Endesa e Iberdrola han liderado este lunes las caídas en el Ibex 35 ante el plan del Gobierno para abaratar el recibo de la luz. La cotización de ambas eléctricas ha registrado este lunes los mayores descensos desde 2020 y su capitalización conjunta ha menguado al cierre de la sesión en 3.418 millones de euros con respecto al cierre del viernes, cuando trascendió que el Gobierno prepara un anteproyecto de ley para atajar los denominados “beneficios caídos del cielo” de las centrales hidroeléctricas y nucleares y abaratar el recibo.
El plan del gobierno, en vísperas de un importante cambio en la factura, llega con el recibo en el nivel más alto desde la borrasca Filomena de enero. La empresa más castigada ha sido Endesa, que depende casi enteramente del mercado español. La cotización de la filial de Enel ha cerrado con una caída del 5,7%, lo que deja su valor bursátil en 23.610 millones de euros, frente a los más de 25.000 millones del viernes: 1.429 millones menos en un día.
Por su parte, Iberdrola, líder hidroeléctrico nacional aunque menos dependiente del negocio en España que Endesa, ha cedido por su parte un 2,74%, con un valor total de 70.568 millones, frente a los más de 72.500 millones del viernes. Casi 2.000 millones menos.
También ha sufrido Acciona, que también tiene intereses en generación hidroeléctrica tras el troceo que siguió a la opa que lanzó hace 14 años sobre Endesa junto a Enel. Ha cedido un 2,68% y ha recortado su valor en 208 millones respecto al viernes, hasta 7.576 millones.
A la espera de conocer el texto del anteproyecto, el plan del Ejecutivo, que elDiario.es avanzó el viernes, ha causado preocupación en las empresas. Fuentes del sector eléctrico aseguran que “medidas de este tipo suponen una intervención en el mercado” que “pone en riesgo” el futuro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y “podría arriesgar” el calendario de cierre gradual de las nucleares pactado con el Ejecutivo.
En el sector señalan que la propuesta, que tiene un largo recorrido parlamentario por delante, afectaría a tecnologías no emisoras de CO2, “lo que estaría contra la lógica de incentivar esta tecnología en el marco del PNIEC”.
Añaden esas fuentes que “cualquier propuesta de poner un techo a la retribución de nuclear y hidroeléctrica tendría que ser aprobada en Bruselas, donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías” no emisoras, puesto que, argumentan, “introduciría una limitación de su competitividad”.
Acuerdo de Gobierno
El Ejecutivo prevé llevar al Consejo de Ministros, en principio este martes, un anteproyecto de ley para “minorar” la “sobrerretribución” que reciben esas dos tecnologías, restándoles del precio del mercado mayorista la cotización de los derechos de emisión del CO2 y destinando esos ingresos al sistema eléctrico para abaratar la factura de consumidores y empresas. El Ejecutivo entiende que con ello cumpliría con los acuerdos de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos
Los precios del carbono están en máximos históricos y han convertido al mes pasado en el mayo más caro de la historia, con un incremento de la factura del 44%, si bien compara con el 2020 de la pandemia y el confinamiento y una demanda en mínimos. Impulsado por el CO2 y los altos precios del gas natural, el pool está en niveles inusualmente altos para un mes de junio y el precio medio de 2021 se sitúa ya en 53 euros el megavatio hora, uno de los más elevados de la historia.
Ante este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara la “minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado”. La propuesta, que impactaría fundamentalmente sobre las centrales nucleares e hidroeléctricas, no afectaría a “ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura”, según el ministerio.
Transición Ecológica afirma que el Ejecutivo está “preocupado por el impacto del precio del CO2 en el precio de la electricidad y sus posibles consecuencias en la recuperación de las economías domésticas e industrial”. Hace unas semanas, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ya abogó por “una correcta incorporación de las señales de CO2 sin que esto merme nuestra capacidad de recuperación”.
“Incluso cuando sólo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil”, el sistema marginalista de formación de precios mayoristas de electricidad que España tiene implantado “por normativa europea” hace “que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras”, según Transición Ecológica. Mientras las centrales que queman gas natural para producir electricidad sí hacen frente al coste del carbono, nuclear e hidroeléctrica no lo hacen, y de ahí esa sobrerretribución.
El Gobierno recuerda que ya estuvo en vigor un mecanismo muy similar entre 2006 y 2009 que fue validado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2013. La propuesta busca respetar “las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión (año 2005)”.
Este anteproyecto iría al Consejo de Ministros en paralelo a la remisión al Congreso, previsiblemente el próximo martes, del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE), ya como proyecto de ley, que prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas a las renovables más antiguas (7.000 millones de euros) y cargarla al conjunto de comercializadoras de energía. Esta propuesta tiene el aplauso cerrado de las eléctricas y el rechazo de petroleras y gasistas.