Desde su mismo nacimiento, el nuevo Gobierno de coalición ha dejado claro que se va a tomar muy en serio la economía en la legislatura. Con el ascenso a vicepresidenta cuarta de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, y la creación del Ministerio de Transición Digital, que pilotará José Luis Escrivá (antes al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), Pedro Sánchez redobla la importancia de los asuntos relacionados con el dinero en la estructura del Ejecutivo, que afronta retos de calado e inaplazables en vivienda, pensiones, fiscalidad, trabajo, desigualdad o en la denominada doble transición: la energética y la digital.
Desafíos a los que el nuevo Gobierno de PSOE y Sumar tendrá que hacer frente en un contexto de desaceleración del crecimiento y de la creación de empleo, pese a la moderación de la inflación, que debería normalizarse por fin hacia el cierre del próximo año, y al despliegue definitivo del Plan de Recuperación.
Es casi imposible que la legislatura pueda ser más complicada económicamente que la última: marcada por el shock sin precedentes de la pandemia, por el volcán de la Palma y por una crisis de precios que no se sufría desde los 80, exacerbada por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la inflación sigue siendo asfixiante para las familias más vulnerables. En 2024, a este golpe se le añadirá lo peor del daño de las subidas de los tipos de interés del BCE a los propios hogares —en este caso principalmente a los que tienen hipotecas variables y a los que precisen endeudarse para comprar una vivienda o para consumir—; también a las empresas que necesiten financiación; y al Estado.
Junto a Montero, continúan como primeras espadas del presidente Pedro Sánchez: la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Empresa y ahora también de Comercio, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Las cuatro lideran un reforzado equipo económico, que completan caras conocidas como Luis Planas (repite como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación), Isabel Rodríguez (pasa de Política Territorial y de la portavocía a Vivienda y Agenda Urbana) y caras nuevas como Óscar Puente (Transporte y Movilidad Sostenible), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), Jordi Hereu (Industria y Turismo) y Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
Díaz y Bustinduy son los únicos representantes de Sumar en este equipo. El resto son cuadros del PSOE. En él, la gran incógnita es qué ocurrirá con la vicepresidencia y las competencias de Nadia Calviño si en apenas un mes consigue la presidencia del Banco Europea de Inversiones (BEI), a la que es candidata desde hace semanas. Dentro del Gobierno, Escrivá, quien ha asumido ya la segunda parte de su anterior Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, suena como uno de los candidatos para sustituirla.
Calviño no tiene fácil alcanzar la presidencia del BEI. No está claro que tenga los apoyos suficientes entre los ministros de Finanzas de la UE que eligen este cargo. Y, según relata el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en el último Consejo de Ministros del primer gobierno de coalición aseguró: “Yo aún no me he ido, y me quedan muchas CDGAE [Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que se reúne semanalmente] todavía”. Lo hizo en defensa de su posición, después de las tensiones con otros ministros en esta Comisión, donde se han negociado las numerosas medidas económicas y ayudas que se han aprobado en los últimos años.
Desde enero, el equipo económico del Gobierno, con o sin Calviño, estrenará las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), tras ser suspendidas las anteriores por la COVID. Un corsé que irremediablemente seguirá marcado por los objetivos del 3% del PIB para el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) y del 60% del endeudamiento, por la dificultad para modificar el Tratado de Maastricht. Aunque se convertirán en metas de medio plazo. Quedando como verdadera obligación la de avanzar hacia ellas, según la propuesta sobre la que los socios comunitarios están discutiendo.
Las últimas previsiones de la misma Comisión Europea sitúan a España en ese camino, al esperar que el déficit se reduzca al 3,2% en 2024, desde el 4,8% de 2023, y tras dispararse en 2020. También estima que la deuda pública caerá al 106,5% del PIB, desde el 107,5% en el que terminará 2023, y por debajo del 109,5% en el que se quedará la de Francia el próximo año. Se trata de una situación casi inédita para nuestro país.
