Madrid, 5 ago (EFECOM).- El calendario electoral y la demora en la constitución del Gobierno mantienen la regulación del banco de pruebas de desarrollos financieros tecnológicos, el “sandbox”, congelada, con lo que España, que había tomado la delantera en este ámbito, queda ya por detrás de seis países europeos.
El “sandbox” es un banco de pruebas que permite a las empresas que trabajan en nuevos desarrollos y en modelos de negocio financieros innovadores lanzar y testar sus productos en un entorno controlado antes de su comercialización, con el respaldo de los reguladores y sin que los potenciales riesgos afecten al consumidor final.
El Consejo de Ministros validó el 22 de febrero pasado en primera vuelta el anteproyecto de Ley que recoge la creación de este banco de pruebas, que luego debía haber sido aprobado en segunda vuelta y enviado al Congreso para su tramitación, pero quedó paralizado por la disolución de las Cortes el 5 de marzo.
El sector de las compañías tecnológicas financieras o “fintech” cree que España estaba llamada a convertirse en abanderada en la definición de este instrumento, que en aquel momento en Europa sólo estaba regulado en el Reino Unido, país pionero en 2015.
En este tiempo se ha desarrollado en otros cinco países europeos y 27 países en todo el mundo ya lo tienen configurado, con especial actividad en Asia, donde son referencia los de Singapur, Hong Kong y Malasia.
De haberse aprobado entonces, España hubiera sido el primer país de habla hispana en ponerlo en marcha, con lo que se hubiera situado estratégicamente como puente entre Europa y América Latina.
Para integrarse en el “sandbox”, los proyectos deberán estar suficientemente avanzados y tendrán que demostrar que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la clientela, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.
Puede servir igualmente de banco de pruebas para los legisladores y reguladores puesto que permite hacer un seguimiento de la actividad para desarrollar la regulación futura y para mantener a los consumidores a salvo de los riesgos que pudieran entrañar este tipo de productos.
La licencia “sandbox” debería establecer criterios como la duración de las pruebas, el número máximo de clientes o la tipología de clientes a los que se pueden dirigir los servicios y productos.
Según el texto del anteproyecto, las pruebas se harán bajo tres condiciones: vigilancia de las autoridades competentes; delimitación de la duración y características de las pruebas; y máxima garantía para los participantes cuando se requiera de clientes reales.
Las “fintech” defienden el elevado potencial impulsor del banco de pruebas en las empresas más innovadoras, puesto que permitiría aumentar las cifras de empleo e inversión en un 25 %, en un sector que factura en torno a 1.000 millones de euros y da empleo ya a más de 9.000 personas, según datos de la AEFI, la asociación que las agrupa.
Pese a su paralización, los expertos creen que el proyecto español es de los más ambiciosos y completos del mundo, según un estudio de Funcas y la empresa Finnovating, cuyo consejero delegado, Rodrigo García de la Cruz, cree que el factor diferencial del modelo español es la posibilidad de dar entrada a compañías reguladas y no reguladas, por su doble actividad de exención y no sujeción.
La modalidad de exención es para actividades novedosas, pero que ya se sitúan bajo el paraguas del regulador con la normativa actual, y la de no sujeción se aplicaría a actividades no expresamente reguladas por su carácter innovador, campo propicio para las “fintech” y para actividades como la intermediación de criptodivisas, por ejemplo.
Entre las ventajas de implantarlo destaca la reducción de costes y del tiempo de lanzamiento al mercado de productos y servicios financieros innovadores, un mejor acceso a la financiación, la incentivación del emprendimiento y la atracción de inversión extranjera.