La empresa estatal Tragsa, presidida hasta el pasado jueves por la exministra de José María Aznar y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha dado por perdidos 4,187 millones de euros que prestó a una empresa brasileña en quiebra, Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda, a través de su filial en aquel país, Tragsa Brasil Desenvolvimento de Projetos Agrarios Ltda, creada en 2013 y actualmente en liquidación.
En junio pasado, Tragsa ya anunció su intención de finiquitar su aventura brasileña, en la que, según avanzó entonces Infolibre, ha enterrado cerca de 10 millones de euros. Según recoge su último informe anual, a lo largo de 2017 Tragsa reconoció un “deterioro de la participación en la filial Brasil de 9,192 miles de euros” tras llevar a cabo “una operación de capitalización de los préstamos concedidos” por su matriz por importe de 33 millones de reales (unos 6,84 millones de euros).
Ese saneamiento se sumó al impago de una serie de préstamos concedidos por la filial, Tragsa Brasil Desenvolvimento de Projetos Agrarios Ltda, a la citada Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda, por importe de 4,187 millones de euros. “A consecuencia del impago de la deuda se ha presentado demanda el 19 de diciembre de 2017, por lo que se ha reconocido el deterioro del 100 % del préstamo”, indica Tragsa en su informe. Carmona Cabrera solicitó concurso de acreedores a finales de 2013, poco después del desembarco de Tragsa en Brasil.
En los dos últimos años, la filial brasileña de Tragsa ha declarado pérdidas de más de 37 millones de reales (7,7 millones de euros al cambio actual), según se recoge en sus últimas cuentas anuales. Estas fueron aprobadas con salvedades el pasado 6 de julio por su auditor. PwC ha considerado, entre otras reservas, que la filial sobrevaloró sus activos e infravaloró las pérdidas del ejercicio al apuntarse créditos fiscales de improbable recuperación.
Un amigo de Cañete
La aventura brasileña de Tragsa fue una apuesta del antecesor de Rodríguez, Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado, un hombre muy cercano al hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete, que presidió la empresa estatal hasta febrero de 2017. La propia Elvira Rodríguez anunció el pasado junio en Santander que, en el marco de un plan global de mejora de eficiencia, la empresa preparaba el cierre de su filial brasileña.
Este diario ha preguntado a Tragsa, entre otras cuestiones, por esos préstamos fallidos y por el volumen de recursos económicos que ha destinado la empresa estatal a Brasil. “No estamos autorizados para dar detalles sobre los proyectos como medio propio de la Administración que somos”, indica una portavoz.
En su último informe anual, Tragsa señala que “la filial de Brasil durante 2017 ha ejecutado obras para la construcción de unidades de vivienda del programa del gobierno federal de Pará”, sin aportar detalles. En 2015, La Vanguardia informaba de las actuaciones de la española en el proyecto federal de vivienda pública “Minha casa, minha vida”, en sustitución de la citada empresa en quiebra Carmona Cabrera, para la construcción y equipamiento de un millar de viviendas sociales en Santarem (Pará) destinadas a campesinos dedicados al monocultivo de soja.
Según explica Tragsa en su web, la actividad de su filial brasileña “se centra en el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos medioambientales y desarrollo sostenible, creación de infraestructuras, gestión y potenciación del sector agrario y consultoría”. Las “actuaciones más significativas” que cita son “acciones contra el fuego” y “creación y gestión de cuencas hidrográficas” en el estado de Tocantins; y la ejecución de la red de abastecimiento para el consorcio de Aguas de Marabá (Estado de Pará); de la red de saneamiento básico en Santarem; y de la red de abastecimiento y de una planta de tratamiento de aguas del municipio de Itaituba (Pará).
La creación de Tragsa Brasil Desenvolvimento de Projetos Agrarios fue autorizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reunión del Consejo de Ministros del 11 de enero de 2013 con el objetivo de “prestar asistencia técnica en materia agroalimentaria, desarrollo rural y medio ambiente” al Estado brasileño de Tocantins, tras la firma de un Memorándum de Entendimiento suscrito el 24 de mayo de 2012 por el entonces ministro de Agricultura, Arias Cañete, y el entonces gobernador de ese Estado, José Wilson Siqueira Campos.
“La implantación de Tragsa en Brasil puede contribuir al establecimiento de otras empresas españolas en este país”, aseguró entonces el Gobierno, que, “ante la difícil situación económica”, enmarcó la decisión en la necesidad de “fomentar la internacionalización del tejido empresarial español con el objetivo de contribuir al crecimiento económico y al mantenimiento del empleo”.
Unos meses después, Tragsa presentaría un expediente de regulación (ERE) para despedir a 1.336 personas en España que inicialmente anuló la Audiencia Nacional y que acabaría autorizando el Tribunal Supremo. Finalmente, los afectados fueron 555, un 5% de su plantilla.