La sostenibilidad de la deuda pública volverá a ser una de las principales preocupaciones en la UE, por las nuevas reglas fiscales y por las subidas de tipos d el BCE. Sin embargo, el verdadero elefante en la habitación es Italia, con un endeudamiento que superará el 140% en 2024, según las expectativas de Bruselas.
Además, España liderará el crecimiento económico, que todas las previsiones sitúan entre el 1% y el 2%, gracias al mayor peso de los servicios en la actividad, y concretamente del turismo, y por la resistencia del consumo de las familias por la fortaleza del mercado laboral tras la última reforma, las subidas de salarios y la caída más rápida de la inflación por medidas como el tope al gas.
Repasamos los retos en materia económica que tienen por delante los ministros y ministras que estrenarán cargo este martes.
María Jesús Montero se mantiene en el núcleo del Gobierno que sigue desde la moción de censura de 2018. La nueva legislatura para el Ministerio de Hacienda llega cargada de múltiples tareas. La que tiene el mayor peso político es la reforma de la financiación autonómica. Tras 10 años de retraso, los acuerdos de investidura presionan al Gobierno para crear un nuevo sistema de reparto de los ingresos públicos entre los territorios. Este punto genera fuertes divisiones incluso dentro de los partidos, donde los barones territoriales han creado alianzas más allá de las siglas.
A ello se suma el compromiso del sistema de quitas de la deuda autonómica. El PSOE acordó con ERC que el Estado asuma 15.000 millones de la deuda catalana acumulada en los años siguientes a la crisis de 2008. El Ministerio tendrá que trazar el sistema de cálculo para cuantificar las quitas para el resto de territorios que acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica. También, cómo ayudará a otros como Madrid que no acudieron a este sistema. Según ha defendido Sánchez, todas las comunidades se beneficiarán de las medidas.
Sin embargo, el reto más inminente de Hacienda es la elaboración de los Presupuestos Generales. Las actuales cuentas serán prorrogadas a final de año, a espera de que a comienzos de 2024 se creen unas para el próximo ejercicio. A ello se suman otros compromisos como mantener los impuestos a la banca y energéticas, así como otras medidas fiscales pactadas entre el PSOE y Sumar, o el borrador de reforma fiscal que quedó guardado en un cajón. Montero tiene pendiente un gran reto pendiente de Función Pública: reducir el enorme peso del empleo temporal, en el 30%, y que debe situarse en la meta del 8%, comprometida a Bruselas.
La Seguridad Social queda en manos de la navarra Elma Saiz, tras el pasado mandato con José Luis Escrivá al frente, que abordó reformas de calado: pensiones, cuotas de los autónomos y la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV). El programa de PSOE y Sumar plantea una senda continuista de despliegue de estas medidas, junto a la “mejora” del IMV, la reforma de la jubilación parcial y una mayor protección social para los autónomos. En pensiones, la ‘joya’ de la cartera, serán claves las previsiones económicas y demográficas que realice la Comisión Europea para España, después el análisis de la AIReF de cara a 2025, cuando se realizará una primera revisión del sistema por si fueran necesarios ajustes adicionales para la jubilación de los baby boomers.
Elma Saiz, que fue consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, asumirá el reto de canalizar el acuerdo con el PNV para transferir a Euskadi el régimen económico de la Seguridad Social, competencia nunca cedida antes, pero que prevé el Estatuto de Guernica de 1979. Se trata de una negociación delicada, prevista para los primeros dos años de legislatura, que debe preservar el llamado principio de “caja única” de la Seguridad Social en todo el Estado, garantizado por la Constitución. También tiene otro reto de competencias autonómicas: ejecutar el prometido traspaso del ingreso mínimo vital a Catalunya, comprometido con ERC y que no se ha llegado a realizar, trámite con el que Saiz tiene experiencia como consejera navarra.
