Mari Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) es la actual secretaria de Empleo en el PSOE. Su experiencia y formación laboral la llevó a ser secretaria de Estado de Empleo en los dos últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que selló el pacto para la reforma de las pensiones y un cambio de la negociación colectiva que ahora está dispuesta a enmendar. El programa que está diseñando para las generales está trufado de iniciativas dirigidas a incentivar la natalidad y la presencia igualitaria de la mujer en los centros de trabajo. La entrevista se realiza apenas un día antes de las elecciones catalanas.
Si el PSOE gobierna, ¿mantendrá la última reforma de las pensiones aprobada?
La cambiaríamos mediante el Pacto de Toledo. Porque lo primero que haríamos sería recuperar los consensos políticos y sociales. Recuperado el consenso, habría que intentar que dos medidas que han sido muy nocivas se revisaran. La primera es la revalorización de las pensiones.El elemento para revalorizarlas [el factor de sostenibilidad] fue impuesto, se hizo a través de un grupo de expertos que fueron designados por el Gobierno y donde había un presunto pluralismo. Los expertos emitieron su dictamen y no obtuvo el apoyo de Pacto de Toledo. Finalmente, las pensiones han subido en toda la legislatura del PP un 3,75%.
En cuanto la inflación cobre una normalidad que ahora no tenemos, las pensiones van a perder poder adquisitivo en las próximas décadas. Además, la aplicación de esta fórmula depende de la arbitrariedad de la Seguridad Social: en el momento en que reduces los ingresos la fórmula te arroja que las pensiones no se eleven más de un 0,25%.
No es tan fácil manipular esa fórmula, influyen otros elementos.
El factor está establecido de forma que el Estado puede jugar si quiere con los ingresos del sistema. Es opaco, impide que las pensiones mínimas puedan tener una política de subida por encima de la media, que ha sido siempre la política de Seguridad Social del PSOE, que suban más para ir acabando con las inequidades del sistema.
¿Cuál sería su propuesta?
Actualizar las pensiones año a año con el IPC.
Pero el Gobierno le ha quitado valor al IPC con la creación de un nuevo índice y la ley de desindexación de la economía, ¿se podría establecer el IPC otra vez como referencia?
Sí, se podría proponer al Pacto de Toledo una actualización conforme al IPC. No creo que como país nos merezcamos que nuestros pensionistas vivan cada vez peor. Eso genera desigualdad.
El IPC también tenía sus complicaciones, por ejemplo, se tomaba como referencia el objetivo de inflación del BCE (2%) y luego se puso en duda que esto fuera válido. ¿Qué se pondría como referencia?
Estamos pensándolo. ¿Qué le importa a los pensionistas, cuál es el componente de la cesta de la compra de los pensionistas? ¿El petróleo? ¿Cosas que ellos no consumen? Habría que tener en cuenta fundamentalmente aquellos consumos que afectan a los pensionistas.
¿Harían entonces un IPC especial como una cesta 'ad hoc' para las pensiones?
¿Por qué no? La bajada del petróleo no les importa, pero si suben los medicamentos, sí. ¿Por qué no empezar a pensar cuál es el principal gasto de los pensionistas? Eso sería 'su IPC', por así decirlo. Lo estamos estudiando (hacer una cesta ad hoc). Lo que sí tenemos claro es que hay que eliminar el factor de sostenibilidad, y luego la nueva fórmula concreta sería objeto de debate en el Pacto de Toledo. Lo que queremos es volver a actualizar las pensiones para que mantengan su poder adquisitivo.
En la anterior reforma de las pensiones, la del PSOE, las previsiones eran más optimistas que las actuales. ¿Cómo se conjuga este gasto con una perspectiva de una población activa a la fuga?
El principal problema que hay es la política de empleo del Partido Popular, con contratos cada vez más cortos y salarios cada vez más bajos. Eso impide un enriquecimiento de la caja de la Seguridad Social. Lo que entra por cotizaciones es muy poco. Los datos del primer semestre son evidentes: lo que ha recaudado la Seguridad Social respecto al año anterior es un 1,32% más, mientras que el número de cotizantes ha subido el 4%. Hay un segundo problema: la política de empleo del PP en los últimos cuatro años ha sido reducciones y bonificaciones a la contratación, no ha habido más política de empleo. Y cada vez que lo ha hecho ha cargado la medida sobre la caja de la Seguridad Social y eso impide la entrada de financiación.
