Para muchos fue un movimiento “sin ningún sentido”, decían a elDiario.es. El PSOE cambiaba de criterio y proponía excluir a los trabajadores del futuro fondo de compensación para víctimas del amianto. Así lo plasmaba en sus enmiendas a la legislación en el Congreso, para desconcierto y cabreo de los sindicatos CCOO y UGT y de las asociaciones de víctimas, que habían hablado con el grupo socialista pocos días antes sin que esto pareciera estar sobre la mesa. “No entiendo nada”, decían a este medio también desde otros grupos parlamentarios en contacto con los socialistas. El giro inesperado ha venido promovido por el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, según varias fuentes consultadas.
La enmienda presentada por el PSOE sorprendió por varios motivos. Primero, porque supondría excluir al grupo prioritario del fondo de compensación, que las víctimas del amianto llevan años reclamando y que llegó al Congreso de los Diputados (de nuevo esta legislatura) gracias una proposición de ley elevada por unaniminadad desde el Parlamento vasco. Segundo, por la defensa que el propio PSOE había hecho de fondo en el Parlamento hace unos meses. “Se lo debemos a todas esas trabajadoras y trabajadores que se dejaron la vida o que viven con la espada de Damocles sobre ellos”, dijo la parlamentaria encargada de defender la tramitación de la medida. Y, tercero, porque varias fuentes señalan que el grupo parlamentario socialista en el Congreso estaba negociando y hablando sobre las enmiendas pocos días antes de presentarlas y este no era su contenido.
El PSOE ha propuesto así limitar las indemnizaciones a las personas que hayan quedado expuestas al amianto por causas ajenas a su trabajo y ello haya afectado gravemente a su salud, ya que se exige que les haya generado una discapacidad u ocasionado la muerte. Estas personas no deben percibir “pensión o prestación” del Estado y, además, se fija un periodo mínimo de residencia legal en España de diez años.
El PSOE trabajaba con otras enmiendas
Este criterio de víctimas no laborales con derecho a compensación ya fue planteado en la pasada legislatura por el PSOE, cuando la Seguridad Social estaba en manos de Octavio Granado. Pero en la tramitación parlamentaria de 2019 los socialistas “negociaron y admitieron las exposiciones laborales como beneficiarias del Fondo”, advierten en CCOO. “Eso formaba parte del consenso que se alcanzó en ese momento” y en el grupo socialista propusieron hace menos de un mes “recuperar para negociar a partir de ahí” en la actual tramitación de la ley, explican en el sindicato. “Nosotros, evidentemente, estuvimos de acuerdo, por eso decimos que nos sentimos engañados”, critican.
Las enmiendas propuestas a comienzos de este mes plantean excluir a las personas trabajadoras de las compensaciones con el argumento de que ya están “especialmente protegidas por nuestro sistema de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales”, como ya argumentó en la época de Granado. También se propone modificar la vía de financiación del futuro fondo, para que solo se pague mediante dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no a través de cotizaciones de la Seguridad Social, como figura en la proposición de ley que aborda ahora la Comisión de Trabajo del Parlamento.
“Ha sido Escrivá”, decían a este medio en los sindicatos, señalando al Ministerio de la Seguridad Social ya el primer día en que saltó la noticia. En CCOO y UGT, así como en Fedavica (Federación de asociaciones de víctimas por el amianto), pidieron explicaciones al PSOE al conocer el cambio. “Nuestras entidades se han reunido en diversas ocasiones con el grupo parlamentario, la última de ellas el 16 de febrero, y la información que nos facilitaron era completamente opuesta a las enmiendas registradas”, criticaron.
En estos colectivos pronto circuló la explicación: fue un giro de última hora debido a la posición del Ministerio de la Seguridad Social, que se inclinaba de nuevo por excluir a los trabajadores de las indemnizaciones. El grupo socialista en el Congreso registró las enmiendas con esta postura, una vez más, aunque no era la que había estado negociando ni trabajando hasta el último momento.
