El sector eólico reclama subcontratar los trámites burocráticos para agilizar las autorizaciones administrativas de sus proyectos. Ante el atasco de peticiones, el sector teme que una bolsa muy importante de megavatios (MW) empiece a caducar a partir del 24 de diciembre, con la consiguiente pérdida de los puntos de acceso y de los avales depositados por los promotores. Y avisa de un posible efecto arrastre sobre la industria eólica local.
En el último congreso anual de la patronal eléctrica, Aelec, el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Diego Díaz, explicó que a partir del próximo día 24 “probablemente el 80% de los permisos van a caducar” porque “la Administración no tiene los medios necesarios para dar respuesta a los propios hitos que ha puesto sobre la mesa”. “Solamente veo una opción y es que haya una cierta subcontratación de determinadas actividades”, dijo el directivo de Siemens Gamesa. “No puede ser” que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) implique esperar hasta “cinco años”.
En junio de 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 23/2020 que, entre otras medidas, puso en marcha un sistema de hitos intermedios para frenar la enorme bolsa de especulación generada en torno a los permisos de acceso a la red de las renovables.
Entonces, con más de 430 gigavatios (GW) solicitados frente a los 60 GW que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé instalar en esta década y los 110 GW que tiene todo el sistema eléctrico, el decreto permitió a muchos promotores renunciar a proyectos que eran poco más que un papel a cambio de recuperar los avales depositados, lo que permitió cribar unos 40 gigavatios.
Para los que no lo hicieron y habían recibido esos permisos de conexión antes del 31 de diciembre de 2017, se estableció que debían tener la aprobación ambiental en 18 meses a contar desde junio de 2020, por lo que el plazo expira el próximo día 24. Para los que recibieron el permiso a partir del 1 de enero de 2018, se fijó un plazo de 22 meses, hasta abril del año que viene.
El decreto tenía un espíritu “positivo” para garantizar “que los proyectos que se planteen sean serios”, dice Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE. El problema es que “todo el mundo se ha puesto a tramitar a la vez para conseguir llegar a tiempo” y “la Administración pública no está siendo capaz de seguir ese ritmo”.
Transición Ecológica ha reforzado sus recursos con funcionarios y asistencias técnicas de la empresa pública Tragsa, pero no basta, afirma Márquez. Muchos proyectos dependen del Ministerio, pero en la tramitación de una DIA (que además exige un estudio de avifauna que suele demorarse unos 12 meses) se consulta a las comunidades autónomas y al resto de organismos que tienen que informar positiva o negativamente a través de las delegaciones del Gobierno: desde una Dirección General de Patrimonio Histórico hasta una Confederación Hidrográfica, por citar dos casos.
Transición Ecológica, además de proyectos de renovables, tramita cualquier instalación competencia del antiguo Ministerio de Medio Ambiente. “Hay acumulaciones de más de mil y pico proyectos entre las renovables y el resto”, asegura el responsable de la AEE.
Y luego están las comunidades autónomas, responsables de tramitar parques con menos de 50 MW de potencia. “Cada una tiene sus ritmos de trabajo” y factores que hacen “que el ambiente de trabajo sea más tenso”, admite el directivo de la patronal eólica. “Hay más presión, no solo por no llegar al hito, sino porque hay proyectos en el territorio que están teniendo una cierta contestación”, reconoce, en alusión a los movimientos de protesta en muchas regiones contra los parques.
“Eso también afecta a los técnicos, a las comunidades autónomas y a que tengan o no que poner más medios o tomar decisiones respecto a la tramitación”. Galicia acaba de aprobar una moratoria para frenar todos los nuevos proyectos hasta 2023 para poder tramitar los que ya estaban en marcha y Cantabria se lo está planteando.
Delegar la firma
La AEE cree que el proceso de tramitación “se puede mejorar y hay ejemplos claros en otros sectores como la ITV”, que está delegada en entidades privadas que tienen una certificación. “Te habilitan y son los garantes de que tu vehículo está en condiciones de circular. No hay nadie de la DGT firmando cada ITV”. O la sanidad privada, donde el médico que receta un medicamento “tiene una responsabilidad profesional y civil detrás”. O subvenciones cuya concesión la firma un técnico con una encomienda de gestión o un encargo. “Ese es el esquema que tenemos que plantear. Si no, es inviable”, resume Márquez.
“No estoy diciendo que esto se privatice, sino que la capacidad de trabajo se apoye en los medios que tiene la Administración pública, que no son solo el personal de plantilla. Y que la decisión en esos medios, que está perfectamente controlada, legislada y regulada, se delegue, de forma que se multiplique la velocidad de trabajo” y “haya capacidad de analizar todos los proyectos en el tiempo necesario y el plazo que establece la ley”. No se trata de que se aprueben todos.
