España y Portugal pelearán en Bruselas para limitar el recorte del consumo de gas

No ha habido lugar a dudas. El Gobierno se opone frontalmente a la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para la reducción del consumo de gas al considerar que supone una desventaja para España con respecto a otros países europeos. Fuentes gubernamentales apuntan a que Alemania “está empujando muy fuerte” para imponer un marco de bajada obligatoria en toda la UE por la delicada situación en la que se encuentra por su dependencia absoluta de Rusia ante la posibilidad de que Vladímir Putin cierre el grifo del gasoducto que le nutre. “España no apoya esta propuesta”, rechazó con nitidez la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: “No permitiremos propuestas que nos hagan sufrir por encima de lo que se exige a otros socios comunitarios”. Un mensaje que va en paralelo al que también ha lanzado Portugal.

El Ejecutivo español ya le había trasladado al gobierno comunitario su oposición a los objetivos de reducción obligatorios al entender que la situación de España es incomparable con la de otros países. La propuesta de Bruselas, para la que fuentes gubernamentales aseguran que la Comisión Europea no tiene mayoría para sacarla adelante en el Consejo de Ministros de Energía del próximo martes, plantea un escenario de reducción voluntaria del 15% del consumo de gas que se convertiría en obligatoria si Rusia cierra el grifo. 

Es ahí donde España está en contra y dará la batalla en el seno de la UE. De hecho, Ribera defendió que se tiene que convocar al Consejo Europeo para que sean los líderes los que le den una nueva orientación política a la Comisión Europea. “Nos resistiremos a obligaciones que están por encima de esfuerzos que se le piden a otros socios”, sentenció la vicepresidenta después de que la institución comunitaria desoyera las advertencias del Gobierno. Pedro Sánchez le trasladó las reticencias a la presidenta, Ursula Von der Leyen, en una llamada telefónica este fin de semana. “Ahora a pelear con el Consejo”, reconocen en el Gobierno. No será la primera negociación dura en Bruselas: hay precedentes como los fondos UE Next Generation o la del sistema energético en el que España y Portugal lograron la excepción ibérica para poner un precio tope al gas frente a las resistencias de varios países. Ahora se abre una nueva batalla con el gas, de nuevo, en el foco.

Lo que argumenta el Gobierno es que, por un lado, a España no le afectaría el corte de Rusia dado que solo representa el 10% del suministro total. Pero, sobre todo, sostiene que España ya está haciendo un “ejercicio de solidaridad” con los países del entorno, especialmente con Portugal y Francia, que recibe gas a través de dos gasoductos que están “trabajando a pleno rendimiento” y se beneficia del mecanismo ibérico en la compra de electricidad. “Al objetivo voluntario del 15% vamos a acercarnos lo más posible y seguiremos contribuyendo solidariamente con los países vecinos”, señalan fuentes gubernamentales. 

Más allá de la reducción del consumo –que el Gobierno sostiene que nunca supondrá racionamiento para los hogares–, las fuentes gubernamentales apuntan a criterios comerciales detrás de la presión de Alemania a la Comisión Europea. “Si nos obligan a un objetivo vinculante, habrá que decretar cortes de suministro a determinadas industrias. No podemos aceptar que nos obligue a recortar la producción para que la alemana siga funcionando”, explican.

De hecho, el plan que ha aprobado el Ejecutivo comunitario ya hace un guiño a España y a Portugal, para tratar de ganarse su respaldo. Como ambos países tienen una capacidad de interconexión limitada, que en palabras del Gobierno nos convierte “casi en una isla energética”, esa reducida interconexión puede permitir que el recorte en el consumo de gas, si fuera obligatorio, se quedase en el 10%. Una opción que, aunque suponga una rebaja respecto al 15% general, tampoco es la opción preferida. Lo que busca el Gobierno, según recalcó este miércoles Ribera, es que si Europa quiere un plan conjunto para redefinir el consumo de gas, todos los países miembros se sienten y, España que en esta materia tiene la regasificación en su mano, tenga voz y voto. “Cuando se pide apoyo y ayuda hay que trabajar con aquellos a los que se pide apoyo y ayuda”, ha apuntado. “No vamos a ser como otros en otros contextos”. Es decir, España será solidaria con los mismo países que nos exigieron recortar el estado de bienestar en la última crisis financiera.

Frente con Portugal contra Alemania

España no está sola en esta respuesta a Bruselas, sino que puede hablarse de un frente ibérico. Este lunes, el primer ministro portugués, António Costa, también ahondó en que los ciudadanos de su país han hecho un elevado esfuerzo económico para contar con un sistema eléctrico basado en las renovables y con nula dependencia de Rusia.