¿Y dónde se encuentra ese dinero?
En los impuestos. No hay ninguna ley sagrada que diga que las pensiones solo se tengan que pagar con cotizaciones. El Pacto de Toledo dijo que había separación de fuentes pero que era posible encontrar otras fuentes.
Cuando se plantean esto se habla normalmente del IVA, ¿es lo que tienen en la cabeza?
La solución podría pasar por una cesta de impuestos que combine una tasa sobre la riqueza más lo que proceda de la lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude fiscal, que será un elemento central del programa electoral del PSOE, se podría usar para financiar nuestro sistema de pensiones. También estamos analizando el modelo francés, donde hay un impuesto que se llama cotización social que se recauda y se lleva a la caja de la Seguridad Social. Todo el mundo sabe que lo paga para financiar el sistema de pensiones. Es una fórmula transparente, la gente sabe a lo que se destina ese 1% que se tributa sobre las rentas del trabajo y del capital combinadas y que contiene un plus para las rentas más altas. En España no tenemos un sistema de impuestos tan transparente, pagamos y no sabemos exactamente a qué va. Vamos a pensionar a la generación más amplia de la historia a partir de 2035, va a ser una situación excepcional, tenemos tiempo para ir acumulando hasta que llegue el momento.
Las tres propuestas para incentivar la natalidad desde la perspeciva de género y el trabajo:
Por la evolución demográfica y social, ¿están a favor de una reforma de las pensiones de viudedad?
Estamos a favor de llevar al Pacto de Toledo primero la financiación porque hoy tal y como esta el sistema nos va a suceder que vamos a tener un gap de financiación para pagar las pensiones. Y luego estamos a favor de un debate sobre configuración. Más que qué hacer con la pensión de viudedad, me preocupa qué hacer para evitar las brechas entre mujeres y hombres: la salarial es del 24%, la de pensiones es de casi el 39%.
¿Y cómo se afronta esa prioridad?
Estamos pensando en que haya una especie de bonos de cotización para las personas que tienen hijos. Que cada vez que una persona tiene un hijo tenga un bono de cotización, por ejemplo, 24 meses de cotización extra por cada hijo. Cómo se cuantificaría esa contribución habría que verlo, quizá como la contribución media de los últimos años de carrera.
¿Sería una bonificación para cada persona o para cada mujer?
Ese es un debate muy importante. Yo creo que debe ser cada persona porque debemos evitar las normas que generan diferencias en función del sexo, pero es verdad que son las mujeres las más perjudicadas en sus carreras de cotización. Sería una especie de bono de cotización a la Seguridad Social por cada hijo que se tuviera.
Voy a hacer de abogado del diablo. Eso es un peso muerto para los hombres. Les das algo a los hombres que no necesitan.
Si lo condicionas a quien ejercen tareas de cuidado puede ser que tengamos tareas de cuidado del otro lado que hoy no tenemos. El 80% de las reducciones de jornada o suspensiones de contrato son ejercidos por mujeres. Si queremos avanzar en un debate de corresponsabilidad tenemos que hablar de este tipo cuestiones para cambiar roles. El rol de la maternidad estricto solo es nuestro pero para los roles de cuidado tendremos que impulsar normas.
¿Y el permiso de paternidad no es más urgente?
Es que también lo llevamos. Las piezas serían: en primer lugar levantar la suspensión del permiso de paternidad. Ya lo hemos pedido.
Lo suspendieron ustedes con el Gobierno del PSOE.
No me lo tiene que recordar.
Al lector, sí.
Pero también tienes que recordar que fuimos nosotros los que lo creamos. El PSOE elaboró el permiso de paternidad a las cuatro semanas y con un problema económico muy importante estábamos en números rojos y lo suspendimos. Con error o con acierto. Pero a día de hoy se supone que económicamente estamos creciendo. Pues es el momento.
En caso de que ganen las elecciones ya en 2016, ¿levantarían la suspensión?