Yolanda Díaz volverá a liderar la cartera de Trabajo tras un mandato cargado de acuerdos con empresarios y sindicatos, y con una gran bandera de éxito a sus espaldas: la reforma laboral. Pedro Sánchez anunció la nueva legislatura como la del nuevo Estatuto de los Trabajadores –que Díaz siempre denomina “del Trabajo”–, una labor que podría ser muy ambiciosa, pero que en el acuerdo entre PSOE y SUMAR no recoge tantas materias concretas. Destacan, sobre todo, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, así como una reforma del despido (en la que se anticipa mucha discusión entre los socios de coalición) y fijar por ley que el salario mínimo se situará siempre al menos en el 60% del salario medio, entre otras. Díaz también quiere desarrollar una mayor participación de los trabajadores en las empresas, recogido en la Constitución.
El contexto ahora está marcado por nuevas dificultades. En primer lugar, un menor tirón del empleo, clave para el reto de reducir el alto nivel de paro en España, el más elevado de la Unión Europea. Además, los empresarios están anticipando una postura muy poco proclive a los acuerdos, como por ejemplo con sus críticas a los pactos de Gobierno y a la reducción de la jornada laboral. En tercer lugar, el Ejecutivo depende de una aritmética parlamentaria mucho más compleja, con votos decisivos en fuerzas conservadoras, como Junts y PNV, que pueden complicar la aprobación de las medidas más progresistas.
“Consolidar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar” y “garantizar a los jóvenes el acceso” a este derecho. El presidente del Gobierno volvió a señalar este lunes en su comparecencia en Moncloa a la vivienda como una de las grandes prioridades que se tienen que afrontar en la nueva legislatura. Sin embargo, las competencias últimas están en manos de las comunidades autónomas, lo que puede derivar en nuevas tensiones y frenos a los cambios, sobre todo en las encabezadas por las derechas de PP y Vox.
Isabel Rodríguez se pondrá al frente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con una ley ya en marcha, pero con varios flecos sueltos y con una promesa. Esta última pasa por crear un parque público, con 183.000 inmuebles, que facilite el alquiler social y asequible a una gran parte de la población que no puede acceder a los precios y rentas que se exigen en las grandes ciudades. Un parque público que actualmente es el 2% y que Sumar se comprometió a acercar al 20% que ya tienen otros mercados europeos. En el pacto de Gobierno entre esta formación y el PSOE también va la definición “con carácter inmediato” del índice de precios que “permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres”. Un compromiso que ya va en la Ley de Vivienda pero que aún está por diseñar. También está pendiente la creación de un grupo de trabajo que analice y regule el problema del alquiler por temporada -de menos de 12 meses- al que ha ido a parar buena parte de la oferta de pisos de ciudades como Barcelona y Madrid.
Calviño mantiene bajo su paraguas la complicada relación del Gobierno con la banca. Ésta incluye dos tareas pendientes. Es el caso de la creación del nuevo defensor del cliente financiero, cuyo trámite parlamentario decayó con las elecciones. Por otro lado, PSOE y Sumar han pactado una reforma del código de buenas prácticas que amplía la protección a hipotecados a los hogares que tengan hasta una renta de 37.800 euros. Esta última medida tendrá que ser renegociada con el sector, ya que es un documento de libre adhesión para las entidades.
Entre los retos pendientes de Teresa Ribera figura la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo borrador de actualización se presentó en junio. El sector duda que pueda cumplirse y pide otra moratoria al sistema de plazos para instalar las plantas ante el enorme atasco existente. Ribera también deberá implementar la reforma eléctrica acordada a escala europea, a la espera de lo que suceda con las ayudas al recibo de la luz o al gas, aunque esto ya cae en la cartera de Hacienda. Entre los aspectos a desarrollar está el apagón nuclear a partir de 2027, el impulso de regulaciones para el bombeo, la eólica marina, el hidrógeno, el autoconsumo colectivo o la actualización de la Ley de Minas, que data de 1971. Y está por ver si se recupera el intento de crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), aparcado hace un año por falta de apoyos parlamentarios.
