El Consejo General de Economistas (CGE) calcula que las empresas mantendrían márgenes de beneficio (la capacidad de convertir en ganancias el dinero ingresado con las ventas) con una subida media de salarios del 12,8% de 2021 a 2024. Aunque según el mismo modelo, el incremento de los sueldos tendría que ser del 19,2% en el conjunto de estos cuatro años para que los trabajadores viesen compensado el daño de la inflación.
Según el ejercicio teórico del CGE para una compañía tipo y teniendo en cuenta una subida del 0,7% en 2021, un marco de aumentos de las remuneraciones del 4% en 2022, del 5% en 2023 y del 3% en 2024 no dañaría la rentabilidad de las empresas. Este cálculo reconoce que los beneficios corporativos están mejorando con la inflación, por la capacidad de algunos sectores de trasladar los incrementos de los costes (energía, materias primas, bienes intermedios...) a los precios de venta.
Esta misma conclusión ya la constató recientemente el Banco de España en la última muestra de la Central de Balances Trimestral (que recoge datos de 920 empresas no financieras). La institución confirmó que, en el primer semestre de 2022, “la facturación de las empresas creció a una tasa muy alta, reflejo tanto de la recuperación de la actividad como del aumento de los precios de venta”. Y que esta evolución “se tradujo en una mejora de la rentabilidad de las compañías”.
Es decir, la cifra de negocio creció en los últimos meses por la inflación y sigue creciendo. La capacidad de convertir los ingresos totales tras hacer frente a los costes se mantiene o mejora en la mayoría de sectores de actividad. Hasta el punto de que “a pesar del notable avance de los costes de producción, los excedentes empresariales [los beneficios] se expandieron a un ritmo elevado, y se registraron ya niveles muy similares o incluso algo superiores a los existentes antes de la crisis del COVID-19”, según el Banco de España.
Los sueldos pactados en los convenios colectivos revisados en lo que va de año solo han aumentado un 2,6%. Con el agravante de que en 2022 se están actualizado un 20% menos de convenios que en 2019 por la negativa de los empresarios a firmar subidas de sueldos con el IPC como referencia, como piden los sindicatos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
Las “bandas de negociación” presentadas este miércoles por el CGE, junto a representantes de las empresas, también incluían una propuesta “de pacto de rentas”, como se observa en las últimas filas del gráfico. Este “pacto” se define como un acuerdo para repartir el golpe de la inflación. La propuesta de este equipo de expertos es una subida de salarios del 6,4% entre 2021 y 2024.
Un marco que se quedaría muy por debajo del aumento del 9,5% en tres años firmado por el Gobierno con los funcionarios, y que choca con el cálculo divulgado en la misma presentación del 13% “sin dañar márgenes”.
Sin control para los márgenes de beneficio
Lo cierto es que de los números al discurso de las empresas hubo diferencias en el acto del CGE. Jesús Soto, director financiero del Grupo Dia, explicó que “estamos negociando el convenio colectivo con los sindicatos”; y reconoció que “hay una presión alta por incrementar los salarios”. Aunque “hay que entender que la situación de la compañía es complicada”, prosiguió.
“Hay que admitir que la reducción del poder adquisitivo es muy importante, algunas familias sufren un daño del 25% sumando inflación y aumento de las hipotecas”, lamentó, por su parte, Alfonso Porro, presidente del Gremio de Áridos de Cataluña. En cambio, los economistas del CGE defendieron que “los márgenes empresariales no están en niveles altos en comparación con los niveles de 2019”.
“En los últimos años la inversión empresarial está estancada, y la inversión va a depender de la rentabilidad”, argumentaron. “El margen de las empresas se ha reducido ya, estamos en niveles de supervivencia”, llegaron a añadir. “Y a partir de ahí, deben comenzar las negociaciones”, continuaron.
En la propuesta de pacto de rentas no incluyen medidas para garantizar la moderación de los márgenes de beneficio. “El mercado se va a regular por sí solo, por pura competencia”, confiaron. “Me da miedo entrar en según qué conceptos sobre límites a los márgenes, al final las empresas lo que quieren crecer y generar empleo”, opinó concretamente Alfonso Porro.
Este razonamiento ha paralizado la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar precios de los alimentos en los supermercados, pese a que la cesta de productos básicos no ha parado de subir. El componente de la alimentación del IPC (Índice de Precios de Consumo) aceleró un 15% en octubre, respecto al mismo mes de 2021.
Mientras, en el mismo indicador se refleja la efectividad de los topes. El componente energético en nuestro país llegó a dispararse cerca de un 53,6% en marzo, respecto a septiembre de 2021 (como mes de referencia del inicio de la crisis energética). Este pico fue consecuencia de las perturbaciones más agudas en el mercado de gas y petróleo por la invasión rusa de Ucrania. Y se repitió en agosto.
Los precios de estas y otras materias primas importantes para la industria o la agricultura venían al alza desde el verano del año pasado por la propia tensión geopolítica y por los desequilibrios de la salida de la pandemia. Desde marzo no han dado tregua. Solo han sido aliviados en los últimos meses por las medidas de choque del Gobierno, como la rebaja de impuestos en la factura de la luz, la bonificación a los carburantes y, sobre todo, el tope al gas.
Otras medidas del Ejecutivo han sido los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. Aunque se encuentran en vía parlamentaria y están siendo suavizados. En el caso del gravamen a las ganancias de las entidades financieras ha recibido el rechazo del Banco Central Europeo (BCE). En el diseñado para eléctricas, gasistas o petroleras, este jueves en el Congreso fue excluido de la tributación el negocio regulado y el internacional de la compañías.
Empresarios, contra las cláusulas de revisión de los salarios
Por último, los empresarios también se muestran incómodos con las cláusulas de revisión de los salarios. Este tipo de garantías para recuperar poder adquisitivo al final de un periodo se pueden pactar en los convenios o en los acuerdos de incrementos de sueldos, y pueden referirse al IPC o no.
“Los sindicatos han introducido la exigencia de cláusulas de revisión, y es muy difícil planificar con estas cláusulas”, incidió el presidente del Gremio de Áridos de Cataluña. “Va a haber cierta lucha, pero se va a llegar a acuerdos, sin excesiva conflictividad”, concluyó.
Tanto los datos de consumo como los de empleo confirman que la actividad resiste en España pese a la incertidumbre internacional, a la desaceleración de la recuperación por la inflación y por las subidas de los tipos de interés del BCE. Pero los sindicatos y muchos expertos claman por un acuerdo de subida de salarios que evite la asfixia de las familias y sostenga el crecimiento económico.
El gran dique de contención de esta crisis de precios está siendo el mercado de trabajo por la reforma laboral. Aunque la cifra de parados todavía roce los 3 millones, el FMI deja la tasa de desempleo en el 12,6% en 2023. Y el Gobierno habla de “casi” 21 millones de ocupados y de que la tasa de paro caerá al 12,2% de media durante el próximo año. También es muy relevante que la temporalidad haya caído a mínimos tras la reforma laboral.
“Un apunte favorable respecto a la tasa de paro, que no por conocido debe omitirse: por vez primera en más de cuatro décadas, una severa crisis no redundó en una devastación del empleo”, apuntan los economistas que firman el último Observatorio económico de Fedea.