También señalan al Ministerio dirigido por José Luis Escrivá desde Euskadi, según ha podido saber este medio. Los socialistas vascos pidieron el viernes públicamente que no se “desvirtúe” el fondo para víctimas. Lo hicieron a través de una proposición no de ley “urgente” registrada junto a PNV, EH Bildu y Podemos-IU. “El Parlamento Vasco solicita al Congreso de los Diputados que respete el espíritu de la propuesta remitida y que la norma que finalmente resulte aprobada no desvirtúe el texto inicial, buscando el máximo consenso posible con el fin de lograr la pronta reparación de las víctimas y sus familias”, recoge el texto de la proposición.
Preguntado sobre el viraje del fondo de compensación para víctimas, en el departamento de Escrivá responden que “desde el Ministerio de Inclusión se propone ampliar la protección a las víctimas del amianto, que hasta ahora no tenían”. Recuerdan que, para los trabajadores víctimas de esta enfermedad, su “situación se considera ya una enfermedad profesional por la Seguridad Social”, a los que se añadirían “otras personas, como los familiares de estos trabajadores, que también resultaran enfermos por la exposición a dicho material, a través de otro tipo de prestaciones sociales”.
“Esta postura es la que se ha mantenido desde el Ministerio desde hace meses. De hecho, las enmiendas que se han presentado ahora son prácticamente iguales que las que se presentaron en la pasada legislatura”, recuerdan en el Ministerio.
Los sindicatos y las víctimas piden la retirada
CCOO, UGT y Fedavica se han movilizado en estos días para evitar que salga adelante la exclusión de los trabajadores del fondo de víctimas que propone el PSOE. Han estado en contacto con los grupos parlamentarios del Parlamento vasco para que se posicionaran en contra del movimiento de los socialistas a nivel estatal, como finalmente ocurrió. Euskadi ha quedado especialmente tocada por las enfermedades laborales provocadas por el amianto y los colectivos de afectados son muy activos.
Los tres colectivos han emplazado asimismo al grupo socialista a la retirada de las enmiendas. Esta semana se aborda la ponencia de la Ley en el Congreso, donde esperan que este posicionamiento caiga, para lo que están contactando también al resto de grupos parlamentarios. Este martes, 15 de febrero, CCOO, UGT y Fedavica se reúnen con el grupo del PP para abordar este tema por la tarde. El mayor temor de las víctimas es que los 'populares' apoyen sacar a los trabajadores del fondo, algo que la derecha ni siquiera planteó en sus enmiendas.
Sindicatos y víctimas han presentado además este martes en el registro del Congreso un documento sobre el fondo de compensación en el que exigen al PSOE la retirada de las enmiendas por suponer “un ataque frontal al propio fondo”. Todas las acciones buscan que la tramitación de la norma preserve “el espíritu” de la proposición de ley, que incluye a las personas trabajadoras “sin ninguna duda”.
“Estos fondos no son una alternativa a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la enfermedad profesional, sino a las indemnizaciones por daños y perjuicios tras procesos judiciales que se prolongan durante años y que en muchos casos finalizan cuando la persona afectada ya ha fallecido. Además, son la única vía para compensar en aquellos casos en los que la empresa ha desaparecido, situación bastante frecuente al estar asociada a patologías con largos periodos de latencia y que se manifiestan décadas después de las exposiciones”, recoge el escrito.
Este martes, los grupos de Unidas Podemos y EH Bildu en el Congreso han reclamado al PSOE que rectifique. “Estamos hablando de personas que han perdido la vida por una cuestión indecente. No me parece que haya otra senda que la rectificación de las enmiendas de la vergüenza”, ha dicho la diputada Aina Vidal, del grupo confederal de Unidas Podemos.
“No vamos a permitir que se excluya a los trabajadores del fondo ni que se elimine su alcance”, ha avisado por su parte la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua. En EH Bildu recuerdan a este medio que el grupo parlamentario negoció con el Gobierno de coalición la aportación de 25 millones de euros en los Presupuestos de este año, así como “el desbloqueo de la ley en dos meses”.