Las urgencias de la cartera de Industria pasan por agilizar la distribución de los fondos europeos y aprobar la Ley de Industria, que en la anterior legislatura se quedó en un anteproyecto. Está por ver si Jordi Hereu, un apóstol de la colaboración público-privada, es capaz de llevar a buen puerto un Pacto de Estado por la Industria que los sindicatos llevan años reclamando, en un momento de viraje hacia la autonomía estratégica tras el shock del coronavirus. También, la definición de los fondos europeos que deben materializar las nuevas convocatorias del Perte VEC -el vehículo eléctrico y conectado- del que están pendientes los grandes fabricantes automovilísticos. Mucho mejor está la segunda pata de este Ministerio, la de Turismo. La actividad turística va mejor que nunca, con cifras históricas de visitantes, gasto y empleo y la incógnita de si en 2024 los presupuestos familiares para viajar comenzarán a resentirse. Este Ministerio tenía otra pata, Comercio, que ha pasado a manos de Economía.
España tiene por primera vez una cartera ministerial de digitalización, que ha acabado recayendo en un perfil que ha sorprendido en el sector. José Luis Escrivá deja las competencias en Seguridad Social y asume las de Transformación Digital con el reto de seguir consolidando a España como polo de una nueva generación de redes de telecomunicaciones e infraestructuras digitales.
La península ha atraído en los últimos años enormes inversiones de las grandes tecnológicas así como de multinacionales no tan conocidas claves en la fontanería de Internet. Las dos secretarías de Estado que hasta ahora han gestionado este área bajo el mandato de Calviño han conseguido atraer nuevos cables submarinos y centros de datos de referencia continental, como el que Meta construirá en Talavera de la Reina, y gestionado miles de millones de euros en ayudas del fondo de recuperación destinados a las pymes. Además de mantener este camino, Escrivá deberá profundizar en la digitalización de la administración, una labor que ya ha lanzado en su anterior cartera con medidas como la inclusión de algoritmos para detectar infractores. “Seguiré trabajando con especial foco en los más vulnerables”, ha manifestado en su despedida de su actual cartera.
Óscar Puente dará un marcado perfil político al nuevo Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que se desliga de la gestión de la vivienda. Puente será el nombre que tenga que diseñar el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Catalunya acordado entre PSOE y Esquerra para despejar el camino al nuevo Gobierno progresista. Un traspaso del servicio ferroviario que nace con un enfrentamiento con los representantes de las plantillas de Adif y Renfe, que han convocado paros en protesta por la segregación de dos empresas públicas y el temor a que las plantillas vean recortados sus derechos. Además, Puente tendrá que concretar uno de los compromisos de Pedro Sánchez en el debate de investidura: la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y personas desempleadas, que tiene que coordinarse con las administraciones regionales. Y tiene una ley por delante: la de Movilidad sostenible, en la que no solo irá el nuevo mapa concesional de autobuses, también el rediseño del sistema ferroviario, para potenciar las mercancías, que se ha pactado con Bruselas. De momento, se ha eliminado la imposición de peajes en las autovías.
Luis Planas repite en Agricultura y se convierte en uno de los nombres que acompañan a Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa. De él se valora su experiencia y sus cordiales relaciones con el sector. En la última legislatura logró sacar adelante la Ley de la Cadena alimentaria, pero se le quedó en cartera la de Desperdicio Alimentario, que ya se estaba negociando en el Senado. Este texto, que ahora tendrá que volver a empezar la tramitación es esencial para evitar que 1.300 millones de kilos de comida, que aún puede consumirse, acaben cada año en la basura. Además, Planas tendrá que abordar la primera Ley de la Agricultura Familiar, que busca proteger y facilitar la continuidad de las explotaciones familiares con arraigo en el territorio y poner más difícil que los grandes fondos de inversión se lancen a la compra de explotaciones agrícolas y ganaderas. Tendrá que abordar el Ministerio, como el creciente impacto de la sequía, el nuevo modelo de regadíos y la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).
Información elaborada por Daniel Yebra, Laura Olías, Cristina G. Bolinches, Diego Larrouy, Antonio M. Vélez y Carlos del Castillo.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.