El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se alineó este martes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y advirtió en un discurso que pronunció ante representantes de distintas empresas que “resulta crucial evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y costes que solo agravaría los efectos, ya de por sí nocivos, de la perturbación actual [sobre el crecimiento económico y las rentas reales de las familias]”, y afirmó que este reto “puede lograse a través de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores”.
Hernández de Cos explicó que “este pacto de rentas debe suponer un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma [...] de la economía nacional frente al resto del mundo que implican los aumentos de costes recientes”. Como ya avisó el propio Pedro Sánchez al inicio de la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia, y como han insistido la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y otros miembros del Gobierno como Yolanda Díaz o Nacho Álvarez, se trata de repartir los daños del avance de la inflación, principalmente por la escalada de la factura energética, también de materias primas clave para la industria y de los alimentos básicos.
En esa repartición, los sindicatos sospechan que la moderación de las subidas salariales es la palanca más fácil a la que recurrir en el denominado pacto de rentas, con una dolorosa pérdida de poder adquisitivo de las familias. Aunque los trabajadores han encontrado un aliado insospechado: el mismo gobernador del Banco de España pidió ante un auditorio repleto de empresarios “compromisos explícitos de moderación de los márgenes [los beneficios que obtienen las compañías de sus ingresos totales tras hacer frentes a costes como la energía o los salarios y a los impuestos]”.
La cuestión es: ¿qué compromisos puede arrancar un pacto de rentas a las empresas? “Cuando hablamos de moderar los márgenes empresariales dentro de un pacto de rentas generalmente no nos referimos a regularlo directamente, sino a pedirle a las empresas que no trasladen todo el incremento de costes de sus inputs al precio final, con lo que sus márgenes caen y modera el impacto en la inflación”, explica Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics.
“Esto significa que el coste recae de manera más repartida entre los trabajadores que están viendo caer sus salarios en términos reales y las empresas”, continúa el experto, quien advierte de que “el cómo ejecutar esto de manera concreta ya es una pregunta más difícil de concretar”.
Bajadas de impuestos
Los representantes de los empresarios de momento se están limitando a pedir rebajas de impuestos. “Hay un incremento desorbitado de las materias primas, en la energía, en el combustible, que la empresa no puede trasladar al precio de lo que fabrica o de lo que produce, eso hace que se esté estrangulando la capacidad de la empresa”, señaló este miércoles el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, quien considera oportuna una bajada de impuestos. “Ojalá se haga definitivamente y que revierta en el bien de la empresa que, en definitiva, es el bien de la sociedad”, defendió.
El Gobierno se muestra comprometido a “bajar la luz, la gasolina y el gas”, dentro del marco que se establezca en Consejo Europeo que se celebra el 24 y 25 de diciembre, y donde una cuestión central será desacoplar el mercado de fijación de precios de la electricidad del gas, disparado en las últimas semanas por la guerra en Ucrania. Calviño recuerda además que las “medidas decididas” del Ejecutivo para frenar el alza de precios energéticos, entre las que se incluyen rebajas de impuestos, tendrán “un impacto de entre 10.000 y 12.000 millones de euros”.
¿Más compromisos?
Actuar sobre los precios más tensionados sí, y bajar impuestos también. El enigma sigue siendo “los compromisos” de las empresas a las que aludió Hernández de Cos. “Posiblemente requeriría acuerdos sectoriales o algún tipo de pacto entre patronal y sindicatos, pero sería complicado acordar cantidades concretas por el hecho de que la subida de precios afecta a empresas y sectores de manera muy distinta según su composición de costes”, opina Ángel Talavera, de Oxford Economics.
El control de precios, que todavía no se ha detallado en ningún caso, debería suponer un límite a los beneficios de las empresas energéticas. Por otra parte, las bajadas de impuestos comprometen los ingresos del Estado, aunque supuestamente apoyarían el consumo y, por tanto, el crecimiento económico.
Precisamente, la presidenta de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), dependiente del Ministerio de Hacienda, Cristina Herrero, indicó esta semana que “la inflación en los productos y servicios en los que menos varía la demanda [con la luz, el combustible o el pan] subirá la recaudación del IVA en hasta 3.500 millones, dejando margen fiscal para responder al golpe económico de la guerra sin empeorar la ratio deuda/PIB”, que está cerca del 120%, lo que es una grave amenaza ante la subidas de los costes de financiación.
¿Hay ejemplos de otro tipo de compromisos? Uno reciente es la limitación temporal a repartir dividendos que se estableció en la pandemia de coronavirus para las empresas que se beneficiaron de los ERTE (expedientes de regulación de empleo) financiados por la Administración.
Impuesto de sociedades
Para Víctor Gómez Blanco, investigador en la UCM y UC3M, las medidas de un pacto de rentas “irán más encaminadas a controles de salarios, ya que los controles de márgenes empresariales son complicados”, y añade: “Podría plantearse aumentar el tipo marginal del impuesto sobre sociedades o limitar el reparto de dividendos, pero aun así eso no implica necesariamente un control efectivo”.
“Por otro lado, en momentos del pasado las políticas de rentas se han aplicado conjuntamente con políticas de control de precios (por ejemplo, en la hiperinflación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial en EEUU o en países latinoamericanos en los 70)”, continúa Gómez Blanco.
“Esta vía, desde mi punto de vista, podría tener más sentido, ya que considero que una política nacional de control de rentas que intente ligar temporalmente las subidas de salario a aumentos de productividad, junto con alguna medida que también busque limitar los márgenes empresariales y, especialmente, un control de precios sobre productos energéticos (por ejemplo modificando, al menos temporalmente, el método marginalista de fijación de precios de la electricidad) sería una estrategia altamente efectiva para frenar la inflación y, a la vez, no haría recaer toda la carga de contención de la inflación sobre los trabajadores”, concluye el economista.
Los márgenes se empezaron a reducir en 2021
El gobernador del Banco de España destacó en su discurso que “ya sea por presiones competitivas o ante la debilidad de la demanda, los márgenes empresariales se habrían reducido recientemente como consecuencia del actual episodio inflacionista”.
“Así, se desprende, por ejemplo, de las respuestas de las empresas de nuestro país en la edición más reciente de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Económica (EBAE), correspondiente al último trimestre de 2021. Según los resultados de la encuesta, tres cuartas partes de las empresas experimentaron en ese período un aumento en sus costes como consecuencia del encarecimiento de sus consumos intermedios, mientras que solamente el 30% de ellas aumentaron el precio de venta de sus productos”, explica Hernández de Cos.
Por otra parte, según resaltó, “también sería deseable que se eviten fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia, ya que un incremento o generalización de estas cláusulas elevaría significativamente el riesgo de que se materializara una eventual espiral de incrementos salarios-precios”.