En la jornada inaugural del último congreso de la patronal APPA, el pasado 1 de diciembre, el subdirector general de Renovables del Ministerio para la Transición Ecológica, Jesús Ferrero, elevó la cifra de proyectos con permiso de acceso a 160 GW, frente a los 147,4 GW que figuran hasta octubre en la web de REE. El Ministerio es consciente de la “preocupación” del sector por la caducidad de los permisos, “uno de los grandes retos” de 2022, pero Ferrero dejó claro que todos esos proyectos “no caben desde el punto de vista de la demanda”. “Muchos” están solapados y tienen que ser “maduros, bien pensados, en el espacio adecuado, con aceptación social suficiente y una red suficiente”.
La expiración de permisos centró buena parte de las intervenciones del “congreso de las caducidades”, como lo bautizó Beatriz Mato, consejera ejecutiva de la promotora Greenalia y ex consejera de Medio Ambiente en la Xunta de Galicia. Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola España, señaló que la situación es “preocupante”, la achacó a un “problema serio” de falta de recursos de la Administración y aseguró que puede derivar en “un encarecimiento” de las renovables y un “problema socioeconómico de desarrollo industrial”.
Mercedes Casado, Senior Regulatory Affairs Manager de RWE Renewables Iberia, reconoció que la intención del Gobierno con ese decreto era “ordenar el sector y evitar la especulación”, pero, ante la imposibilidad de cumplir los plazos, una “solución” sería extenderlos, tal y como planteó Ignacio Grangel, exdirectivo de Red Eléctrica, ex asesor energético del Gobierno de Rajoy, expresidente de OMIE, consejero de Enagás y actual socio del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
La idea de esa prórroga está sobre la mesa de Transición Ecológica: “Hay un atasco importante en la tramitación de los expedientes por parte de las Administraciones autonómicas y, aunque menos, también del Estado. Este es un asunto que tenemos que gestionar con mucho cuidado porque por una parte es importante pinchar esa burbuja, para poder ordenar la penetración de renovables. Estamos valorando la necesidad de responder en plazo”, indicaba el pasado jueves la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en una entrevista con El Economista.
Ocho meses más
La patronal eólica ha pedido una prórroga de ocho meses, vía Real Decreto-ley, que permitiría, según su director general, “que los proyectos realmente avanzados y serios, que ya están en trámite de información pública, tengan capacidad para ser informados” y no queden en un limbo.
La asociación calcula que en noviembre había 40 GW eólicos en tramitación con permiso de acceso concedido. Solo 1,4 GW habían obtenido la DIA y otros 3,4 tenían ese permiso y la autorización de construcción. 15 GW ni siquiera habían salido a información pública. “Habrá muchos que estén en esa situación porque el promotor no haya podido configurar el expediente”, pero en otros casos la causa sería imputable a la Administración. Y “es muy difícil que lleguen a cumplir los hitos, tanto en diciembre como en abril”. “Tenemos que ir a un ritmo de 2,2 GW al año para cumplir el PNIEC”, recuerda Márquez.
Como medida “estructural” y para que “la tramitación sea más transparente, más rápida y más coordinada”, AEE reclama que el proceso “se digitalice y se haga único. Hay países en los que te conectas a un sistema y sabes perfectamente el estado de todos los proyectos, cuándo han entrado, cuál es el siguiente, tu posición y quién está delante de ti. En España eso no ocurre”, explica Márquez. Porque “ya no se trata solo de esta avalancha”. Para cumplir el PNIEC, “año a año hay que incorporar 5,2 GW anuales de eólica y fotovoltaica. Y sacar las DIA para que esos proyectos sean realidad requiere mucho personal técnico. Ahora mismo estamos sacando 1,4 GW”, advierte.
El directivo de AEE subraya que estamos “en un momento de aprendizaje” tras la “parálisis” que vino tras la moratoria a las renovables que decretó el Gobierno del PP en 2012, que hizo que prácticamente no se instalara nueva potencia hasta 2018. En esos años, “las comunidades autónomas y el Ministerio tenían las personas dedicadas a tramitar proyectos de renovables a otras cosas”.
Si ahora caducan esos MW “va a ser un problema en todos los aspectos: para los promotores, que habrá muchos que dirán que no estén de acuerdo porque han hecho todo lo que tenían que hacer e impugnarán”; para los objetivos del PNIEC y para la industria. “No es bueno para nadie y tenemos que buscar alguna solución”.