“Vamos a ser solidarios, pero la solidaridad significa también que no vamos a hacer pagar a los portugueses para compensar el atraso en el que otros se colocaron cuando podían haber hecho una inversión en renovables de 17.000 millones que nosotros sí que hicimos”, indicó Costa durante la inauguración de una central renovable de Iberdrola.

Un discurso, similar al lanzado este miércoles por Ribera, que aboga por la solidaridad, precisamente, de los dos países que durante la pasada primavera han estado semanas negociando con Bruselas la puesta en marcha de un tope al gas, la denominada excepción ibérica, para contener el precio de la luz en plena escalada inflacionista, por el elevado peso del gas en su mix energético.

España y Portugal tiran también de su alta inversión en renovables. “Alemania ha apostado todo a una estrategia que era el gas ruso. Nosotros apostamos por las renovables con el coste que ello supuso”, reivindican desde el departamento de Ribera, donde apuntan, además, a la red de regasificadoras, que permiten abastecer ahora a la UE de gas natural licuado (GNL) y estar acelerando durante el verano las reservas respecto a años anteriores.

En esta línea, la ministra Ribera enfatizó que “nuestra capacidad de almacenamiento está en más del 80% y el resto de Europa está en el 50%” y que atesoramos “un tercio de la capacidad de regasificación”, que ha sido financiada por los consumidores y por la industria. Para diciembre, esas reservas tienen que estar al 90% y deben ser suficientes para garantizar el suministro para 27 días invernales.

Unas exigencias de capacidad de suministro –no solo de gas, también de electricidad– que pueden cambiar, dado que el Ejecutivo está manteniendo en las últimas semanas reuniones con todos los actores que tienen algo que decir sobre las necesidades de abastecimiento energético. Tanto la semana pasada como esta, la ministra de Transición Ecológica se ha reunido con empresas energéticas, consumidores, portavoces de los diferentes partidos políticos con presencia parlamentaria o agentes sociales, entre otros, de cara a elaborar un plan de contingencia con el que hacer frente a un invierno sin gas ruso en Europa.  

No habrá cortes para los hogares

El principal mensaje que ha trasladado Ribera a sus interlocutores parlamentarios es de “tranquilidad”, según varias fuentes consultadas, respecto al invierno que le espera a España. La vicepresidenta garantiza, en público y en privado, que no habrá cortes de suministros para los hogares. “La UE no se plantea el racionamiento a las familias. Ni va a haber falta de carburante en las gasolineras”, afirman desde Transición Ecológica, cuyo plan pasa por fomentar el ahorro de energía –en línea con el mensaje de Sánchez en el debate sobre el estado de la nación–, aprovechar las estructuras actuales y fomentar que sirvan para nutrir a otros países vecinos, y acelerar el proceso de las renovables.

En este 'no' a las exigencias de la Comisión también están presentes las grandes industria españolas, que asumen que, si hay recortes, ellas estarán en primera línea, para evitar cortes a consumidores domésticos y servicios esenciales. Este martes, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española –que agrupa a ANFAC y SERNAUTO (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID (siderurgia)– lanzó un mensaje conjunto muy en línea con el del Ejecutivo. “Forzar paradas industriales en países en los que no es necesario, agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea”, aseguran las patronales. “Una propuesta como la contemplada requiere escrutinio completo de las instituciones Comunitarias, no pudiendo escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo europeos”.

Este jueves, la ministra ha ido un paso más allá a la hora de explicar cuál es la postura española. En una entrevista en la 'Cadena Ser' ha argumentado que los recortes para los consumidores particulares no están sobre la mesa y tampoco los quiere para las empresas. “Yo espero que las industrias españolas no tengan que afrontar recortes, por la capacidad de ahorro, de electrificación y lo que han ido pagando en los últimos años”, en referencia a la capacidad de almacenaje y regasificación desarrollada. Aquí, ha indicado “hay sectores industriales que, a ojos de la Comisión Europea, no son relevantes y nosotros no les vamos a dejar solos”.

En el caso de los hogares, Ribera ha descartado el desarrollo de una ley que diga a las familias a qué temperatura tienen que poner la calefacción, dentro de ese plan de contingencia que se está elaborando. “Vamos a pedir ahorro, un comportamiento responsable, vamos a hacer recomendaciones”, ha explicado. Además, se va a optar por la flexibilización en el uso del gas, facilitar una mejor gestión; y agilizar la tramitación de los fondos europeos en lo relativo a la electrificación y las renovables.