Aumentar la protección social tiene su efecto en los más vulnerables. Así lo pone de manifiesto el último informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), correspondiente a 2021. Gracias a la ruptura de la normalidad que provocó la pandemia, también en cuanto a un gran refuerzo de la inversión pública en el llamado “escudo social”, los investigadores han podido calcular el impacto de estas medidas extraordinarias (entre las que destacan los ERTE) en la población con menos recursos. Según sus estimaciones, estas políticas lograron evitar caer en la pobreza a alrededor de “1,5 millones de personas”.
Se trata de una de las conclusiones del estudio, que analiza en profundidad los últimos datos de pobreza en España que publicó el INE, referidos a 2021 aunque con datos de renta de un año antes (2020). Así, son el primer reflejo claro del impacto de la pandemia en la renta de los hogares y en la pobreza.
En total, la población que vivía bajo el umbral de la pobreza el año pasado en España se elevó hasta el 21,7%, el dato más alto en cinco años. Sin embargo, la cifra fue mucho menor a lo estimado por las organizaciones sociales al comienzo de la irrupción del coronavirus y también muy inferiores al estallido de pobreza en la pasada crisis financiera.
Los ERTE, como política más destacada
El equipo investigador de la EAPN, liderado por Juan Carlos Llano Ortiz, analiza los porqués y señala a la importancia del llamado “escudo social”, en el que engloban todas las medidas implementadas por las administraciones públicas en 2020 de apoyo a la población para hacer frente a los efectos de la pandemia.
En especial, la EAPN destaca los ERTE, como ya lo hizo otro estudio de Caixabank Research con información bancaria, como una política de transferencia pública de renta a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Ese año también se lanzaron otras ayudas para la población vulnerable y se puso en marcha desde verano el ingreso mínimo vital (IMV).
Juan Carlos Llano Ortiz ha explicado este viernes que la pandemia provoca varios saltos en la estadística de pobreza, que permite calcular el efecto de las nuevas medidas sociales implementadas. Con microdatos del INE, se observa cómo la población en riesgo se habría disparado si no se tienen en cuenta las transferencias sociales públicas. “Si el Estado no existiera”, ha subrayado Llano Ortiz, la pobreza alcanzaría al 47,9% de la población en España. Es decir, casi a la mitad de la población.
Gracias a que el Estado sí existe, las políticas públicas como las pensiones y otras transferencias sociales reducen esa cantidad cada año. Aquí es donde las anomalías estadísticas de la pandemia permiten sacar conclusiones. Llano Ortiz ha explicado cómo la reducción de la pobreza debido a las transferencias públicas suele ser más o menos estable en los últimos años, de alrededor de “los siete puntos porcentuales”. Los últimos resultados muestran un salto, con una reducción de unos diez puntos porcentuales.
Los investigadores adjudican esos “3,2 puntos” más de población que sale de la pobreza a las transferencias públicas desplegadas específicamente en 2020. En números absolutos, reflejan a 1,5 millones de personas. “En España, el efecto del escudo social resguardó a 1,5 millones de personas de caer en la pobreza”, concluyen.
Respuesta “opuesta” a la crisis financiera
El estudio destaca que “se da una situación radicalmente opuesta en ambas crisis”, en referencia a la pandemia y a la Gran Recesión por la crisis financiera. “Mientras en el periodo 2020-2021 la caída del PIB per cápita triplicó a la del periodo 2008-2015, en el caso del aumento de la tasa de pobreza fue la de la crisis inmobiliaria la que casi triplica a la del coronavirus. En otras palabras, en el último periodo analizado el incremento de la tasa de pobreza fue mucho menor con una caída notablemente mayor del PIB”, recoge el informe.
La Red de ONG pide no caer en “triunfalismos”. Aitana Alguacil, otra de las investigadoras que ha elaborado el informe, ha subrayado que “las medidas de protección social que se han desarrollado han tenido un impacto positivo, pero este no ha sido suficiente, podrían haber tenido un mayor impacto”.
Políticas como los ERTE no llegan a toda la población y, en concreto, las ONG destacan que “las medidas del escudo todavía llegan de forma desigual a quienes se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma”. Como muestra de ello, destacan que “aparecen en torno a 300.000 nuevas personas en pobreza severa, con ingresos inferiores a 530 euros al mes por unidad de consumo”. Aitana Alguacil ha abogado por políticas públicas que aumenten “la cobertura”, es decir, la población protegida por las partidas públicas, así como “la intensidad”, los fondos que se destinan a estas.
Entre los deberes pendientes más destacados por la red de ONG sobresalen las políticas para facilitar el acceso a la vivienda, cuyos precios se comen una gran cantidad de ingresos de los hogares, y la mejora del bono social eléctrico de manera estable, no solo por la crisis inflacionista. Los últimos datos (del años pasado, sin la escalada de costes de este 2022) reflejan un máximo histórico en pobreza energética. “Si queremos resultados diferentes, tendremos que aplicar medidas y políticas diferentes”, ha destacado Carlos Susías, presidente de la EAPN-ES.