La recaudación de impuestos en 2018 ascendió a 208.685 millones de euros, un 7,6% más que el año anterior. Todos los tributos han elevado sus ingresos, sobre todo el IVA (10,3%, hasta 70.177 millones de euros). La recaudación por IRPF ha sido de 82.859 millones de euros, un 7,6% más que un año antes, mientras que la de Sociedades ha sido de 24.838 millones de euros, 7,3% más.
Esta recaudación anual marca un récord y supera en casi un 4% a la históricamente más elevada, que es la que se produjo en 2007 en pleno pico de la burbuja inmobiliaria, de 200.676 millones de euros.
En 2018 el tamaño del PIB español creció un 2,6%, una décima más de lo avanzado inicialmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), debido a que el sector exterior restó menos de lo que se había calculado previamente.
Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que prevé que el déficit termine este año en el 2% del PIB, por encima de la meta oficial (1,3% del PIB). Sin embargo, en un escenario de prórroga presupuestaria se había previsto que el déficit cerrase el ejercicio entre el 2,2 y el 2,4%, que según dice ahora el Gobierno se verá mejorado.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha subrayado que el Gobierno trabaja desde que se rechazó el proyecto presupuestario de 2019 para que el déficit no llegue a ese nivel.
La ministra también ha destacado que cada partida de gasto que aprueba el Gobierno “tiene su contrapartida” en ingresos, lo que permite que el déficit “continúe bajando a pesar de la dificultad” de no tener presupuestos.
En el año 2018, tal y como había avanzado ya Montero, el déficit público ha sido del 2,6% del PIB, una décima por debajo de lo previsto. Esto implica que España sale del procedimiento de déficit excesivo de la UE y tendrá que empezar a reducir déficit estructural, lo que implicará más ajustes.
Gasto en inversiones financieramente sostenibles
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado este viernes que los ayuntamientos y comunidades que tienen superávit puedan destinar ese dinero a inversiones financieramente sostenibles, según ha informado la ministra de Hacienda, informa Efe.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha explicado que este trámite era necesario ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos generales del Estado para este año, que hubieran permitido actualizar la cantidad, en vez de prorrogar la de 2018, como se ha hecho.
La ley de estabilidad contempla que los saldos positivos se tienen que destinar a amortizar deuda, aunque recoge una excepción para que los municipios y autonomías que tengan superávit puedan destinarlos a inversiones financieramente sostenibles, por ejemplo servicios públicos básicos en materia seguridad, protección civil, sanidad, educación o equipamientos culturales.
Montero ha sido preguntada, en este contexto, por una petición concreta de la Xunta de Galicia para destinar 125 millones a gasto social, de la que aún no ha tenido respuesta.
Según la ministra, el saneamiento de las cuentas públicas en Galicia probablemente permitirá una inyección de inversiones, aunque tienen que estar dedicadas -ha precisado- a gasto de inversión.
En marzo del año pasado, antes de que en mayo se aprobaran los presupuestos de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy también aprobó un real decreto para permitir este tipo de reinversiones, unos 5.000 millones.