Si gobernáramos, ya lo dijo Pedro Sánchez, habrá un decreto ley para 2016 cambiando los Presupuestos. Y ahí iría levantar la suspensión de la paternidad a cuatro semanas. En el programa electoral llevaremos una ampliación progresiva hasta hacerlo coincidir con el permiso de maternidad pero sin plazo. Primero ir a las cuatro semanas y luego evaluar. Cada dos semanas son 200 millones de euros. Dependerá de las circunstancias económicas. Estas cuatro semanas serían intransferibles.
¿Y obligatorio?
Estamos pensando llevarlo en el programa.
¿Qué les frena?
La obligatoriedad del permiso de maternidad se circunscribe a las seis primeras semanas porque están vinculadas a la salud de la madre y las diez restantes son de conciliación y no son obligatorias. La obligatoriedad va ligada a la salud así que tenemos que pensar cómo vincularlo. Pero creo que finalmente llevaremos en el programa obligatorio e intransferible.
Otro pilar de nuestro programa será la maternidad contributiva. Hemos dejado el año pasado 130.000 madres sin protección. Madres que eran demandantes de empleo pero que no habían cotizado lo suficiente para estar protegidas. Daremos protección social esas seis primeras semanas en forma de prestaciones no contributivas.
Las dos medidas para acabar con la brecha salarial:
¿Qué pasa con la Ley de igualdad salarial?
La desigualdad salarial nace ya antes de llegar al mercado de trabajo. Hasta estudiando, ya hay una segregación. Tiene mucho que ver con la educación, con lo que haces en los colegios… pero en lo que nos toca del mercado de trabajo, lo primero es la transparencia salarial. Las empresas estarán obligadas a hacer públicos los salarios desagregados. Por sexo y por categorías.
¿Eso no va contra protección de datos?
Se puede desagregar por pluses, categorías y tener una radiografía de lo que sucede en tu empresa entre mujeres y hombres. Esto iría incluido en el nuevo Estatuto de los Trabajadores. También que todas las empresas tengan una estrategia de lucha contra la discriminación salarial.
¿Cómo se introduce la perspectiva de género en las organizaciones donde no hay apenas mujeres en los órganos de gobierno?
Los comités de empresa deben tener la misma proporción que tienen las mujeres de la plantilla. Hoy no existe. Hoy hay comités masculinos en plantillas de un 80% femenino.
¿Y los sindicatos?
Tienen que hacer una reflexión.
¿La tienen que hacer ellos?
Son sujetos privados.
Financiados con dinero público.
Sí y probablemente esta reflexión pueda impulsarse. Pero también hay que decir que los principales avances en igualdad han venido de la mano de los convenios colectivos.
Pues cómo sería si hubiera mujeres negociando.
Por eso queremos que estén las mujeres en el comité de empresa.
Pero los comités son espejos del sindicato.
Bueno de golpe no sé si lo haremos, pero al menos imponerlo en los comités de empresa. Pero habrá que revisar las normas de ascensos, permisos… porque son reglas que terminan todas en el mismo lado.
Las empresas son organizaciones privadas, privadas de verdad, y se les hizo una recomendación sobre las mujeres en consejos de administración.
Elevaremos la recomendación a obligación. Pero la haremos en la parte del programa de gobernanza de las empresas, será un 40% obligatorio para todas las empresas. Para todas las que tengan consejos de administración. También llevaremos participación de los trabajadores en los consejos de vigilancia.
¿Entonces por qué no una cuota de sindicatos o partidos políticos?
Habrá que hacer esa reflexión.
¿En cuanto a la reforma del Estatuto de los Trabajadores, recuperarán la indemnización de antes de la reforma? (45 días)
Queremos hablar de derechos y cada vez que hablamos de indemnizaciones la reforma se para. Así que lo queremos empezar de forma distinta, lo cual no quiere decir que luego no hablemos de ello. Empezaremos derogando la reforma laboral del PP. Eso es una actuación de urgencia. Convocaremos a los agentes sociales para negociar un nuevo Estatuto con diez temas que son puntos de partida y no de llegada. Queremos recuperar derechos, como la salud y la seguridad en el trabajo que hoy no están. Y hay dos cosas que crecen cuando crece la economía. Los accidentes de trabajo y la brecha salarial. Y también incorporar derechos nuevos como la derecho a la privacidad con las comunicaciones por Internet. Las últimas sentencias del Constitucional dicen que la empresa puede mirarme el correo electrónico, eso hay que protegerlo. También hay que mejorar el tema de la propiedad intelectual, la propiedad científica, algo que ahora mismo el trabajador no tiene. Y hablar de contratos. Queremos hablar de que no haya contrato único
Pero si se deroga la reforma laboral se volverá automáticamente a tener como indemnización 45 días.
