Casi dos puntos y medio del tamaño de la economía española. Entre 10.000 y 20.000 millones de euros en ajustes en un solo ejercicio. Esta es la dieta que Bruselas impondría a España de mantener los objetivos de déficit actuales. Un ajuste de este calado sería superior al cualquiera que hayan hecho las cuentas públicas desde que arrancaron las políticas de austeridad en 2010. En mayo de aquel año, José Luis Rodríguez Zapatero anunció un programa de ajustes de 15.000 millones de euros a cumplir en año y medio.
En 2012, Rajoy quiso superar a su predecesor y anunció un paquete de recortes de 65.000 millones de euros en tres años que se ha quedado corto y que tras muchos dolores se ha traducido en una rebaja del déficit de apenas dos puntos en tres ejercicios (desde el 7% en 2012 hasta el 5,2% de 2015). Así, la reducción media del déficit en estos seis años de régimen de austeridad ha sido de poco más (y menos) de un punto anual. Duplicar ese objetivo es, según los economistas, imposible. Ni en el peor momento de la crisis se ha conseguido.
Los datos son los siguientes: España acabó 2015 con un déficit del 5,2% y Bruselas dice que sigue empeñada en que cierre 2016 con un agujero en las cuentas de 2,8%. A lo bruto, esa diferencia de 2,4 puntos se traduce en 24.000 millones de euros.
A esta cifra habría que descontar al menos 4.000 millones de euros en gastos no recurrentes, esto es que no se van a repetir en 2016, lo que dejaría los ajustes en 20.000 millones de euros. La evolución de la economía reduciría de por sí el tamaño del roto de las cuentas públicas hasta alrededor del 4%, según los expertos consultados por este diario. Pero aún sería necesarios al menos un esfuerzo adicional de más de 12.000 millones de euros para alcanzar el objetivo pactado en su día con Bruselas. Cabe recordar que sin la rebaja de impuestos anunciada por Montoro a mitad de año, el déficit se habría quedado en alrededor del 4,4%.
No es posible austeridad y crecimiento
Pero recortar los gastos o aumentar los ingresos (por la vía de subir los impuestos) tiene un efecto en la economía que frenaría el crecimiento. Es el pez que se muerde la cola. Así que de acometer un programa de ajustes, la economía no crecería el 2,7% previsto por el consenso de los economistas, y haría necesario recortes adicionales. Un círculo pernicioso que no deja otra salida que la negociación con Bruselas.
Fuentes próximas a la Comisión aseguran que cuando Bruselas creía que España iba a tener un déficit del 4,8%, ya especulaban con la posibilidad de fijar una nueva meta de déficit alrededor del 3,8%. Pero la desviación anunciada por el ministro de Hacienda ha descolocado a los hombres de negro. Las posibilidades de abrir un proceso de medidas penalizadoras contra España es muy elevado y a no ser que se dé una clara señal de buena voluntad por parte del Ejecutivo entrante, en Bruselas harán sudar la camiseta a los nuevos administradores de las cuentas públicas.
Aunque la crítica hacia el Gobierno español por no haber cumplido sus promesas es clara, la Comisión también debería hacer autocrítica sobre el nulo resultado de sus políticas de austeridad. España, otrora alumno aventajado cuyas reformas habían dado el fruto esperado según los criterios de la Comisión, en realidad no estaba haciendo lo que se suponía. “¿Cuánto del crecimiento del año pasado se debe precisamente a que España no cumplió con la senda de ajuste?”, se pregunta Daniel Fuentes Castro, economista de AFI.
El director del Servicio de Estudios de Funcas (la Fundación de las antiguas Cajas de Ahorros), Ángel Laborda, tiene calculada la respuesta. Según Laborda, alrededor de cinco décimas del crecimiento del PIB del año pasado se produjeron gracias a no haber cumplido con el déficit pactado. Es decir, si España se hubiera abrochado más el cinturón, la economía habría crecido alrededor de un 2,7%.
Así que España y la UE tienen que elegir: señalar a España como el país -entre los grandes- que más crece, o dejar a España como el país que más déficit tiene (a poca distancia de Grecia). El crecimiento y la austeridad se han demostrado imposibles en un país que ha sido puesto como ejemplo muchas veces por parte de los hombres de negro. En contraposición, desde Bruselas apuntaban a Grecia, un país díscolo con pensiones disparadas y agujeros fiscales.
Repensar la financiación de la Seguridad Social y las CCAA
Fuentes Castro cree que la revisión de sus políticas por parte de la UE es inaplazable. Y también insta a abrir el melón de la situación de las cuentas de la Seguridad Social, cuyo maltrecho estado no se acaba de abordar por las autoridades nacionales ni comunitarias y que pone muy en duda el estado saneado de las finanzas públicas.
Para el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, el objetivo del 2,8% es inalcanzable y recuerda que de acometer algún plan de ajuste, este se debería hacer por la vía de los ingresos y no de los gastos para que no fuera tan contractivo. Zubiri solo ve factible que con la situación actual Bruselas acuerde un objetivo de déficit con el Gobierno entrante del 3,8%, aplazando al menos un año más la idea de reducir el agujero de las cuentas públicas por debajo del 3%.
Zubiri cree que también es momento de afrontar la discusión sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas, que son las que realizan el gasto pero no recaudan los ingresos, que como se ha demostrado es muy difícilmente compatible con los actuales objetivos de déficit. También ve la necesidad de discutir sobre la ineficiencia de las Administraciones Públicas a la hora de gastar. Con todo, Zubiri lo tiene claro: “Si se quiere bajar el objetivo de déficit habrá que aceptar sacrificios, idealmente, por el lado de los ingresos”.
Para Alain Cuenca, profesor de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza, el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% en 2017, es “ambicioso pero factible si el crecimiento económico y los vientos de cola persisten”. Al igual que Zubiri, insta en que el camino sea el de un control del gasto (para la mayoría de los economistas pasa por mantener su mejora por debajo del crecimiento del PIB) y “mejorar la asignación de los recursos”.