que en ningún momento ha sacado más agua de la que tiene permitida. Eso le lleva a afirmar que así se ha beneficiado al acuífero del que se extrae agua, el Aljarafe Sur, pese a que la Guardia Civil considera que se ha producido un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros.

Así lo recoge el informe pericial que ha encargado a un técnico, licenciado en Ciencias Ambientales, con el que pretende rebatir ante el juez que instruye la causa por delito ambiental al elaborado por el instituto armado, que también señala que el daño provocado por los pozos puede ser irreversible. Esto vendría provocado por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante una década, y habría generado un beneficio ilícito de unos seis millones de euros.

Además de intentar tumbar el análisis hecho por los agentes, el informe que esgrime Eurotécnica Agraria –la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona la hacienda– considera que no se ha podido demostrar que se hayan extraído más de los 605.150 metros cúbicos por año que tiene autorizados. La Casa de Alba tiene licencia para regar con un pozo (también para un segundo, pero en este caso de uso doméstico), pero en las inspecciones realizadas se confirmó que utilizaba otros nueve para los que carecía de permiso.

Mejora la hidrodinámica

Estas extracciones no autorizadas han sido cazadas ya dos veces a pleno funcionamiento y con “despilfarro de agua” según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego). Los nueve se encuentran ahora sellados por orden del juez, que levantó esta medida cautelar el año pasado pero la recuperó al comprobarse que volvían a usarse pese a las advertencias en sentido contrario.

Así que la defensa da por hecho que no ha gastado más agua de la permitida y que la Guardia Civil no puede certificar lo contrario, por lo que da un paso más allá y afirma que el uso de los nueve pozos ilegales le ha venido bien a la masa subterránea. “Lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”, ya que se están “evitando extracciones fuertes en sólo dos puntos”.

Eso genera un cono de descenso menos pronunciado al estar “repartido entre diez captaciones”, apostilla. Es decir, que hay que ahondar menos y no se saca agua masivamente de un mismo punto. La mayoría de los pozos sin licencia superan los 30 metros de profundidad, alcanzando uno de ellos los 34,6 metros.

Los técnicos de la CHG coinciden

Aunque el argumento pueda parecer una estratagema para esquivar la acusación por delito ambiental, lo cierto es que el contrainforme de la Casa de Alba (que llega a acusar a la Guardia Civil de “tergiversación”) lo que hace suyo es un argumento de la propia Confederación del Guadalquivir. Los técnicos de este organismo consideran que, efectivamente, un reparto de los puntos de extracción mejora la hidrodinámica del acuífero, y así lo recogieron en el estudio ante la solicitud hecha por la propiedad para legalizar los pozos.

Esta petición se hizo cuando la Guardia Civil ya había sorprendido a Eurotécnica Agraria usándolos, es decir, con la causa judicial abierta. Técnicamente, lo que la empresa ha planteado es una transmutación del derecho inscrito a una concesión de aguas públicas, que contempla “la incorporación como apoyo de ocho pozos ya existentes en la finca”, que no son otros que los ilegales. ¿El objetivo? El ya apuntado: “repartir el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero, al evitar extracciones fuertes”.

Por cierto, que este estudio de la CHG fue uno de los argumentos que esgrimió el propio magistrado para, el pasado mes de junio, levantar el precinto de los pozos, una decisión a la que se opuso la Fiscalía de Medio Ambiente. La condición era que no se usaran hasta que estuviesen regularizados, requisito que la propiedad incumplió en cuestión de pocos meses ya que fueron cazados de nuevo en uso en noviembre del año pasado.

La regularización sigue en marcha

La CHG, asimismo, ha dado su visto bueno inicial al proyecto presentado por Eurotécnica Agraria al considerar que efectivamente le puede venir bien al acuífero, siempre y cuando no se saque más agua de la que ampara la licencia en la actualidad. De hecho, el juez instructor considera que la causa abierta por delito ambiental “no es óbice ni obstáculo” para culminar la propuesta hecha por la empresa de los Martínez de Irujo.

De esta manera, la regularización sigue adelante pese a ser pillados ya dos veces “despilfarrando” agua. No sólo eso, sino que el propio magistrado apunta en uno de sus últimos autos que estas extracciones ilegales pueden haber tenido un "impacto colateral en Doñana" y en su avifauna.