La derogación será un primer toque fuerte con un decreto ley con cuatro medidas que manifiesten la intención de cambiar el modelo del Partido Popular. Lo primero que hay que hacer es cambiar la negociación colectiva y recuperar los salarios y cambiar el modelo de contratación y de flexibilidad interna. Y a partir de ahí trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores. No quiero que el debate de las propuestas socialistas sea cómo se destruye el empleo. Quiero que el debate sea como se construyen los derechos de los trabajadores.
Pero a la gente le puede chocar que no se recuperen los 45 días.
También les puede chocar que no se recupere el salario o la negociación colectiva o los descuelgues o que sigamos manteniendo el contrato ése que tiene un periodo de prueba de un año.
Entonces, no quieren contrato único pero en el diagnóstico también está que hay un problema de dualidad. ¿Qué proponen?
Sí tenemos ese diagnóstico. Pero no queremos el contrato único. Porque significa de facto convertir todos en temporales. Porque cuando la indemnización por despido es muy pequeña el coste de oportunidad es muy bajo y se puede despedir en cualquier momento.
Pero es una indemnización progresiva.
Pero los primeros tres años sería tan baja que no podrías superar la rotación. Además tiene problemas de constitucionalidad porque según nuestro sistema el despido tiene que ser causal. Y siempre hay ciclos de la economía en los que tenemos miles de contratos temporales que no son fraudulentos. Entonces los defensores del contrato único dicen, no hay problema, se podrían conservar esos modelos de temporales. Ya se cae ahí el argumento.
Entonces qué se hace para vencer la dualidad.
Proponemos tres contratos, o 2+1, este tercero sería el de formación anclado a un programa real de formación dual. Los otros dos serían, contrato estable para puestos de trabajo estables, es decir controlaríamos la causalidad a través del puesto de trabajo y contrato temporal ligado solo y exclusivamente a puestos de trabajos temporales. Ningún temporal puede durar más de un año, porque entonces ya dudo de que sea temporal. Solo por negociación colectiva podría ampliarse a dos años. Y habría límites también en cuanto a los topes de temporalidad, esto reforzaría mucho la negociación colectiva sectorial. La idea es que hubiera un tope mínimo para adaptarlo a un sector de actividad.
¿Qué tope?
No mucho más allá del 15%. Sectorialmente se podría adaptar un poco más en el sector. Pero este nivel de temporalidad no puede hacer competitivo a la industria. El sector más competitivo, el motor, tiene un 13%. Si se rebasan estos topes habría una sobrecotización para las empresas.
Para todo esto hacen falta más más inspectores de trabajo.
Hasta 3.000 llevamos en el programa. Necesitamos que el Estado de derecho vuelva a los centros de trabajo.
¿Ha comentado la idea del contrato único con la otra pata económica del PSOE, Jordi Sevilla?
Sí.
¿Y está de acuerdo?
Sí. He comentado con él todo y con todas las personas que llevan economía en el PSOE.
La elección de Jordi Sevilla como gurú económico del PSOE ha despertado críticas en algunos sectores socialistas. ¿Cómo entiende usted esta elección?
Yo tengo buena relación personal con él. El debate economía-empleo es un debate complicado. Para los laboralistas incluso el nombre “mercado de trabajo” no es correcto. El trabajo no es una mercancía. Para los economistas este perfil nuestro es diferente y les hablas de la negociación colectiva por la que hay una forma de compensación de poder para que haya un equilibrio de poder y ellos dicen 'esto es un cártel'. Y a partir de ese minuto las cosas tienen dos visiones distintas. Esto siempre sucede, gobernando o fuera del Gobierno. Sin embargo, con Jordi tengo un entendimiento amplio.
Se complementan.
Yo creo que sí. Tenemos visiones complementarias y en el juego de los resultados me siento cómoda. Soy peleona, todo el mundo lo sabe. Pero me siento cómoda. Mientras siga manteniendo mi poder de convicción, claro (risas).