Pese a las trabas del Gobierno central al autoconsumo tras la aprobación, a finales de 2015, de una de las normativas más restrictivas del mundo para esta opción de generación eléctrica, un puñado de compañías está apostando por él para cubrir parte de la demanda energética derivada de su actividad. Entre ellas hay grandes empresas y pymes:
Ikea: el gigante sueco de los muebles ha sido uno de los operadores más activos en este terreno, antes y después de la aprobación del polémico decreto de autoconsumo. En España, tiene instalados 40.000 paneles solares, de potencia variable (la media es de cerca de 1000 kW por cada centro) en siete de sus tiendas (A Coruña, Alcorcón, Jerez, Málaga, Sabadell, Sevilla y Valencia) y sus dos almacenes de Valls. A escala nacional sus instalaciones fotovoltaicas producen ya cerca del 20% de la energía que consume la empresa “que además, incluye únicamente energía verde”, señalan fuentes de la compañía.
La multinacional, que anunció hace unos días la apertura de una nueva tienda en Almería para principios de 2020, es conocida en otros países por vender kits solares para autoconsumo doméstico que, de momento, no comercializa en España y ha asumido el compromiso de ser 100% renovable e independiente energéticamente en 2020. Para ello, ha invertido a nivel global 2.100 millones de euros en esta materia desde 2009. En agosto de 2016, Ikea se comprometió a adquirir y operar 327 aerogeneradores y había instalado 730.000 paneles solares en sus edificios a nivel internacional. En el ejercicio fiscal 2016, produjo energía renovable equivalente al 71% del consumo total de sus instalaciones en el mundo. Hace tres años, Ikea tuvo que entregar a Santander un proyecto fovoltaico en Cuenca en el que había invertido en 2007 cerca de 65 millones de euros, antes incluso de materializarse los recortes a las primas de esta energía del anterior Gobierno.
Bon Preu: la cadena catalana de supermercados y gasolineras, con unos 6.000 empleados, tiene una decena de plantas de autoconsumo con una potencia total de 1.363 kW. La más grande se inauguró en marzo pasado en su almacén de productos refrigerados en Balenyà (Barcelona), donde se encuentran sus instalaciones logísticas. Con 650 kW, es la mayor de Catalunya y una de las más grandes de España, con capacidad para cubrir el 40% del consumo eléctrico del almacén. Consta de 2.454 paneles y ocupa 7.000 metros cuadrados.
Aena: la empresa de aeropuertos, cuyo mayor accionista es el Estado, sacó a concurso a finales del año pasado la instalación de plantas de autoconsumo en sus cuatro aeropuertos en Canarias, donde“las condiciones de recurso solar son idóneas”. Con un coste de 4,36 millones, el contrato se adjudicado a una UTE formada por Elecor y Grupo Render. La puesta en marcha de las instalaciones está prevista para finales de 2018. Las plantas tendrán una potencia instalada total de 3,4 megavatios (MW): 1.000 kW de potencia, respectivamente, en los aeropuertos de Fuerteventura y Tenerife Sur; 850 kW en Lanzarote y 600 kW en Gran Canaria.
Sanitas: la empresa de sanidad privada genera electricidad a través de instalaciones fotovoltaicas en algunas de sus residencias geriátricas, aunque no concreta potencia, ubicación y fechas de puesta en marcha.
Vegetalia: esta empresa catalana de alimentación ecológica, recientemente adquirida por la multinacional Ebro Foods, tiene una planta de 46,8 kW en la cubierta del obrador de una antigua masía en Mas Montserrat (Castellcir, Barcelona), que abastece parte del consumo de sus neveras y sistemas de fabricación. Fundada en 1986, Vegetalia facturó 11,5 millones de euros en 2016 y tiene más de 80 empleados.
Viñas del Vero: esta bodega oscense, perteneciente al grupo González Byass (propietario de Tío Pepe), ha desarrollado un proyecto junto a la Universidad de Zaragoza, el CSIC y la ingeniería Intergia para instalar tres campos fotovoltaicos de 44 kW de potencia que permiten cubrir entre el 6%-7% de la energía que necesita. Uno de los campos se sitúa sobre el terreno, otro sobre un poste con seguidor y el último, sobre la lámina de agua de una balsa de depuración de la bodega. La energía producida mueve los mecanismos necesarios para accionar la depuradora de los efluentes de la bodega en modo aislado (desconectada de la red), así como los sistemas de riego de los viñedos cercanos.
De esta manera, la bodega, que ya cerró su ciclo de agua con la instalación de una depuradora y la reutilización del agua para el riego de viñedos, cierra con este programa el ciclo energético. El proyecto, denominado Rewind, está enmarcado en el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima LIFE, y quiere demostrar la rentabilidad técnica, medioambiental y económica en el sector agrario y la industria rural con el uso de las renovables. Con un plazo de 36 meses de ejecución que concluye en julio, está dotado con un presupuesto de 1.562.994 euros, de los que la UE financia 672.265 euros y el 55% restante corre a cargo de los cuatro socios.
“Hemos conseguido demostrar que esto es rentable”, dice José María Ayuso, director de Viticultura de Viñas del Vero, que explica que el proyecto tuvo que ser replanteado para no conectarlo a la red tras la aprobación del decreto de autoconsumo.“Si me hubiera tenido que encarcelar a lo que me dice la normativa el sistema sería automáticamente un 20% menos eficiente”, dice, muy crítico con las trabas del Gobierno: “Hoy si no se ponen más energías renovables en las industrias es porque la Administración no quiere”, lamenta.
Bodega Celllers Can Blau: perteneciente al grupo Juan Gil Bodegas Familiares, ha conseguido una bodega 100% autónoma energéticamente que se autoabastece con un sistema de energía solar con apoyo de grupos electrógenos. Evita al año 66 toneladas de emisiones de CO2 y ahorra unos 15.000 euros en consumo eléctrico.
Este lento despliegue corre paralelo a la instalación de plantas para particulares con una potencia de menos de 10 kilovatios, que están exentas del famoso impuesto al sol, un gravamen que, por otro lado, no se está cobrando porque no se ha aprobado el reglamento que lo desarrolle.
“Cuando planteas a la gente el impacto que tendría el impuesto al sol en el caso de que se llegara a cobrar, dejando de lado que es totalmente injusto, el impacto real es alargar unos meses o poco más de un año el retorno de la inversión”, dice Manel Romero, delegado en Cataluña de la patronal UNEF y socio de SUP Renovables, que ha instalado más de un centenar de instalaciones de autoconsumo en España.