Estaba pactado con los empresarios y los sindicatos, pero requería de la convalidación del Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha dado luz verde este miércoles al real decreto ley que recoge el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales para que los ERTE por fuerza mayor se extiendan al menos hasta el 30 de junio. Ningún partido ha votado en contra del decreto, aunque ha contado con la abstención de los 52 diputados de Vox, entre las formaciones mayoritarias, así como los de la CUP y BNG. La norma será tramitada como proyecto de ley, de modo que los grupos parlamentarios puedan incluir enmiendas, como han apoyado todos los partidos políticos.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido ante la Cámara el decreto ley, por sus medidas pero en especial por ser fruto del acuerdo con las patronales y los sindicatos. Díaz ha ensalzado en su intervención a los interlocutores sociales: “En situaciones ordinarias tienen un papel indiscutible, pero permítanme decirles que en momentos tan relevantes como los actuales el diálogo social sirve para que las bases de la recuperación sea más firmes”.
La ministra ha pedido a los partidos políticos que “aprendan” e imiten a los empresarios y sindicatos para que sean capaces de consensuar medidas en la salida de la crisis por el coronavirus.
El decreto ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo, tras sellar el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios. El pacto desliga la vigencia de los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma y los prolonga como mínimo hasta el 30 de junio, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (con la recuperación de una parte de la actividad). Se mantienen con algunas modificaciones las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para las empresas, que como novedad deberán solicitar la medida esta semana, antes de que concluya mayo.
El Ejecutivo incluyó en el texto la posibilidad de ampliar más allá del 30 de junio esta prórroga de los ERTE y creó una comisión tripartita laboral, con los empresarios y los sindicatos, que analiza en qué sectores y actividades procede esta extensión y qué protección dará el Estado a las empresas y los trabajadores pasado el fin de junio. Este miércoles por la tarde se reúne la comisión, que contará con la presidencia de la patronal, pese a la suspensión del diálogo que anunció y que mantiene para algunos encuentros.
La mayoría de grupos parlamentarios han destacado el diálogo social como la mejor vía para sacar adelante las medidas económicas en la salida de la crisis por la COVID-19. En este sentido, desde formaciones como el PP, Ciudadanos y Vox han criticado el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012, que enfadó a los empresarios. La ministra de Trabajo respondió sobre el tema esta semana en el Senado, donde esquivó las diferencias internas del Ejecutivo y se comprometió el desmontaje de la legislación del PP tal y como ya figuraba en el programa de Gobierno de coalición.
Mantenimiento del empleo y paraísos fiscales
La tramitación como proyecto de ley del decreto permitirá a los grupos políticos presentar enmiendas y negociarlas. Los partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han respaldado esta petición que hacían las formaciones de la oposición, para así poder debatir algunas modificaciones al texto legal, en vigor desde su publiciación en el BOE.
Por parte de los partidos de derecha, como PP y Vox, han criticado especialmente la cláusula de mantenimiento del empleo de seis meses tras los ERTE por fuerza mayor, que ya fue flexibilizada por el Gobierno en este decreto en el acuerdo con los empresarios.
Desde Ciudadanos también se ha pedido aclaraciones sobre las sanciones a las que se enfrentan las empresas que no cumplan este requisito, ya que se oponen a que no mantener en plantilla a un trabajador pueda traer como consecuencia que las empresas paguen las exenciones de cuotas a la Seguridad Social de todos los empleados afectados por el expediente.
Entre los partidos de izquierda en la oposición, formaciones como la CUP, EH Bildu y ERC han reclamado que la prohibición de que las empresas con domicilios fiscales en paraísos fiscales se puedan acoger a ERTE sea más ambiciosa. Exigen que la exclusión de la medida alcance a las que tengan filiales (y no solo la sede) en paraísos.
Las tres formaciones han recordado a la ministra Díaz que la mayoría de compañías que acuden a estos paraísos para tributar menos que en España lo hacen mediante “ingeniería fiscal” y no estableciendo sus sedes en estos territorios.
Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a eldiario.es que el real decreto ley se refiere a “empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente”, por lo que aunque “no se habla directamente de filiales, el término entidades permitiría incluir distintos tipos de configuraciones empresariales, como conglomerados o similares”.
En cualquier caso, añadían en Trabajo, “cada supuesto será analizado individualmente, para que quien eluda las normas tributarias no pueda obtener ayudas públicas”.
Desde PNV también indicaron que el punto de los paraíses fiscales se debía clarificar en el texto, ya en su opinión porque no queda suficientemente claro. Además, el partido nacionalista vasco ha mostrado su inquietud por que las exenciones de las cuotas a la Seguridad Social en los ERTE fruto de este real decreto ley parta del presupuesto de la Seguridad Social, ya que advierten de que debía de haberse consultado al Pacto de Toledo y consideran que esquilma aún más las cuentas de este organismo.